El lanzamiento de la nueva licitación para el servicio de acarreo en la Ciudad de Buenos Aires sigue pendiente. ¿Qué opina de la decisión del Gobierno de “estatizar” el servicio de forma temporaria?
La decisión de asumir desde el Estado la gestión del servicio, a mí me parece adecuada. No oportuna, en el sentido de que esta decisión debió tomarse hace muchos años, pero siempre más vale tarde que nunca. En ese sentido, nosotros -el bloque del Frente de Todos y el de la Auditoría integrada por Mariana Inés Gagliardi y por mí- estamos solicitando que se haga una profunda auditoría de corte de esa concesión para saber en qué estado le devuelven la gestión del servicio las empresas privadas al Gobierno. Esto nos va a servir para saber realmente cuáles son los costos internos y poder evaluar, antes del fin de la nueva licitación, si corresponde volver a licitar el servicio o si no es tiempo de que ese servicio lo asuma el Estado. Sinceramente, la finalidad del servicio es mejorar el tránsito de las vecinas y los vecinos de nuestra Ciudad. No es recaudar dinero. En ese sentido, no tiene mucho sentido que sea una empresa privada la encargada de brindarlo.
La controversia detrás del acarreo sigue dando de qué hablar y el foco parece estar en Horacio Rodríguez Larreta. ¿En qué nivel estuvieron implicados Aníbal Ibarra y Jorge Telerman?
La verdad es que esta licitación, que viene desde el siglo pasado, involucra a todos los gobiernos que ha atravesado. Las grandes diferencias son, primero, el tiempo transcurrido. Evidentemente, en el caso de Telerman e Ibarra, el vencimiento ocurrió durante su gestión en medio de una de las crisis económicas más grandes de la Argentina. Y quizás, la prórroga en aquel momento era una solución razonable para un problema que era bastante menor, dentro de las circunstancias. Otra diferencia es la relación entre el servicio, los vecinos y el Estado. Cuando Mauricio Macri asumió, los porteños debían pagar por tasa de acarreo menos de $300. Hoy, pagan $6500. Pero más aún, cuando fue la última actualización del canon por el año 2014, si nosotros lo tomábamos al tipo de cambio oficial, las empresas le reintegraban al Estado aproximadamente unos USD7000 por mes. Mientras que ahora, le reintegran aproximadamente USD300. Además, en el 2013, el Gobierno se hizo cargo de un 20% de los salarios. Si uno ve las transferencias de dinero del Gobierno a las empresas durante el período del 2013 al 2016, hay un saldo a favor de las empresas de más de $335 millones. Esto significa que el Estado les pagó 120 veces más de lo que las empresas le reintegraron. Y esta diferencia ha surgido, especialmente, durante las gestiones de Macri y Larreta.
¿Por qué cree que recién este año se lanzó la nueva licitación?
El problema del acarreo viene siendo discutido en la Legislatura porteña hace muchos años. Han habido diferentes leyes que fueron aprobadas y otras, vetadas. Claramente, siempre desde el Ejecutivo venía la intención de encontrar mecanismos para que, manteniendo las mismas empresas, se ampliara el negocio. De hecho, la licitación que ahora está en marcha lleva, por ejemplo, las plazas de estacionamiento de $4.000 a $80.000. Las multiplica por 20. Amplía una concepción de negocios. En este momento, después de muchos años de intentar auditar sin éxito -recordemos que la mayoría de la Auditoría es oficialista-, recién ahora, pudimos elaborar un informe del período 2013 y 2016. Y los datos son tan elocuentes que el sistema político de la Ciudad no pudo seguir mirando para el costado.
Pasando a otro tema, usted elaboró un informe sobre la atención que el Gobierno de la Ciudad brinda a las víctimas de trata. ¿Cuáles son las principales conclusiones?
La verdad es que ese informe es profundamente alarmante. La trata es uno de los delitos más atroces. Hay normativa internacional, nacional y también de la Ciudad. Dicha ley indica que el Estado debe acompañar a las víctimas de manera integral porque han sido personas que han sido arrasadas en su humanidad. Cuando vamos a auditar, lo primero con lo que nos encontramos es que en el año 2020, la Legislatura de la Ciudad le había asignado a ese programa un presupuesto de más de $7 millones. Y Horacio Rodríguez Larreta decidió, en base a las facultades para la asignación de partidas que les habían dado por la emergencia sanitaria, retirarles más del 94% y utilizar solo $330 mil. Y no contento con eso, sostuvo eso mismo en los años venideros. Esto tiene un impacto directo en estas personas. El programa no cuenta con un equipo de profesionales, no tiene una trabajadora social, no tiene un psicólogo, no tiene una abogada que reciban a las víctimas y que después, las acompañen. La Ciudad no tiene para ofrecerles un lugar para alojarse. Recordemos que las víctimas son desalojadas de sus hogares. Tampoco tienen un programa de reinserción laboral, ni educativa. Esto no está presente porque básicamente no hay presupuesto para sostenerlo. Un informe reciente del Ministerio Público Fiscal de la Nación dice que en los últimos diez años, se han rescatado más de 1500 personas. El 74% eran sometidos a explotación sexual y el 76% eran mujeres. Estas mujeres son libradas a su suerte ya que no hay presupuesto para un programa que existe por ley. Es muy grave.
Por último, mientras toma lugar el juicio a Cristina Fernández por obra pública, los seguidores, incluso funcionarios, han pronunciado repetidas veces la frase “Si la tocan, va a haber quilombo”. ¿Cuál es la amenaza?
Yo no creo que sea una amenaza. Además de auditor de la Ciudad, soy abogado. Lo que hemos asistido es nuevamente muy grave en términos del Estado de Derecho y republicanos. Durante nueve días, hemos sido testigos de un alegato fiscal en donde nunca se hizo referencia a ninguna prueba concreta. Además, el tribunal le negó el derecho que establece, de acuerdo al Artículo 380 del Código Procesal, que la persona acusada puede hablar en cualquier momento en su defensa. Estamos ante un proceso que, sin ninguna prueba, pretende calificar a un gobierno constitucional que ganó tres elecciones consecutivas como una asociación ilícita. Esto es sumamente grave. Los militantes peronistas entendemos que en esta injusticia se enmarca una persecución directa a nuestra máxima líder y además, abarca a centenares de dirigentes y militantes de nuestro país. Un claro ejemplo es la prisión escandalosamente ilegítima de Milagro Sala, de quien hasta la ONU ha declarado que debe estar en libertad. Frente a esta situación, nosotros como militantes políticos sostenemos que vamos a estar en la calle defendiendo a la República y la Democracia. No hay una amenaza. Hay un posicionamiento político claro y expreso en defensa de la Constitución.
