“La vuelta de Argentina al mundo” les costará al presidente Mauricio Macri y a Laura Alonso, directora de la Oficina Anticorrupción, un exhaustivo examen sobre sus políticas de anticorrupción si quieren lograr su ambicioso objetivo: el acceso de Argentina a la OCDE.
Se trata de una agrupación de 34 países cuya misión es promover prácticas en políticas públicas para mejorar el bienestar económico y social en los distintos países del mundo.
Desde el martes y durante toda la semana, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) llegará al país para evaluar el nivel de cumplimiento de la Convención Antisoborno que la Argentina ratificó en el 2001, y que tiene como eje la lucha contra el cohecho y la corrupción en las transacciones internacionales.
Esta misión de la OCDE es la séptima luego que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, reafirmó hace ocho meses su voluntad de que Argentina de refuerce su compromiso con la OCDE, a través de una carta firmada en forma conjunta con la canciller Susana Malcorra dirigida al secretario General de la Organización, Ángel Gurría.
Por esto, el viernes se llevó a cabo una nueva misión técnica de la OCDE en Argentina, abordando los temas “Anticorrupción, Transparencia y Lavado de Dinero”, del que participó Noticias Urbanas.
Este Taller Técnico fue organizado por el Club Americano de Buenos Aires junto a la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), y la Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP). Además, contó con el auspicio del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación, la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Embajada Británica y la Cámara de Comercio Argentino-Británica.
El precio de ingresar
Para ser parte de la organización, OCDE presentó a los ministerios de la actual gestión un listado de requisitos para el ingreso de la Argentina a este grupo de países desarrollados. La tarea no es sencilla, ya que Macri deberá reivindicar la imagen de compromiso del país en esta materia. A partir del incumplimiento de estos requisitos por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, este organismo emitió un duro documento que la acusaba de no tener compromiso con la lucha contra la corrupción. De hecho, otros intentos como los de Cárlos Ménem en los 90’ también fueron frustrados, por lo que la Argentina deberá esmerarse.
Hasta ahora, un aproximado de 21 proyectos fue delineado por el Ejecutivo en obediente línea con las exigencias que este ente propicia.
Una de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la OCDE fue la de la redacción del proyecto Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, elaborado por la Oficina Anticorrupción, con lo que se podrá sancionar también a las empresas y personas jurídicas que cometan delitos de corrupción, ya no sólo a individuos.
Al respecto, Alonso explicó: “Cuando hablamos de personas jurídicas hablamos también de asociaciones civiles, fundaciones mutuales, y ni la asociación del fútbol argentino ni los clubes de fútbol van a estar exentos de esta legislación. Quiero anticiparles que probablemente se venga un trabajo más que interesante en esta materia”.
Este plan de acción tiene muchas aristas, como la redefinición del Indec, la coordinación de nuevos acuerdos de cooperación en materia fiscal con otros países, incentivar inversiones, entre algunas otras que Alonso se encargó de enumerar durante la jornada.
“Recuperar la transparencia”
La directora de la Oficina Anticorrupción se mostró no sólo optimista al respecto del rumbo que la Argentina está incursionando en materia de anticorrupción, sino que también destacó la hiperactividad del presidente en este objetivo de reforma política y lo diferenció con gestiones anteriores: “Argentina recuperó la credibilidad de su sistema estadístico. Desde el Gobierno se están llevando adelante varias acciones. Este año se ha aprobado la Ley de Acceso a la Información Pública que estaba pendiente desde 1995. Además, se firmó el decreto de Datos Abiertos que obliga a todos los funcionarios públicos a declarar sus activos. Y desde hace dos años, éstos están obligados a publicar sus activos declarados en formato abierto”. En la misma línea, agregó: “Esto no sólo aumentó la mirada del público sobre el posible enriquecimiento ilícito de funcionarios sino también está mejorando la débil capacidad de la Oficina Anticorrupción tenía para realizar su trabajo”.
Asimismo, marcó “otros avances” en el cumplimiento de los estándares de transparencia en la administración, tales como el decreto de Gestión Documental Electrónica y el de Compras y Contrataciones y el trabajo del Ministerio de Modernización en la implementación de “sistemas de compras electrónicas para bienes y servicios de la administración y también un sistema de contratación electrónica de obras públicas que se empezarán a usar en tres ministerios claves”.
Finalmente, añadió: “El Congreso nos sorprendió esta semana con la aprobación de la Ley del Arrepentido para casos de corrupción, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y narcotráfico. A veces uno quiere hacer mucho de golpe, cuando en realidad hace muchos años que no hacíamos nada“.
El aporte del Poder Judicial, el elemento indispensable
La titular de la OA también realizó un “llamamiento al Poder Judicial”, aquel estamento constitucionalmente autárquico e independiente en el que el Ejecutivo no podría incidir para cumplimentar los requisitos de la OCDE. Sin embargo, el nivel de corrupción de esta esfera es un tema en la agenda de Alonso, quien recibió la recomendación del mismo William Loo, jefe de la División Anti-Bribery de OCDE, sobre “incentivar a los jueces a que denuncien en el gobierno causas relacionadas a esta materia”.
En la misma línea, Javier López Biscayart, juez nacional en lo Penal Económico, tomó la palabra para exponer sobre su experiencia en el Poder Judicial y su experiencia frente al lavado de activos: “Yo mismo admito que existe la corrupción en la Justicia. Hoy nos enfrentamos a una corrupción a gran escala que paraliza los instrumentos que un país tiene para erradicarla. A veces, lo que sucede es que no está disponible la información y las pruebas sólo aparecen cuando hay un cambio en el eje de poder. Este camino que inició Argentina en el 2001 al ingresar a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico es fundamental para lograr una mayor transparencia”.
Por esto, Alonso adelantó que el próximo año se realizará un Plan Anual basado en un mapa de corrupción.
Así, lo hecho, hecho está y es, precisamente, lo que la OCDE viene a supervisar. Si bien sus miembros presentes en la jornada mostraron gran interés en la inclusión de la Argentina en este grupo de países, cabe aún la posibilidad de “continuar pagando por la pesada herencia” o bien acceder. Entonces, algunos hilos de nuestro sistema tendrán (aún más) incidencia británica directa.
