La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avanza en el tratamiento de proyectos de ley destinados a fortalecer el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM), con el propósito de asegurar que quienes adeudan cuotas alimentarias cumplan con sus obligaciones paternas. Este proyecto responde a la preocupante realidad en la que se estima que solo 1 de cada 4 padres cumple con el pago de las cuotas alimentarias establecidas.
Actualmente, el Registro (RPAM) de deudores cuenta con apenas 2.841 inscriptos en la Ciudad y alrededor de 10.000 en todo el país. Por ello, esta iniciativa busca: validar la utilidad del RPAM, implementar nuevas medidas para incentivar el cumplimiento de estas obligaciones y profundizar las alianzas con el sector privado.
Impulsado por la legisladora Inés Parry, presidenta de la Comisión de Justicia, a 25 años de la creación del registro en la ciudad, se busca introducir modificaciones significativas a la Ley 269, que regula el RPAM. La iniciativa también integra propuestas de las legisladoras María Bielli, Sol Méndez, Jessica Barreto y el legislador Facundo Del Gaiso, con el fin de consolidar un marco legal más robusto.
Este lunes, se llevará a cabo una mesa de trabajo con especialistas que acudirán a la Comisión de Justicia para debatir el tema con los legisladores. Se espera que el dictamen final esté listo para llevarlo a votación en el recinto el 22 de agosto.
Entre las principales modificaciones propuestas, el proyecto establece la inscripción obligatoria de deudores alimentarios que adeuden dos cuotas consecutivas o alternadas en un año calendario.
Además, se introduce la obligatoriedad para instituciones financieras y públicas de consultar el Registro antes de otorgar créditos, renovar cuentas, o habilitar servicios a quienes se encuentren inscritos en el RPAM.
Incluye la realización de campañas de difusión y concientización sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos, así como la importancia del cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de los adultos.
“Es fundamental que quienes no cumplan con sus responsabilidades enfrenten consecuencias reales y tangibles”, afirmó la legisladora Inés Parry.
Asimismo, la nueva normativa propone restricciones más estrictas para los deudores alimentarios, incluyendo la imposibilidad de acceder a licencias de conducir, ser designados en cargos públicos o judiciales, y la exclusión de programas de vivienda social en caso de estar inscritos en la RPAM. También se analiza la posibilidad de imponer restricciones para acceder a espectáculos deportivos y culturales.
Finalmente, se contempla la colaboración con entidades públicas y privadas, tanto a nivel nacional como provincial, para ampliar los efectos del Registro y garantizar que los deudores alimentarios enfrenten las consecuencias de su incumplimiento.