El viernes, en una reunión conjunta de las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Legislación del Trabajo de la Legislatura porteña, se trató el proyecto de ley que propone la creación de un Código Procesal para la Justicia del Trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta iniciativa, impulsada por el jefe de Gobierno, busca establecer un sistema procesal propio para los conflictos laborales en el ámbito de la ciudad, alineado con los principios de accesibilidad, celeridad y gratuidad para el trabajador/a.
La reunión estuvo presidida por Inés Parry (titular de Justicia), Hernán Reyes (titular de Asuntos Constitucionales) y Matías Barroetaveña (titular de Legislación del Trabajo), y participaron legisladores que integran dichas comisiones. En esta oportunidad se escucharon las opiniones de destacados especialistas en derecho laboral quienes aportaron sus conocimientos y perspectivas sobre el proyecto. Entre los expositores estuvieron:
• Diego García Vilas, exlegislador y actual director del Observatorio de Políticas en la Jurisdicción del Trabajo del Consejo de la Magistratura de la CABA.
• Miguel Omar Pérez, exjuez de Cámara y de primera instancia, docente universitario.
• Adriana Rita Fernández, exsecretaria, docente y magíster en la materia.
• Javier Marcelo Katz, abogado especializado en derecho laboral individual y colectivo.
• María Suyai Lutz, representante de la CTA Trabajadores.
• Romina Stampone, integrante de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas.
• Verónica Cuarterola, representante de la Corriente de Abogados Laboralistas “7 de Julio”.
• Pablo Kleiman, en representación de la CTA Autónoma.
• Mariana Lía Paulino Castro, subdirectora del Instituto del Derecho Internacional del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
El proyecto del nuevo Código Procesal Laboral busca lograr un avance en cuanto a la autonomía de la Ciudad en materia de administración de justicia. Respecto a la justicia laboral, introduce varios puntos claves: la oralidad, la celeridad y la gratuidad para el trabajador. Además, impulsa el uso de la digitalización y de audiencias virtuales, con el fin de agilizar los procesos y facilitar el acceso a la justicia laboral.
