Pasadas las 12.30, de este jueves, el presidente de la Legislatura porteña, Diego Santilli, dio inicio a la sesión que tiene como tema principal el tratamiento de la puesta en funcionamiento de la Tribuna Popular.
Se trata de un derecho ya fijado en el reglamento interno de la Legislatura pero que aún no ha sido puesto en vigencia. Una vez que se aprueben los requisitos (proyecto que se votará mañana), entonces comenzará a regir.
La Tribuna Popular permite que la Legislatura sea convocada a sesión especial para el tratamiento de un tema específico y que en el debate puedan exponer los vecinos o las organizaciones no gubernamentales.
El juez Francisco Javier Ferrer, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Nº23, en la causa caratulada como “García Mauro Hernán contra la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sobre amparo”, dispuso intimar a la Legislatura de la Ciudad.
En la resolución, se le dio un plazo de tres días para adoptar las medidas necesarias para garantizar la práctica inmediata en la Tribuna Popular, regulada en los artículos 76 y 77 de su Reglamento Interno. Si en dicho plazo no se acredita el cumplimiento, se procederá a aplicarle sanciones conminatorias.
En consecuencia, luego de tres días automáticamente, la Legislatura tendrá que abonar una multa diaria y progresiva por un monto de $1000 la primer semana; $3000 a partir de la segunda semana; $5000 a partir de la tercer semana y así sucesivamente.
Desde la organismo denunciaron: “Para no cumplir con la orden judicial, el Pro buscará las mayorías en la Legislatura para eliminar uno de los mecanismos más novedosos de participación ciudadana en un ámbito parlamentario y que operativiza el mandato de transformar el Gobierno de la Ciudad en una Democracia Participativa”. (Ampliaremos)
