El martes 31 de octubre aconteció una extraña paradoja en el segundo piso del edificio en el que se erige la sala de reuniones de la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Justicia porteña.
Para hallar el origen de tal contrasentido, habría que remontarse al conflicto que se sucede desde hace aproximadamente seis meses, cuando el Ministerio de Educación porteño lanzó el proyecto Secundaria del Futuro, al que planteaba como la segunda etapa de otro programa que se implementó en 2012, llamado Nueva Escuela Secundaria (NES).
Los estudiantes, cuando comenzaron a avizorar que nuevamente iban a prescindir de su opinión, comenzaron a tomar las escuelas y a movilizarse hacia el Ministerio de Educación para exigir que sus voces fueran escuchadas. El conflicto escaló hasta el momento en que más de 20 escuelas estuvieran ocupadas simultáneamente, mientras que comenzaba a tomar cuerpo el apoyo de sus padres y de los sindicatos docentes a sus reclamos.
El diálogo con las autoridades de la cartera educativa fue siempre accidentado, en gran parte porque existe una marcada desconfianza de parte de cada uno de ambos sectores contra el otro, que tiene orígenes ideológicos y políticos, pero también por una cierta torpeza de las autoridades a la hora de dialogar con los que se oponen a sus decisiones.
Ante esta casi imposible confluencia, el tribunal que conforman los camaristas Carlos Balbín, Esteban Centanaro y Mariana Díaz citó a las partes en conflicto. Las autoridades del Ministerio de Educación estuvieron representadas por el procurador general adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público, Jorge Djivaris; por Pablo Casaubon, también integrante de la Procuración; por el subsecretario de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional, Javier Tarulla; por la directora general de Escuelas, Marcela Pelanda, y por la jefa de Despacho de la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de esa cartera, Sofía Fariña.
Los padres de los estudiantes estuvieron representados por los autores del amparo denominado “Expediente Llobet”, Lisandro Mariano Teszkiewicz, María Eva Zanada, Susana Patricia Pietrángeli y Luis Antonio Palmeiro y por Gustavo Ordaz, que inició una causa judicial paralela. El letrado patrocinante de estos –presente en la audiencia– fue el titular de la Defensoría 5, Ramiro Dos Santos Freire. En realidad, quien debería haber estado presente en esta audiencia era el defensor ante la Cámara de Apelaciones 1, Fernando Lodeiro Martínez, pero una circunstancia personal le impidió estar presente, por lo que el defensor general, Horacio Corti, autorizó a Dos Santos Freire a seguir representando a los padres en esta segunda instancia, ya que lo había hecho en primera.
Los amparos que presentaron los padres de los estudiantes tienen como objetivo que se abra su participación en la reforma que plantea el Gobierno, que hasta el martes no había convocado efectivamente a la comunidad educativa para escuchar sus opiniones.
Por su parte, si bien los escolares pueden hablar por sí mismos y para eso existen los centros de estudiantes, en los estrados judiciales deben estar representados por sus defensores, que en este caso fueron el asesor tutelar ante el Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario 1, Gustavo Moreno, y Mabel López Oliva, asesora tutelar de primera instancia 1. También estuvo presente Ana Cuevas Rey, asesora tutelar interina de primera instancia 2.
En la audiencia había una veintena de estudiantes, a los que al final se les cedió la palabra y protagonizaron algunos picantes cruces con las autoridades, que algunas veces se exaltan un tanto ante sus filosas intervenciones.
Centanaro abrió el encuentro con palabras de bienvenida y expresó su deseo de que las partes involucradas dialogaran, para luego ceder la palabra a los padres que iniciaron la demanda de amparo. Dos Santos habló primero para expresar que “la reforma planteada es inconsulta y no contiene el derecho mínimo a la información y a la participación de los interesados”.
Luego tomó la palabra otro de los padres, Lisandro Tezkiewicz, que manifestó la preocupación de que “no exista ni acto administrativo ni información suficiente” en el transcurso de las reformas que plantea el Gobierno.
“No sabemos las causas por las que quieren cambiar los trayectos escolares”, continuó Teszkiewicz, para cerrar expresando su preocupación porque “este programa no puede empezar dentro de los 60 días escolares que restan”, tomando en cuenta que debería implementarse en febrero.
Luego, una de las madres del expediente Llobet planteó que “no hay diálogo en las instancias de participación de los canales institucionales ni se proveyó la información necesaria. Por último, las reuniones que se arreglaron no se hicieron”.
A su turno, Moreno planteó que, si bien le parecía “auspicioso” que se realizara la audiencia, debía hacer “hincapié en tres ejes: información pública, un mecanismo de participación reglado y que se ejecute la suspensión de la reforma por ahora, hasta que se realice el debate necesario”.
El primero en responder, como vocero del Poder Ejecutivo porteño, fue Djivaris. El funcionario planteó que “la participación se está produciendo”, por lo que le parecía innecesario el amparo presentado. Aseguró que portaba “las actas de 151 reuniones que ya se realizaron”, por lo que invitó a los presentes “a sumarse” a las Mesas Participativas.
Ante algunos murmullos y gestos de desaprobación de los denunciantes y de los escolares presentes, Djivaris adelantó: “No estamos dispuestos a recibir agresiones”, que, de todos modos, no se produjeron en ningún momento de la audiencia.
Luego tomó la posta Marcela Pelanda, que desarrolló la exposición más medulosa de parte de los funcionarios gubernamentales. Comenzó planteando que “la participación es buena y puede mejorar”, a la vez que desmintió que exista un nuevo plan. “Esta propuesta es una profundización de la NES, por eso no se ha dictado nueva normativa. Lo que rige es la normativa vigente.”
Pelanda desmintió que faltara participación, aunque entendió “que haya necesidad de información”. En respuesta, las voces de la comunidad educativa se hicieron sentir para contestarle que no existía la mentada participación.
Lisandro Teszkiewicz
La fiscal de cámara del Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario Nidia Cícero, por su parte, les pidió a las autoridades que implementen la participación, “que no existe,” y solicitó los datos de las convocatorias anteriores.
Pelanda le contestó a la fiscal que “el documento que existe en la web del Ministerio se basa en las buenas prácticas de algunas escuelas”, al tiempo que planteó: “Estamos visitando escuela por escuela”, y aceptó que “la participación se puede mejorar”. De todos modos, estableció que “el sistema educativo es jerárquico”, aunque concedió que “ninguna profundización está cerrada” y que “no hay nada nuevo”, para cerrar afirmando: “Fuimos en numerosas ocasiones a las escuelas”.
Teszkiewicz tomó la palabra brevemente para aportar que “la participación útil solo existe si son escuchados los que hablan, no existe si son ignorados sus planteos”.
López Oliva se pronunció en el mismo sentido, recibiendo como respuesta un picante “no jorobes, Mabel, no es así”, de parte de uno de los representantes del Ministerio. En defensa de su colega, Moreno intervino afirmando que “no hay información ni participación”. En esos momentos terció en la disputa Cuevas Rey, que acusó a López Oliva de hacerse presente “cuando aparecieron las cámaras”, dando inicio a un interesante cruce con esta, que le restregó por la cara su condición de “interina”.
Rubén Berguier, prosecretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Educación, el gremio docente más importante de la Ciudad, expresó: “Llegué preocupado a esta audiencia, pero me voy aun más preocupado”. Luego relató que las propias autoridades de la cartera educativa anunciaron que una de las pedagogas consultadas fue Flavia Terigi, que declaró posteriormente que “es una locura implementar la Secundaria del Futuro sin participación”.
En medio de muy civilizadas muestras de desaprobación, un estudiante fue autorizado a tomar la palabra y profundizó en el tema de la falta de atención de las autoridades. Otro funcionario le espetó, algo ofuscado, que “pedís respeto, pero empezás faltando el respeto”. El cruce no continuó porque el joven prefirió seguir con su exposición, sin responder al exaltado.
Centanaro, uno de los anfitriones, preocupado por la lejanía de las posiciones, planteó que esa era “una audiencia de avenimiento” y propuso que “se suspendan los plazos por una semana” y que “se convenga la fijación de un sistema de articulación con lo que plantea el Ministerio y lo que plantean los padres, los docentes y los alumnos”.
Balbín, por su parte, pidió que exista “un diálogo con resultados concretos”.
A lo largo de todo el encuentro, los funcionarios contestaron en varias ocasiones a viva voz que el diálogo se está produciendo. Además, plantearon varias veces que algunos de los reclamos de los presentes estaban contenidos en el expediente que se encuentra en la sede de la Sala II.
De los jueces, Centanaro se centró en la necesidad de diálogo, mientras que Balbín pidió que tuviera resultados concretos y la jueza Mariana Díaz fue la encargada de solicitar precisiones acerca de lo que se está haciendo y de lo que se va a hacer.
Sobre el final, Djivaris se comprometió a responder los dos pedidos de informes que Moreno reclamó –uno de su autoría y el otro de la Defensoría–, que hasta ahora no habían sido contestados. Este funcionario y su colega Casaubon se mostraron más duros ante el reclamo de educandos y educadores. En varias ocasiones se mostraron desconcertados ante los pedidos de estos, como no comprendiendo su alcance. Finalmente, uno de ellos preguntó qué tipo de acuerdos se debían alcanzar y exigió una hoja de ruta de los reclamos. Este cronista se preguntó si existía de su parte un acting o un real desconcierto. Ambas posibilidades contienen una actitud de oposición a los acuerdos. Si prima esta línea de actuación, estos no serán posibles.
Con el clima que se respiró en el tribunal pareciera que será difícil el “avenimiento”, porque las autoridades no cedieron en ningún punto de los reclamos y la desconfianza del resto de los presentes –incluidos los jueces– se acentuó, si esto fuera posible.
En el final, quedaron repicando las palabras de la jueza Mariana Díaz, que advirtió que “si las partes se ponen de acuerdo, todo estará bien, pero si no, el tribunal resolverá”.
