Convencido -o más bien resignado- a que su suerte política irá atada a la del sector más duro y confrontativo del oficialismo, el presidente Alberto Fernández decidió digerir la derrota contra el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta por las clases presenciales con un nuevo proyecto de ley que muy probablemente terminará con el mismo árbitro: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La iniciativa, detallada en 34 artículos y unas 15 páginas, donde se establecen “Parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia COVID-19” tiene destino judicial. Lo avisaron los abogados que trabajan para la oposición, pero también los advirtieron algunas fuentes del Frente de Todos, que calificaron a la iniciativa como “un desastre”. Ambas consideraciones aparecieron cuando siquiera había comenzado el debate en comisión del proyecto, este miércoles.
Todo viene a alta velocidad. El documento, con fecha del sábado 8 de mayo, necesita ser aprobado antes del viernes 21, cuando vence el DNU de Fernández con las últimas restricciones. El debate comenzó en el Senado, donde esperan votarlo la semana próxima y concluir con un trámite exprés en Diputados.
La premura cuenta con al menos dos trabas objetivas: las fallas en la confección del articulado del proyecto que –como se explicó- no sólo advirtieron los legisladores opositores y la necesidad de aliados para conseguir la aprobación en la cámara baja.
Los constitucionalistas marcaron errores groseros, como hablar de “aglomerados” –presumiblemente para poder actuar sobre el AMBA- cuando en el país no existe esa división territorial; o avisar que la ley caerá con un decreto presidencial; o no fijar fecha clara de finalización a las medidas.
Todo viene a alta velocidad. El documento, con fecha del sábado 8 de mayo, necesita ser aprobado antes del viernes 21, cuando vence el DNU de Fernández con las últimas restricciones. El debate comenzó en el Senado, donde esperan votarlo la semana próxima y concluir con un trámite exprés en Diputados.
También genera ruido que el Presidente pueda establecer el cierre de escuelas de un distrito como la Ciudad, cuando la Corte acaba de señalar que se trata de una gestión autónoma y, cuanto menos, le pide que la Nación acuerde las medidas con las autoridades locales.
Es difícil imaginar hoy una victoria con rédito para el Presidente, aun cuando consiga los votos en ambas cámaras. Si el tema se judicializa y la Ciudad, por caso, decide desobedecer alguna decisión, habrá más costos políticos para el Gobierno.
A su modo, empujado por distintas circunstancias, Alberto Fernández recorre el camino inverso al que mejor lo posicionó ante la opinión pública hace apenas un año, cuando se mostraba como un líder de consenso, con su principal opositor sentado a su lado.
