En el año 2000, en la ciudad de Nueva York, una chef novata llamada May Sloane abrió un local de galletas que, rápidamente, ganó popularidad. En poco tiempo, la humilde tienda se transformó en una empresa millonaria. Sin embargo, el éxito de Sloane no es lo primero que se nos pasa por la cabeza cuando pensamos en su negocio. Más bien, recordamos a su marido, Ray Winkler, que usó la galletería de fachada para su plan criminal: cavar un túnel que le permitiese ingresar al banco de al lado. Si para esta altura, te tomaste la molestia de googlear a estos personajes, te habrás dado cuenta de que es pura ficción. Esta fábula pertenece a “Ladrones de Medio Pelo” del director estadounidense Woody Allen. La película es una comedia donde predomina lo absurdo, recurso efectivo para provocar la risa de los espectadores. ¿Pero qué ocurre cuando este tipo de historias cobran vida en el terreno de la realidad? ¿La risa se sostiene? ¿Y si ocurre en la política?.
A fines del mes pasado, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó una nueva licitación para el servicio de acarreo. Lo curioso es que dicha licitación se encontraba vencida desde el 2001. Eso significa que pasaron más de veinte años sin que se renovara. Ante este escenario, es difícil no preguntarse si el servicio de grúas no es otro local de galletitas.
“El acarreo es un negocio millonario para las empresas que lo gestionan de manera irregular, con aval del Gobierno de la Ciudad”, declaró a Noticias Urbanas Juan Manuel Valdés, legislador porteño del Frente de Todos. “Por el servicio de grúas, BRD y Dakota aportan como canon al Estado porteño solo $55.000 por mes, cifra que está congelada desde 2014 y representa menos del 2% de sus ganancias. Recaudan cifras exorbitantes a costa de porteños y porteñas. Levantan en promedio 345 autos por día y en 2021 cobraron cerca de $547 millones algo así como el acarreo de 9 autos al mes. Una burla de mal gusto”, sostuvo Valdés, uno de los principales referentes del Frente AntiGrúas, la alianza inédita entre peronistas, libertarios e izquierdistas en contra del acarreo.
Estas cifras podrían explicar la demora en el lanzamiento de la nueva licitación. Sin embargo, la Secretaría de Transporte de la Ciudad, en diálogo con NU, ofreció otra versión de los hechos. “Desde el 2013, estamos buscando concretar el nuevo procedimiento”, sostuvieron. “Fuimos 6 veces a la Legislatura y tuvimos 3 amparos judiciales en el proceso. A fines de 2020, logramos aprobar una nueva ley que previó el lanzamiento de una nueva licitación de acarreo”, afirmaron.
Del otro lado de la vereda, Valdés sostuvo, en diálogo con NU, que el lanzamiento de la licitación fue consecuencia de la presión pública. “La licitación que lanzó el Gobierno de la Ciudad surge a raíz de un proyecto que presentamos en la Legislatura para suspender el servicio de acarreo hasta que se regularice la situación de las dos únicas empresas, Dakota y BRD, a cargo de las grúas”, dijo a NU. Según Valdés, los riesgos en el proceso de licitación se deben a los incumplimientos que viene mostrando el Gobierno de Larreta en la concesión del servicio. “En sus años de gestión, además de las prórrogas otorgadas y los beneficios que se les otorgan, suman varias veces convocatorias a licitación, pero siempre encuentran una excusa para suspenderlas”, afirmó Valdés.
El auditor general de la Ciudad, Juan Calandri, se quejó por el actual sistema de acarreo y solicitó un aumento del canon. “El valor está congelado desde 2014, cuando la tasa de acarreo salía $350. Hoy cuesta más de $6.000″, afirmó. Sus declaraciones están alineadas a la de su partido, la Coalición Cívica (CC). Elisa Carrió, líder de la CC, había confirmado que sus diputados iban a votar a favor de que se suspendiese el servicio de remoción de vehículos en infracción ya que, según la ex diputada, implicaba la continuidad de un “negocio oscuro”.
El posicionamiento de la CC, ajena a la opinión de sus socios, hubiera implicado un empate técnico en la Legislatura. Ante este posible escenario, el Gobierno de la Ciudad tomó el control del sistema de acarreo hasta que se defina una nueva licitación del servicio. “La Ciudad se va a hacer cargo del servicio de correo transitoriamente”, anunció el Jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, a través de Twitter. Asimismo, aprovechó la instancia para justificar la demora en los procesos. “En diciembre de 2020, la Legislatura sancionó una ley que le daba dos años al Ejecutivo para relicitar el servicio de acarreo. Veníamos trabajando desde el Ejecutivo y también, con referentes del interbloque de la Legislatura para encontrar un modelo de funcionamiento transitorio”, finalizó.
Este período de transición sigue dejando interrogantes no resueltos. Noticias Urbanas pudo obtener detalles de cómo será la todavía frustrada licitación. Según fuentes cercanas a la Secretaría de Transporte de la Ciudad, el nuevo sistema priorizará los acarreos que afecten directamente la convivencia de los ciudadanos. Esto incluye el estacionamiento indebido en entradas de garajes, rampas, paradas de colectivos o áreas peatonales. Incluso, los vecinos van a poder reportar casos de bloqueo vía WhatsApp. Por otra parte, se modificará el modelo económico de las concesionarias actuales. “Lo recaudado por acarreo entrará directamente a la Ciudad, y las empresas recibirán un pago mensual y prestarán un servicio al GCBA, que cubrirá el 100% de la ciudad de manera equitativa”, afirmaron a NU. “En este sentido, los incentivos se enfocan en el orden y la convivencia y no en la cantidad de vehículos acarreados”, sostuvieron. Finalmente, la licitación tendrá diez años de duración.
“El nuevo sistema de acarreo dejará atrás una deuda pendiente que teníamos en la Ciudad desde hacía tiempo”, afirmó Marcelo Fisch, subsecretario de Gestión de la Movilidad. “Estamos dando un paso hacia un servicio público moderno, que actúa en respuesta a las necesidades de los vecinos. Junto con otras mejoras en materia de estacionamiento, como el fin de los parquímetros y reglas más simples, estos cambios van a impactar positivamente en la movilidad”.
Muchas cuestiones siguen omitiéndose. Si la licitación está vencida desde el 2001, ¿qué papel juegan Aníbal Ibarra y Jorge Telerman, ex Jefes de Gobierno porteños? ¿Bajo qué justificativos legales -y con qué complicidades de quiénes firmaron esta trama- se atrasó el lanzamiento de la nueva licitación? ¿Hasta dónde llega esta trampa que termina dañando al fisco y engañando y ofuscando a la sociedad? Lo único claro es que es vital que las futuras gestiones (cualquier signo que sea), de todo el país, deben dejar la pantomima de los privilegios oscuros, las complicidades obscenas como esta, y apostar por la transparencia ya.
