Si una imagen vale más que mil palabras, la repetición de imágenes similares provoca un efecto devastador. Esa sensación se experimenta al recorrer los barrios más humildes de la Ciudad, donde debatir sobre la conveniencia de la urbanización parece ser un lujo que solo se pueden dar los que viven bien. Para los habitantes de esos barrios la urbanización es una prioridad impostergable. Y ese es el caso del barrio Rodrigo Bueno.
El martes por la mañana, el defensor general de la Ciudad, Horacio Corti (ver recuadro), encabezó una conferencia de prensa en la villa ubicada en la Costanera Sur. Estuvo acompañado por Fernando Lodeiro Martínez, defensor ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, y por los delegados vecinales del barrio.
La idea del Ministerio Público de la Defensa porteño era dar a conocer la presentación de la apelación contra el fallo que detiene la urbanización del barrio Rodrigo Bueno. Durante la conferencia, Corti criticó en duros términos la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, que integran Esteban Centanaro, Fernando Enrique Juan Lima y Mabel Daniele. Esta Sala revocó el proceso de urbanización ordenado por la Justicia en primera instancia.
En la conferencia de prensa se hizo público el recurso de apelación presentado por los defensores públicos para que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad revea la cuestión.
“Es necesario que los jueces vayan al barrio a conocer la realidad. Llama la atención que no se acerquen al lugar. Porque este barrio no surgió de la noche a la mañana. Aquí viven vecinos con derecho a ser escuchados”, disparó Corti contra los camaristas de la Sala II.
Rodeado por los delegados barriales Marino Sosa, Luis Espinoza y Diego González, el cura párroco del lugar y más de 50 vecinos, Corti aseguró que el fallo de la Cámara “es insólito” y está “motivado en el desconocimiento de los jueces”.
Y fue más allá al decir que recurrirán a la Corte Suprema en caso de que el Tribunal Superior porteño falle en contra. “La sentencia es artificiosa y formal. Los vecinos tienen el derecho de su lado: el derecho a la urbanización, al agua potable, a la apertura de calles limpias y seguras. Esperemos que sea el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad quien haga lugar a nuestro pedido. Si no, iremos, junto con los vecinos, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que es un caso inequívoco de derecho a favor de los vecinos”, sentenció Corti.
La Justicia, el gobierno Pro y la Iglesia
La cuestión de la urbanización de los barrios más necesitados de la Ciudad tiene, además de sus habitantes, varios actores involucrados: el gobierno de Mauricio Macri, los jueces porteños y la Iglesia, que en los últimos tiempos ha retomado un rol más activo en la defensa de los sin techo. Un dato no menor fue la declaración que hizo el propio papa Francisco cuando se enteró del violento desalojo ocurrido en el barrio Papa Francisco de Villa Lugano. Su posición en contra del desalojo impulsado por el gobierno del Pro y la Justicia porteña marcó una nueva toma de posición de la Iglesia en este tipo de situaciones. “Es muy difícil para cualquier gobierno enfrentarse con la Iglesia, y más ahora que el Papa es argentino. Si a eso le sumamos que la Iglesia toma una posición tan clara a favor de los pobres y les pega tan duro a los gobernantes cada vez que sucede un hecho de este tipo, el resultado se complica. Porque no solo condicionan a los funcionarios del Estado sino también a los funcionarios judiciales que avalan con sus fallos los desalojos”, le manifestó a Noticias Urbanas un abogado que trabaja en la Justicia de la Ciudad.
En el caso del barrio Rodrigo Bueno, la situación se repitió. Durante la conferencia de prensa que se realizó el último martes, el cura párroco del barrio sostuvo que el lugar “no se puede desalojar” y que “la Iglesia, oficialmente, apoyará y acompañará lo que los habitantes del barrio decidan”.
También declaró que la Iglesia no solamente está a favor de la urbanización sino que impulsa la integración urbana.
Esta posición se da de bruces con la iniciativa sobre el tema que llevó adelante el gobierno macrista. En marzo de 2011, la jueza Elena Liberatori ordenó urbanizar el barrio, pero el Gobierno porteño apeló el fallo y luego logró, en octubre de este año, que la Cámara revocara la medida.
Al dar su opinión sobre la medida ordenada por Liberatori, el jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, fue tajante. “Es un disparate, con el mismo argumento que utilizó la jueza nos pueden obligar a urbanizar todo lo que se les ocurra”, manifestó el funcionario Pro.
El Gobierno de la Ciudad tenía otros planes para el barrio Rodrigo Bueno. A través del decreto 2.136/06, había creado el programa de recuperación de terrenos de la Reserva Ecológica Costanera Sur “con el objeto de lograr soluciones habitacionales que garanticen la desocupación del predio”, mediante “el otorgamiento de un subsidio” para las familias ocupantes. Esto motivó que los habitantes del barrio presentaran un amparo en el que expresaron que las sumas ofrecidas no permitían cubrir las inversiones realizadas en las viviendas ni acceder a nuevas. Además, en la presentación judicial señalaron que podían ser desalojados por el Gobierno porteño, en el marco de la recuperación de los terrenos de la Reserva Ecológica.
El recurso de inconstitucionalidad y las internas cruzadas
En el fallo de primera instancia, Liberatori no solo dispuso la nulidad de los decretos del Gobierno de la Ciudad, sino que también declaró la inconstitucionalidad del límite sur de la Reserva, por haber omitido la preexistencia del barrio Rodrigo Bueno.
Asimismo decretó la incorporación del asentamiento al Programa de Radicación e Integración de Villas y ordenó que hasta tanto se efectivizase su integración urbana o social, la administración porteña debía proveer a sus habitantes de servicios básicos, debía abstenerse de desalojarlos y debía informar acerca del grado de contaminación en el lugar.
Noticias Urbanas tuvo acceso al recurso de inconstitucionalidad que se presentó a los pocos días de conocido el fallo de la Cámara. En este se critica con dureza el accionar de los miembros de la Sala II. “Reiteradamente ha señalado la Corte Suprema que las sentencias deben ser fundadas; es decir, que deben ser una derivación razonada del derecho vigente, con relación a los hechos comprobados de la causa, y no un producto de mera voluntad del juez”, se lee en una parte del escrito.
En otra parte se destaca que la cuestión tiene la importancia necesaria para que sea tratada por el Tribunal Superior. “La sentencia atacada debe ser revocada por resultar arbitraria, en la medida en que ha omitido el tratamiento de los planteos expuestos por la parte actora, extremo que se traduce en una lesión al debido proceso y la convierte en un acto jurisdiccional carente de fundamentación. Asimismo, cabe remarcar que la presente cuestión posee una trascendencia tal que amerita que sea tratada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Al respecto, se ha sostenido que el concepto de trascendencia en las cuestiones planteadas, exigido por el ordenamiento jurídico, implica que las mismas exhiban una ‘significativa importancia sea por su proyección jurídica o por su entidad económica’”.
Una presentación cargada de críticas
En el recurso de inconstitucionalidad contra el fallo de la Sala II también se señala que los camaristas violaron el derecho a la vivienda. “La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre dispone que ‘toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad’. Las normas convencionales citadas tienen rango constitucional. Y, según ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ello significa que deben ser interpretadas teniendo en cuenta las decisiones jurisprudenciales, opiniones y dictámenes de los órganos del sistema internacional e interamericano”, se afirma en la página 38 del escrito.
Por último, se critican las políticas públicas del Gobierno porteño. “El Gobierno de la Ciudad va a contramano de las políticas públicas del Ejecutivo nacional. En efecto, la sentencia del Tribunal que por la presente se cuestiona se da de bruces con la política implementada a nivel nacional recientemente por el Ejecutivo en tanto, con fecha 30 de septiembre del corriente, se dispuso la creación, por decreto, de la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, con la específica finalidad de lograr la urbanización de 100 barrios informales para que sean incorporados a la trama urbana”, dice el texto.
El pensador chino Confucio provenía de una familia noble arruinada y, durante su vida, alternó sus trabajos de maestro con los de funcionario del pequeño estado de Lu. Una de sus frases más provocativamente aguijoneantes es: “Donde no hay justicia, hay pobreza”. En el caso de los habitantes del barrio Rodrigo Bueno, la frase cobra una exactitud que asusta.