La salida del juez Luis Genoud de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, para iniciar su jubilación a partir del mes de junio, abrió un escenario de expectativa dentro del sistema político y judicial bonaerense. Quedarán cuatro lugares vacíos en el máximo tribunal de Justicia y la inevitable negociación política entre el Gobierno y la oposición por los lugares a ocupar. Sin embargo, los tiempos son diferentes.
Por el momento, el gobernador bonaerense Axel Kicillof no tiene demasiada urgencia en adentrarse en esa negociación con la oposición que espera por un llamado del Ejecutivo para sentarse a hablar de postulantes a ocupar la Corte bonaerense. Son siete los integrantes del máximo tribunal. Actualmente, hay cuatro en ejercicio, pero en menos de dos meses -cuando se retire Genoud- serán tres los funcionarios activos en un funcionamiento casi inédito.
En ese esquema, la oposición ya baraja algunos nombres e hipotetiza sobre un proceso reparto según las fuerzas políticas. En el Pro parece imponerse el nombre de Andrés Soto, juez de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial N° 2 de La Plata.
Fuentes legislativas de ese sector aseguran que hay consenso dentro de la fuerza por el postulante y que tampoco debería haber recusaciones desde el peronismo. Mandan un mensaje a la gobernación al decir que “estamos para ser parte de la negociación y acompañar”. Reclaman también que el tema se debe “normalizar”. Es decir, que la Suprema Corte funcione con todos sus miembros en el mediano plazo.
En La Plata -y puntualmente en la Legislatura- se empezaron a hacer cálculos de cómo podría ser esa distribución de lugares. Para el Pro, el plano ideal es que una de las cuatro sillas vacantes que habrá desde junio sea para ese espacio; dos para el peronismo y la restante para el radicalismo.
La UCR también buscará ser parte de esa negociación. Sin embargo, a menos de una semana de la noticia de que Genoud dejará su cargo, no hay un acuerdo o nombre firme para proponer, si es, que le tocara aportar un candidato o candidata. Durante el primer mandato de Kicillof el tema se planteó informalmente. Apareció entonces la figura de la actual concejal marplatense Marina Sánchez Herrero; abogada y exintegrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, como representante de los abogados del interior del país. Fue la primera abogada en llegar a la vicepresidencia del organismo. Ante la dificultad de sacar acuerdos a través de un Senado bonaerense que tenía una paridad absoluta de 23 lugares para Unión por la Patria y 23 para Juntos, el tema de la Corte se apagó.
Ahora el nombre de Sánchez Herrero vuelve a correr. Sin embargo, algunos legisladores del radicalismo bonaerense dicen desconocer esa posibilidad y piden prudencia. El radicalismo maneja sus propios matices. Sánchez Herrero es, además, la esposa del senador nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente del Comité UCR bonaerense, Maximiliano Abad; un actor relevante en el sistema político bonaerense.
Así como en el Ejecutivo bonaerense adelantan que Kicillof todavía no ingresó en fase de diálogo por las vacantes en la Suprema Corte, también relativizan la distribución de lugares según la fuerza política. Algunas fuentes del Ejecutivo plantean que dos lugares serán para el peronismo; pero que luego uno quedará para la UCR y que los libertarios podrían poner el nombre que falta.
La pregunta es dónde queda el Pro en este escenario hipotético. La respuesta es el hecho más reciente en lo que refiere a la integración de la Corte: lo que fue la designación del actual presidente de los cortesanos, Sergio Torres. El exjuez federal de Comodoro Py fue elegido en abril del 2019 a propuesta de la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal. Algunos interesados en la discusión advierten que el Pro ya tiene un lugar en la Corte.
Sobre este rompecabezas, entran en juego los libertarios. Pero La Libertad Avanza (LLA) está fragmentada en la Legislatura bonaerense. De los tres bloques que hay en el Senado bonaerense, solo uno acompañó, por ejemplo, la Ley Fiscal Impositiva del Ejecutivo y un pedido de endeudamiento nominado en 150 millones de dólares. No sería extraño que ese espacio también forme parte de las conversaciones; ya que han dado muestras de la capacidad de negociación con el Gobierno, que además lo precisa para obtener el número tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, si alguna de las fuerzas opositoras decide trabar negociaciones.
Las designaciones en la Corte reflejan meramente un acuerdo político entre el Ejecutivo y la oposición. El mecanismo es que Kicillof -en este caso- sea quien eleve el pliego al Senado del nombre en cuestión, sin intervención de ningún otro factor como ocurre con la prestación de acuerdos para jueces, fiscales o defensores, que también sale por el Senado pero luego de que el Consejo de la Magistratura arme una terna para la que el gobernador defina qué candidato o candidata llega a la Cámara alta para su posterior nombramiento.
Actualmente, la Suprema Corte está integrada por Marcelo Torres (presidente), Daniel Soria (vicepresidente), Hilda Kogan (ministra) y Luis Genoud (ministro); éste último dejará su lugar a partir de junio.
