“Noticias preocupantes: el Ministerio de Seguridad ha anunciado que iniciará un proceso disciplinario contra un juez en respuesta a fallos que no se alinean con sus preferencias”, señaló Satterthwaite en su cuenta de X (@SRjudgeslawyers). La relatora especial de la ONU recordó que, “según el derecho internacional –en particular, los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Independencia de la Judicatura (1985), a los que Argentina adhiere– los jueces solo pueden ser suspendidos o destituidos por incapacidad comprobada o por conductas que los hagan impropios para el ejercicio de sus funciones”.
“El desacuerdo con una decisión judicial –agregó Satterthwaite– debe canalizarse mediante los mecanismos legales establecidos, como los recursos de apelación, y no mediante acciones punitivas o de carácter retaliatorio”. E indicó que “el respeto por la independencia judicial es fundamental para el Estado de Derecho y la gobernanza democrática”.
Esta advertencia que llega desde la ONU se suma a las manifestaciones de distintos sectores y entidades locales e internacionales que en los últimos días salieron a cuestionar el accionar de la ministra Bullrich, alertando sobre un avasallamiento a la división de poderes y la independencia judicial, y a darle su respaldo al juez Gallardo, titular del Juzgado de 1º Instancia Nº 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de CABA.
En un comunicado, el Consejo Directivo Nacional de la CGT rechazó la conducta de la funcionaria del gobierno de Javier Milei, sostuvo que “el juez dictó una medida cautelar en el marco jurídico que la normativa le confiere” y consideró “inadmisible la injerencia de un ministerio del Poder Ejecutivo de la Nación sobre las facultades propias emanadas de todas las normativas vigentes en las cuales se basó el juez para el dictado de la medida cautelar”.
A la vez, integrantes de la Junta Directiva del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), organización presidida por Gallardo, manifestaron ante el Consejo de la Magistratura de CABA su “preocupación” por la denuncia de Bullrich. “Busca debilitar la legitimidad de las decisiones judiciales cuando afrontan a los intereses de los gobernantes, y, en este sentido, desvirtúa la división entre los poderes del Estado”, advierte la nota que lleva las firmas de la jueza brasileña y vicepresidenta de COPAJU, Ana Inés Algorta Latorre; del asesor tutelar argentino y secretario general del Comité, Gustavo Daniel Moreno; del vocal Daniel Urrutia Labreaux, juez de Chile; y de la vocal María Julia Figueredo Vivas, jueza de Colombia.
Para las autoridades de COPAJU, “no quedan dudas de que el acto por el cual se pretende imputar al Dr. Gallardo es de carácter jurisdiccional y de que la denunciante es autoridad afectada a cumplir tal decisión”, con lo que, “al denunciar a un juez que legítimamente, en el ejercicio de su labor jurisdiccional, profiere una determinación así dirigida, la autoridad gubernamental del Poder Ejecutivo Nacional atenta contra el mismo régimen democrático”.
Al igual que la relatora especial de la ONU, indicaron que “la manera de controvertir las decisiones judiciales no es denunciando al juez, sino utilizando los recursos e instrumentos de contradicción conforme al debido proceso”. Por lo tanto, solicitaron al Consejo de la Magistratura de la Ciudad “el inmediato rechazo de la denuncia presentada”.
Ya antes y en igual sentido se habían expresado más de 30 magistradas y magistrados del Poder Judicial de CABA, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo (ALJT) y el Capítulo Argentina de COPAJU, que enviaron notas a Karina Leguizamón, presidenta del Consejo de la Magistratura porteño, para que desestime la acción impulsada por Bullrich.