Contratos por tres años, comisión inmobiliaria a cargo del propietario, actualización semestral según evolución de la inflación y los salarios. El proyecto de nueva ley de Alquileres, que introduce estos cambios a la legislación que ya lleva más de 30 años, tuvo este martes dictamen favorable en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, y quedó así en condiciones de ser llegar al recinto.
El proyecto con impacto directo en 6,6 millones de argentinos que habitan en viviendas alquiladas, en los propietarios que rentan (son 1,7 millón de viviendas) y en el sector de las inmobiliarias, sería tratado en noviembre en el pleno para que pueda tener sanción definitiva en el Senado antes de fin de año, indicó el presidente de la Comisión de Legislación General, el macrista Daniel Lipovetzky.
El viernes, Mauricio Macri le dio impulso a esta iniciativa, como un guiño a las clases medias que alquilan, castigadas por la crisis y la devaluación de los salarios.
Lipovetzky impulsó el tema en Diputados, con cambios al proyecto que tuvo media sanción en 2016 en el Senado, de la rionegrina Silvina García Larraburu, de la bancada que lidera Cristina Kirchner. El dictamen de mayoría fue firmado por Cambiemos y con disidencias parciales, por el peronismo federal y el Frente para la Victoria.El massismo presentó un dictamen de minoría con un capítulo que crea un fondo compensador -idea del diputado Marco Lavagna, que también lo ha impulsado en los créditos UVA- como “protección frente a los descalces entre inflación y salarios”, señaló su compañera de bancada, Carla Pitiot.
En la reunión hubo coincidencia entre diputados de distintas bancadas en la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda -como un derecho- y de resguardar desde el Estado al sector de los inquilinos, el más “desprotegido”.
Fueron invitados asociaciones de inquilinos, y también representantes del sector inmobiliario, que exhibieron las posturas más polares.Gervasio Muñoz, de la Federación de Inquilinos, cargó contra “el negocio de los propietarios” y reclamó por una “regulación” del acceso a la vivienda. Varios corredores inmobiliarios -cuestionados por sus comisiones- defendieron su función mediadora, y el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), Armando Pepe, cuestionó la elevación del plazo de los contratos a tres años, y mostró su preocupación por las garantías.
Lipovetzky defendió este punto polémico como “un cambio revolucionario”. La reforma contempla garantías no sólo con títulos de propiedad. Podrán ser certificados de ingreso, aval bancario, recibos de sueldo o garantías de fianza.
El proyecto propone además:
# Período. De los 2 años actuales, se lleva el mínimo del plazo de alquiler a los 3 años.
# Actualización. La ley actual prohíbe la indexación, pero igual se aplica de hecho en los contratos. El proyecto establece una actualización cada 6 meses a partir de un mix entre inflación y variación salarial (el peronismo federal impulsa que sea estipulado por el INDEC).
# Extras. Las comisiones inmobiliarias por el alquiler y las expensas extraordinarias estarán a cargo exclusivamente del propietario.
# Rescisión. El inquilino podrá rescindir el contrato 60 días antes del vencimiento sin tener que pagar multa.
# Ganancias. Los contratos se registrarán para que el inquilino pueda descargarlo en Ganancias y, además, evitar la “evasión” impositiva.
