Esta semana es clave para el futuro del Consejo de la Magistratura de la Nación. Si el organismo no se completa el próximo viernes 15 de abril, como dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre pasado, todo lo que haga desde ese día en adelante será nulo.
Por ejemplo: quedarán paralizados están las vacantes de jueces nacionales y federales. El Consejo se encarga de hacer los concursos públicos para cubrir esos lugares y la aprobación final es en el plenario del cuerpo, donde se reúnen sus 13 integrantes, la composición que la Corte Suprema declaró inconstitucional. Así, el Consejo no podrá aprobar los concursos.
Según datos oficiales del organismo hay 246 vacantes, de las 153 están en trámite en el Consejo tiene en marcha 69 concursos públicos para cubrirlos. De esos concursos, 18 ya están en condiciones de aprobarse y se discutieron en los últimos plenarios pero no hubo acuerdo para hacerlo por las diferencias políticas entre el oficialismo y la oposición.
Los 18 concursos representan 49 cargos vacantes, algunos de vital importancia para la política. Ahí se destacan los lugares en los tribunales federales de Comodoro Py, por donde pasan las causas de corrupción a funcionarios públicos y empresarios.
En Comodoro Py están vacantes los juzgados de primera instancia que eran de Claudio Bonadio, Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres. También los lugares de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal y seis asientos en los Tribunales Orales Federales, donde se juzgan las causas. Esos concursos son parte de los 18 que ya están en condiciones de aprobarse.
Pero también hay que cubrir las vacantes en los Tribunales Orales en lo Penal Económico, donde se juzgan las causas de contrabando y delitos aduaneros, los que buscan cubrir lugares en la Cámara Federal de Mendoza, de Tucumán y de Mar del Plata. También cinco vacantes en los Tribunales Orales Federales de San Martín, una de las jurisdicciones más grandes del conurbano bonaerense.
Además, están pendientes los concursos para cargos en la justicia que hace a la vida cotidiana de la gente: ocho lugares en juzgados civiles de primera instancia, otros ocho en los juzgados laborales de primera instancia y cuatro en la justicia de familia.
Todos esos concursos volverán a discutirse en el plenario del martes que convocó el Consejo. Uno de los últimos antes de la fecha del 15 de abril. Entre los consejeros no había mucha expectativa de que puedan ser aprobados, por lo que quedarían para cuando el organismo pueda volver a sesionar en plenitud.
Otra de las funciones del organismo es investigar a los jueces por presunto mal desempeño. El Consejo tiene abiertas 220 causas contra magistrados. Ninguna de ellas podrá ser aprobadas por el plenario en caso que consideren que un juez debe pasar a juicio político.
A esta instancia se llega porque la Corte Suprema declaró inconstitucional la integración de 13 miembros del cuerpo. El máximo tribunal dispuso un plazo de 120 para que el Congreso dicte una nueva ley para reformar la integración o para que el organismo vuelva a su anterior composición de 20 integrantes. Ese plazo vence el 15 de abril. La Corte dijo que si para esa fecha no hay un nuevo Consejo todo lo que haga será nulo.
El Senado aprobó la semana pasada una ley que ahora debe ser tratada por Diputados pero los tiempos no dan para llegar al 15 de abril. Además, el oficialismo no contaría con los votos en Diputados para aprobar su proyecto.
Queda la instancia de que a los 13 consejeros se sumen siete para llegar a los 20. Esos siete son el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, un juez, dos abogados, un académico, un diputado y un senador. La jueza y las abogadas fueron electas la semana pasada. La académica será elegida el 18 de abril.
El problema está con el diputado y el senador. Oficialismo y oposición no se ponen de acuerdo a qué bloque de cada cámara le corresponde, por lo que no enviarán a su representante. Y la Corte dijo que los nuevos integrantes “iniciarán su mandato de manera conjunta y simultánea”. La interpretación es que tienen que estar los siete consejeros designados para asumir. Por lo tanto si no están todos, no hay Consejo. Juntos por el Cambio adelantó que el 15 de abril pedirá cubrir esos lugares con legisladores de su espacio.
En el organismo saben que por eso no podrán aprobar concursos ni acusar a jueces. La preocupación principal aparece porque otra de las funciones centrales del cuerpo es la administración del Poder Judicial. Si eso se frena, se paraliza la justicia porque de la administración depende el pago de sueldos o la compra de insumos.
Para no llegar a esa instancia los consejeros trabajan en un reglamento especial mientras dure la emergencia. Ese reglamento contemplará el funcionamiento del cuerpo si no se puede cumplir con el fallo de la Corte. La expectativa es aprobarlo el miércoles en lo que será el último plenario del Consejo antes del 15.