La Justicia suspendió la prórroga hasta 2030 de la concesión de la autopista Panamericana en manos de la empresa Autopistas del Sol (AUSOL), tras la acción de lesividad interpuesta por el Estado nacional.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal n°6, Enrique Lavié Pico, dictó sentencia en un fallo de 18 páginas y además designó un interventor que deberá supervisar los movimientos de la empresa.
Lavié Pico había quedado a cargo decidir la acción de lesividad que interpuso el Estado nacional, que había planteado como objetivo de máxima que se le quitara la concesión a la autopista de los exsocios del expresidente Mauricio Macri.
Finalmente, la decisión del magistrado fue suspender la ejecución del acuerdo que firmó en su momento el exministro de Transporte del macrismo, Guillermo Dietrich, y ordenarle a la compañía que no siga retirando dividendos.
Las autopistas funcionarán desde ahora bajo la tutela judicial del veedor José Luis Perdone. En el lapso de tres días deberá ser aceptado por el directorio de Autopistas del Sol para supervisar todos los movimientos de la empresa.
La Justicia aceptó la demanda para que se declare nula la renegociación de 2018 con la concesionaria AUSOL. Ya la presentamos también contra GCO.
El presidente @alferdez me instruyó que, a través de Vialidad Nacional, defendamos el patrimonio de las argentinas y argentinos.
— Gabriel Katopodis (@gkatopodis) October 31, 2022
Pedido de nulidad
A través de un decreto publicado a mediados de septiembre en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández había ordenado iniciar una acción judicial para lograr la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste a las empresas Ausol y GCO, respectivamente, renegociados bajo la administración de Mauricio Macri en 2018.
La presentación, realizada por Obras Públicas a través de Vialidad Nacional, recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal porteño 6 a cargo de Enrique Lavié Pico.
De acuerdo con los contratos firmados en la época de Macri, y según lo solicitado por las empresas, en algunas estaciones de peaje se debería estar pagando $1.830 si no hubiera actuado el Gobierno meses atrás para establecer los valores.
Esto se debe a que en 2018, Ausol y GCO “firmaron con el Gobierno anterior acuerdos que comprometían al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) de U$S 813.143.839,52, (U$S 540.522.269,52 para el caso de Ausol y U$S 272.621.570 para el caso de GCO)”, precisó la cartera a cargo de Katopodis en un comunicado.
En este sentido, explicó que “se establecía una cancelación en cuotas anuales, que irían desde 2018 a 2030, más un interés en dólares de 8% anual” que “era capitalizable, y si el Estado se retrasaba en el pago el concepto adeudado pasaba a formar parte del capital, incrementando la deuda”.
“Con estos acuerdos, la deuda reconocida y sus intereses ascendía a U$D 1.161.292.387”, remarcó Obras Públicas.