El triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil entusiasmó a los estrategas que acompañan al presidente Mauricio Macri, que ya perfilan “endurecer el discurso” en la campaña electoral como una de las principales cartas para conquistar el segundo mandato. La mala praxis económica y el debate sobre el Presupuesto habían demorado lo que iba a ser el desembarco de la agenda punitiva, el discurso del miedo contra el migrante y la mano dura. El proyecto de reforma del Código Penal, elaborado por una comisión de juristas encabezada por el camarista Mariano Borinsky y creada por decreto presidencial hace un año, llegará finalmente este mes al Congreso de la Nación luego de varias dilaciones y con el subrayado sobre la política migratoria, que tanto el Gobierno como su aliado Miguel Ángel Pichetto pusieron en agenda este mes tras los disturbios en las inmediaciones del Parlamento, en la que fueron detenidos un paraguayo, un turco y dos venezolanos.
Fue el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y su par de Seguridad, Patricia Bullrich, los que anunciaron que el Gobierno estaba decidido a expulsarlos del país y que por eso esperaban un juicio abreviado para que haya una sentencia que habilitara a la Dirección de Migraciones para hacerlo. Tras esa decisión oficial de ir a fondo con la deportación de los inmigrantes supuestamente involucrados en hechos de violencia durante esas jornadas, Macri redobló la apuesta y pidió que se debata nuevamente “el manejo migratorio”, vinculando esa corriente con el incremento del delito. “Que vengan a trabajar como hicieron nuestros abuelos y como no algunos que vienen y le dan mucho trabajo a la ministra Bullrich”, sostuvo el primer mandatario, quien ya había promovido por decreto la expulsión casi automática de extranjeros que ni siquiera tuvieran una condena firme y en el que ampliaba la naturaleza de los delitos.
Macri, que esta semana almorzó con el nuevo presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, espera que el máximo tribunal avale el decreto que prevé la figura de “extrañamiento” para expulsar del país a los inmigrantes con condena firme impuesta en el país y que cumplieron la mitad de su pena en el territorio nacional. El cálculo oficial es que al menos mil inmigrantes se encuentran en esa situación y esperan darle respuesta más rápida y concreta con la nueva norma a los nuevos casos. La restricción a los extranjeros con antecedentes penales aparece en el orden de las prioridades.
El Presidente fue claro y pidió que se modifique la Ley de Migraciones. En esa misma conferencia en Río Cuarto, Macri también habló de “reciprocidad” al referirse al trato que reciben los argentinos en otros países. Su primo Jorge Macri, intendente de Vicente López, había ido más allá al pedir que se concepto alcanzara también a la universidad pública, abriendo la posibilidad de que se le cobre al extranjero por educarse en el sistema público.
La discusión punitiva también ofrece respuestas para la creciente tensión social y la metodología piquetera, con aumentos de penas para los cortes de tránsito, con castigos de seis meses a dos años. En tiempos de recesión, el Gobierno nacional intenta controlar el manejo de la calle y ofrecer mano dura para combatir ya no solamente el delito sino cualquier expresión que ponga en jaque el orden social.
Tras haber enaltecido al policía Luis Chocobar, recibido por Macri en Casa Rosada el año pasado la misma semana que asesinara a un delincuente en La Boca –y que esta semana sufrió un importante revés de la Corte Suprema, que ratificó su procesamiento bajo la figura de homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber–, el Gobierno encontró a otra cara para su campaña. Se trata de la policía porteña Carla Céspedes, absuelta esta semana por la Justicia luego de fuertes acusaciones en su contra tras haber abatido a un motochorro. Con todos los honores, fue recibida por la ministra de Seguridad, quien también vivió su semana de alto protagonismo a partir de haberse expresado a favor de la portación de armas para la defensa personal. “El que quiere estar armado, que ande armado”, sostuvo la ministra Bullrich, en un rapto de verborragia fuera de protocolo y a la salida de un restaurante. En un intento por consagrarse como la empleada del mes, al otro día ratificó sus dichos, reversionando con estilo criollo el eslogan del nuevo mandatario brasileño que propone “primero disparar y luego preguntar”.
Como si no hubiera dado que hablar, también se colgó de la pasión futbolera e infló el pecho para respaldar a su jefe político y su caprichoso deseo. Tras el aluvión de críticas que recibió el Presidente por proponer que los superclásicos de River y Boca, los partidos más calientes de la historia del fútbol nacional por tratarse de una final de Copa Libertadores, se jugaran con hinchadas visitantes, Bullrich no quiso ser menos. “El Presidente nos preguntó si estábamos en condiciones y le dijimos que sí. Si ya tuvimos los Juegos Olímpicos de la Juventud, vamos a tener el G20, ¿por qué no podemos estar a la altura?”, argumentó, pero sin mucha suerte porque el plan ya había sido desactivado por los presidentes de los clubes, Rodolfo D’onofrio y Daniel Angelici, el hombre que influye en la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires a través de Martín Ocampo, el ministro de Justicia porteño que tiene bajo su mando a la Policía de la Ciudad.
En la Casa Rosada consideran que el operativo de seguridad sobre el G20 servirá para “empoderar” la política de seguridad frente a la protesta social, como un ejercicio de máximo nivel para estos tiempos de recesión y creciente tensión social. El antecedente de lo que pasó en el Congreso de la Nación, donde sospechosamente ninguno de los violentos encapuchados y registrados por las cámaras fue detenido, como sí, en cambio, fueron capturados los cuatro extranjeros y algunos dirigentes sociales, alimentó aún más los roces con Horacio Rodríguez Larreta, quien no está dispuesto a pagar los platos rotos de una brutal represión. Al Jefe de Gobierno lo acusan de ser un blando en el combate a la protesta. Para ilustrar, uno de los funcionarios más cercanos al Presidente lo compara con Francisco Lamolina, un exárbitro de fútbol recordado por ser permisivo con las faltas para evitar cortar la fluidez del juego. “Siga, siga”, decía el árbitro cuando un jugador caía al piso. “Horacio es Lamolina; no quiere asumir sus responsabilidades por temor a tener un muerto”, aseguró a Noticias Urbanas el funcionario con despacho en la Casa de Gobierno. En off, explican que la Ciudad debía hacerse cargo del operativo de seguridad durante los disturbios y que la Nación, con las fuerzas federales bajo su mando, solamente debía custodiar la sede parlamentaria.
Del otro lado, Bolsonaro, la última moda brasileña para la política argentina, pese al ninguneo del flamante mandatario que, por ahora, no tiene pensado venir a la Argentina, también fue aprovechada por algunos opositores y outsiders que en las últimas semanas desfilaron por los canales de televisión con algunos libretos más explícitos que los del oficialismo. El ex militar y ex ministro kirchnerista, Sergio Berni, por ejemplo, habló de jerarquizar a las fuerzas armadas en el combate contra el delito, una idea sobre la que el Gobierno trabaja sigilosamente, primero con el control fronterizo, para así disponer de la Gendarmería, como ya lo viene haciendo, en el aparato represivo. Hasta el diputado salteño Alfredo Olmedo se entusiasmó con la nueva agenda promovida por la Casa Rosada y ahora descansa en la utopía de ser el Presidente de la República y emular el ascenso meteórico del militar brasileño. Con Donald Trump en los Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil, que se suma a la liga de los mandatarios conservadores de la región, algunos toman coraje para correr por ¡derecha! al Gobierno de Cambiemos y ensanchar cada vez más los márgenes de una Argentina imposible.