Representantes de las comunidades indígenas de la provincia de Jujuy mantuvieron el martes una reunión con el presidente de la Nación. Luego de las doce del mediodía, ingresaron a la residencia presidencial, por la calle Carlos Villate, una comitiva de doce representantes de distintas comunidades indígenas que resisten el avance represivo del gobernador Gerardo Morales que no tolera que el pueblo jujeño se oponga a su apurada e inconsulta reforma de la Constitución provincial.
En la cabecera de una larga mesa Alberto Fernández escuchó por más de una hora y media los lapidarios testimonios de los referentes indígenas. A su lado derecho se sentaba el impulsor del encuentro, Esteban Castro. El “Gringo”, como todos los llaman, organizó con el dirigente del Movimiento Evita, Ernesto “El Indio” Paillalef, la comitiva de originarios desde Jujuy a Buenos Aires.
Los jujeños indígenas le pidieron al Presidente la intervención de la provincia, “no es posible porque debe ser votada en el Congreso Nacional” respondió Fernández. Mientras que por una Mesa de Diálogo, “algo que intenté con el jefe de gabinete nacional, Agustín Rossi, pero fue rechazada en Jujuy”, y frenar las persecuciones e intimidaciones policiales “vía la secretaria de derechos humanos iniciamos una denuncia penal por la represión más el acompañamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)” a lo que le pidieron que sus oficinas se expandan en las comunidades, no quede en la capital de Jujuy.
La unidad indígena y UTEP hizo posible otro encuentro tras el cónclave presidencial en la Quinta de Olivos.
Fue en la sede de la CTA de los Trabajadores donde en una nueva reunión con dirigentes sindicales volvieron a exponer las víctimas de la feroz represión y persecución de Morales que quiere imponer a palos, tiros y gomerazos la nueva Constitución que quita derechos al uso comunitario de las tierras dejándolas subsumidas al negociado del extractivismo para el petróleo, litio u otros recursos de la naturaleza como las llamadas tierras raras.
Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional por el peronismo, junto al secretario general de la CTA-Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, recibieron a la comitiva indígena y los escucharon junto a otros dirigentes de diversos gremios. Se fueron con la promesa de acompañamiento en las calles, rutas y ante organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
El tercer encuentro fue con Emilio Pérsico, el fundador del Movimiento Evita y secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social.
La carta:
AL PRESIDENTE DE LA NACION
DR. ALBERTO FERNANDEZ
SU DESPACHO
De nuestra mayor consideración:
Los Pueblos originarios KOLLA, OMAGUACA, OKLOYA, TILIAN, QUECHUA y FISCARA de la Provincia de Jujuy, amparados en el marco de nuestros Derechos Colectivos incorporados en el art. 75 inc. 17 y 22 de la Constitución Nacional, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT ratificado por ley federal 24.071), Declaración Universal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y lo concordante con el fundamento del art. 14 y 18 del Código Civil y Comercial de la Nación, ley 26.994 y otras afines, y los expresos términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lhaka Honhat c. Argentina (sentencia del 6 de febrero y del 20 de noviembre de 2020), nos dirigimos a Usted a través de nuestros representantes que pudieron viajar a Buenos Aires, para solicitarle con todo respeto que apoye de manera concreta esta lucha pacífica que estamos llevando a cabo, en defensa de nuestros derechos territoriales, ambientales, agua, la cultura, de manera tal de respetar nuestra cosmovisión y la vida en nuestros territorios.
Los hechos por los que solicitamos la reunión con usted se produjeron a raíz de la permanencia como acto de protesta por la aprobación de la reforma constitucional violatoria de nuestros derechos. Efectivamente, el día sábado 16 de julio en la Ruta 52 y 9 en la Quebrada de Humahuaca, en Purmamarca, sufrimos la mayor represión a las comunidades que podamos recordar en mucho tiempo. Empezó cuando junto con un operativo policial llegó al lugar la Ministra de Desarollo Humano Alejandra Martinez, con Normando Alvarez García, el fiscal penal Dr. Walter Rondón, la ministra de Ambiente Maria Inés Zigarán, que fueron a “pedir” por los niños, el séquito pidió hablar con los comuneros (líderes de comunidades), las mujeres de las comunidades les reclamaron la presencia policial y no les dieron con el gusto de que “marquen” a los comuneros. Minutos después reprimieron con balas de goma y un niño, de esos que “querían proteger”, recibió el impacto de la bala de goma en el ojo y no pudo recuperar la visión. Y esa ministra y demás funcionarios fueron cómplices directos de la represión. Luego de la represión fueron subidos a camionetas y transportados al penal de Alto Comedero en la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde quedaron 21 personas detenidas, entre ellas Santiago Lamas, vocal de la Comisión de El Moreno y otras personas integrantes de comunidades, mujeres y un menor. Se liberaron 7 personas a las 18 hs. y una hora después ingresó al penal una persona que en apariencia trasladaron del Hospital Pablo Soria, golpeado, con 47 perdigones de bala en el cuerpo y quebrado un brazo, de apellido Flores. A las 2 y 30 de la mañana del día lunes 18 de junio se liberaron a todos, inclusive la persona extremadamente golpeada. Gracias a la gestión de organismos de DH y del titular del INAI, se pudo liberar a todos los detenidos luego de innumerables gestiones. A partir de allí se iniciaron causas judiciales por “Investigación Penal Preparatoria Autor Desconocido Art. 237. Art. 184. Art. 241 y Art. 239”, Expte P-271479 MPA” en la Unidad Fiscal especializada en Delitos Económicos contra la Administración Pública Nro. 1, a todos los detenidos y acumularon las causas con la represión del día 20 de junio y los detenidos ese día por los hechos acaecidos en la Legislatura de la Provincia de Jujuy.
Por estas razones, señor Presidente,
• Solicitamos que reitere de manera pública su rechazo a la reforma inconstitucional que impuso el Gobernador Gerardo Morales.
• Solicitamos que, desde el gobierno federal, se realicen todas las gestiones necesarias para que se asegure el ejercicio del derecho a la protesta y a la integridad física de todos aquellas que la ejercen y no se criminalicen los reclamos que se han desarrollado en la Provincia de Jujuy.
• Con relación a la violenta represión en Purmamarca del día 17 de junio de 2023, solicitamos se le solicite a la justicia federal y provincial el archivo de cualquier proceso criminal iniciado contra todas aquellas personas que se manifestaban en la ruta.
• Al mismo tiempo, se solicita que se impulsen las medidas y acciones necesarias para asegurar la no repetición de hechos de violencia institucional, que detallamos seguidamente y que dan cuenta del riesgo que existe para los derechos de todas las comunidades que se manifiestan.
• Se dicte un decreto que reglamente la Consulta Previa, Libre e Informada, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas y los estándares establecidos en el fallo dictado por la CIDH en el fallo Lhaka Honhat (sentencia interpretativa, del mes de noviembre de 2020. En particular este reglamento sea aplicable en todo el territorio nacional, por parte de las autoridades nacionales y provinciales, en función del compromiso federal que existe alrededor de este derecho de los pueblos indigenas. A la vez, este protocolo debe regir con particular vigor cuando lo que se consulta se refiere a los procesos de exploración y explotación de litio en el norte grande.
• El Estado Nacional tiene la obligación de controlar el cumplimiento de las leyes de presupuestos mínimos ambientales, en particular, en las provincias del NOA, conforme los términos expresos de la ley 25.675. Al mismo tiempo asegurar la aplicación de las normas de protección establecidas en la ley de bosques (26.331) y en la ley de aguas (25.688). Estos compromisos tienen que ser implementados de manera urgente.
• También en materia ambiental el Estado Nacional debe asegurar el acceso a proyectos que gestionen las propias comunidades indigenas, para la defensa y cuidado del ambiente.
• Le pedimos disponga la urgente reestructuración del INAI para que esté al servicio de los pueblos indígenas de la Provincia:
a. Revocatoria del convenio del INAI con el Gobierno provincial, por el cual
delegó la facultad establecida en la ley 23302 (art.6, inciso C)) para llevar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Que hoy en manos del Gobierno provincial solo sirve como instrumento de manipulación e intervención interna en la vida de las comunidades. Que el INAI mantenga en su competencia hasta tanto se regularice esta situación.
b) Urgente convocatoria a elecciones democráticas de los CPI, por parte de las comunidades.
c) Elección democrática del representante del INAI. Que sean las comunidades las que elijan al responsable del INAI en Jujuy.
d) Ajuste y revisión de la partida presupuestaria destinada al INAI en Jujuy, para garantizar que cuente con los fondos suficientes para apoyar a las comunidades en esta contingencia.
• Que arbitre todas las medidas a su alcance para avanzar en la resolución de los serios conflictos vinculados a los derechos territoriales.
• Por último, implemente como mecanismo de resolución de conflictos lo dispuesto en el Acuerdo de Escazú, Ley Nacional en la República Argentina.
Aprovechamos la oportunidad para agradecerle habernos recibido, dejarle un saludo fraterno y reiterarle que seguiremos defendiendo nuestros derechos, nuestros territorios y el medioambiente, ya que sin ellos nuestro modo de vida se ve seriamente amenazado.
Atentamente.
