El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad junto con la Asesoría Tutelar presentaron una medida cautelar ante el Juzgado N°4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, a cargo de Elena Liberatori, para impedir los desalojos compulsivos en las inmediaciones del Elefante Blanco.
La medida fue solicitada por el defensor Ramiro Dos Santos Freire y la asesora Tutelar Norma Sas, y tiene carácter de “urgente”, a fin de resguardar el derecho a la vivienda digna de las personas que habitan en el entorno del Complejo Elefante Blanco (manzana 27 bis), ubicado en Villa 15. Además, 50 familias del barrio firmaron un petitorio (que fue presentado en el juzgado) para que se suspendan los desalojos.
Según indicaron en la presentación judicial “las versiones sobre la posible instalación del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA al Complejo Elefante Blanco, generan incertidumbre entre los vecinos, en la medida en que no se prevé una solución habitacional para quienes deban ser trasladados”.
Incluso, expusieron que “en la Defensoría General se han recibido pedidos de manera informal (llamados telefónicos, consultas en el territorio) que dan cuenta de la preocupación de los vecinos que reciben constantemente visitas de funcionarios” del Gobierno porteño “que manifiestan que deben retirarse del predio y que resultaría inminente un desalojo”.
Y señalaron que el Ministerio Público Fiscal de la Nación, a través de su Programa ATAJO, “ha receptado denuncias de vecinos que dan cuenta de esta situación”.
Por otra parte, el defensor y la asesora Tutelar recordaron que la Observación General N°7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, establece pautas de actuación que deben llevar adelante los Estados en materia de desalojos forzosos, a efectos de proteger los derechos de las personas afectadas.
“Resulta indubitable entonces que, a raíz de las acciones desarrolladas por el GCBA, se ha generado una situación de angustia e incertidumbre entre los vecinos del Complejo, que tiene el temor a perder sus precarias viviendas, quedando en una situación de vulneración aún peor a la que se encuentran actualmente”, señalaron ambos profesionales.
“Cabe recordar, tal como se encuentra largamente acreditado en autos, se trata de familias en gravísima situación de vulnerabilidad social y de carencia de recursos, que les impide sostener derechos básicos (salud, alimentación, vivienda digna) y que necesitan imperiosamente de la asistencia estatal y el reconocimiento de sus derechos”, explicaron en la presentación.
Por ese motivo, destacaron que “resulta imperiosa la intervención del Poder Judicial a fines de garantizar plenamente los derechos de las personas involucradas, y que merecen una protección especial tratándose de grupos en situación de grave vulnerabilidad”.
“En forma previa a cualquier medida de relocalización, es necesario el diálogo respetuoso con los habitantes del lugar para que se garanticen efectivamente los derechos humanos involucrados”, concluyeron Dos Santos Freire y Sas.