La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sesionó este jueves y autorizó al Poder Ejecutivo a tomar créditos para “el desarrollo de una agenda digital estratégica en salud y la adquisición e instalación de equipamiento de diagnóstico por imágenes para la red de servicios públicos de salud de la Ciudad”. La ley, que se sancionó con 54 votos afirmativos y sólo 3 negativos, establece que el financiamiento sea de hasta 85 millones de dólares (o su equivalente en otras monedas) con el Banco Interamericano de Desarrollo.
Desde 2016, la Ciudad realiza un proceso de reordenamiento de sus servicios públicos en materia sanitaria, bajo el modelo de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS). El enfoque de dicho proceso es que los efectores de salud constituyan una red integrada y coordinada de cuidados progresivos, por complejidad biomédica, y de regionalización preferente. Es decir, que cada centro de salud y acción comunitaria tenga responsabilidad explícita por la salud de la población que viva en un territorio específico de la Ciudad.
Este es un modelo propuesto por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para incrementar el acceso oportuno, integral y continuo de los cuidados sanitarios. El plan de “Agenda Digital del Sistema de Salud de la Ciudad” busca desarrollar una estrategia con el objetivo general de mejorar el acceso oportuno, integral y continuo a los servicios públicos de salud.
El proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo a obtener financiamiento por hasta USD 85 millones con el objetivo de ser destinado a desarrollar una agenda digital estratégica en salud y a la adquisición e instalación de equipamiento de diagnóstico por imágenes para la red de servicios de salud pública de la Ciudad.
El artículo 4° especifica que las condiciones del endeudamiento serán determinadas en los respectivos contratos o convenios, con un período mínimo de amortización de un año y en los artículos siguientes, se faculta al Poder Ejecutivo a dictar normas reglamentarias, realizar coberturas de riesgos cambiarios o de tasa de interés, y suscribir los contratos necesarios para instrumentar las operaciones de crédito público. También se le autoriza a incorporar los créditos presupuestarios emergentes de la aplicación de esta ley en el presupuesto correspondiente.
Sin embargo, la legisladora de Confianza Pública, Graciela Ocaña, cuestionó la decisión del Pro de bloquear una propuesta para que el Gobierno de Jorge Macri rinda cuentas respecto de cómo utilizará los fondos aprobados por el Parlamento para financiar la adquisición de equipamientos para el sector de la salud por USD 85 millones.
“No se entiende porque el Pro, que defendió recientemente el acceso a la información pública, pone restricciones en donde les toca gobernar”, dijo en declaraciones vertidas a la prensa acreditada en la Legislatura.
La legisladora salió al cruce del rechazo de la bancada del Pro a una propuesta destinada a controlar los recursos que fueron aprobados en la sesión ordinaria para inversión en políticas sanitarias.
En rigor, los legisladores sancionaron una autorización al Poder Ejecutivo a tomar créditos para “el desarrollo de una agenda digital estratégica en salud y la adquisición e instalación de equipamiento de diagnóstico por imágenes para la red de servicios públicos de salud de la Ciudad”.
Ocaña planteó, antes de la aprobación, incorporar un artículo destinado a fijar la obligatoriedad al Ministerio de Salud de enviar a la Legislatura un informe trimestral con los datos respecto de la ejecución del préstamo.
“Es una cifra importante para invertir y lo que remarqué fue la necesidad de contar con esos informes para saber en qué se utilizan los recursos”, explicó y remarcó que “obviamente la Legislatura tiene la responsabilidad de saber en qué se gastan y si van a generar una mejor calidad de salud o para otro lado”.
Según detalló, desde la administración de Macri habían indicado que del total del financiamiento otorgado por USD 85 millones, un 60% iba a destinarse a la compra de equipos para dotar a centros asistenciales en el servicio de diagnóstico por imágenes.
“Nos sorprendimos mucho cuando hicimos una valuación del equipamiento porque la cifra que calculamos ronda los USD 21 millones”, dijo y agregó que “por eso planteamos la posibilidad de sumar este artículo” que, finalmente, no llegó a incorporarse al texto aprobado.
Ley sobre el trato a personas con discapacidades
“Se establece la obligatoriedad de la capacitación en la temática de discapacidad para todas las personas que se desempeñan en la función pública, bajo cualquier modalidad de contratación, en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El texto precedente es el del primer artículo de una ley sancionada hoy por la Legislatura porteña con 52 votos afirmativos, 1 negativo y 3 abstenciones, con despachos de las comisiones de Discapacidad y de Legislación del Trabajo, en base a proyectos presentados por Ana María Bou Pérez, María Luisa González Estevarena y Juan Manuel Valdés.
Esta normativa “debe interpretarse y aplicarse de conformidad con lo estatuido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad” y su protocolo facultativo (aprobado por Ley Nacional 26378) y que será brindada bajo la modalidad virtual y de autogestión.
La autoridad de aplicación será la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), que también deberá definir los contenidos básicos del programa de capacitación.
Espacios públicos y concesiones
Tres leyes aprobadas este jueves por la Legislatura disponen sobre distintos usos de espacios públicos de la Ciudad en los barrios de Núñez, Saavedra y San Cristóbal.
Al Club Platense se le concede por diez años el permiso de uso gratuito de los terrenos que ya viene utilizando en el barrio de Saavedra, entre las calles Cramer y Manuela Pedraza. La disposición sancionada especifica que no podrá utilizarse ese predio para estadio de fútbol profesional. Allí se practican actividades deportivas amateurs y sin fines de lucro. Fue aprobado en “primera lectura” por 52 votos afirmativos, deberá luego ser considerado en Audiencia Pública y posteriormente ser sometido el proyecto a una votación definitiva para su vigencia como ley.
Otra concesión de uso precario y gratuito votada por los diputados de la Ciudad es a favor de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad de Buenos Aires, en un predio bajo la autopista en calle Dean Funes al 1300 del barrio San Cristóbal. Allí se desarrollan actividades recreativas, deportivas y sociales. Se aprobó con 53 votos positivos.
Para el barrio de Núñez e impulsado por la Comuna 13, se aprobó el proyecto de un espacio público y verde de proximidad en terrenos situados entre la colectora de la Av. General Paz y la calle Grecia. Se trata de dos lotes que pretenden ser convertidos en un nuevo espacio público de esparcimiento. Se aprobó por unanimidad.
Ratifican DNU sobre permisos de obras
Los legisladores ratificaron el decreto de necesidad y urgencia Nº 2/2024 del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, “referido a la suspensión del inicio de los trámites para certificados urbanísticos, en los términos del artículo 2.1 del Código Urbanístico, por el plazo de 180 días corridos, o hasta la sanción de un proyecto de Ley de Modificación del Código Urbanístico”.
Sancionaron ley sobre derechos de personas mayores
Otra de las iniciativas sancionadas es la “Ley Integral de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, destinada a todos los mayores de 60 años de edad que residan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre quienes el Estado tiene la obligación de protegerlos y asistirlos con políticas públicas.
La iniciativa original fue de las legisladores Sol Méndez y Natalia Fidel y su texto fue consensuado en las comisiones parlamentarias de Personas Mayores, que conduce Graciela Ocaña, y de Presupuesto, presidida por Paola Michielotto.
“La presente ley es de interés social y de observancia general teniendo por objeto regular los derechos de las personas mayores garantizando a las mismas la igualdad de oportunidades y trato, el pleno goce de sus derechos, su protección integral física, económica y sociocultural, promoviendo la potencialidad de sus habilidades y experiencias”, sostiene el primer artículo de la norma, que obtuvo la unanimidad de 50 votos positivos y la abstención de 7 legisladores.
También reafirma en su artículo segundo que “la política pública de la CABA atenderá las necesidades específicas que eleven la calidad de vida de las personas mayores garantizando igualdad de oportunidades y trato, el pleno goce de sus derechos, su protección integral física, económica y sociocultural, promoviendo la potencialidad de sus habilidades y experiencias y generando alternativas a la institucionalización”.
La norma se refiere a los derechos jurídicos, de alimentación, salud, acceso a trabajos o estudios, a programas sociales, soluciones habitacionales, participación social y ciudadana. También hay un capítulo sobre los deberes de la Ciudad respecto de sus adultos mayores, a quienes se les debe “atención preferencial”, simplificación de trámites, atención personal o telefónica cuando no sea adecuado o posible lo virtual.
