Esta semana no es como cualquier otra en nuestro país. Se pone en juego la Justicia, y cuando ella está en juego muchas cosas entran en crisis. Si la Justicia pasa a ser dependiente del poderoso de turno deja de ser Justicia. Hace mucho que intenta esto el Gobierno nacional. Nada le ha alcanzado. Ahora va por una reforma que pretende llevarse puestas las reglas de juego”, afirmó el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, quien, colocándose en el papel de líder opositor, llamó a la dirigencia política “que cree en la institucionalidad, la democracia, la libertad” a alzar la voz y “demostrar unidad para defender estos valores”. Y como Macri, muchas otras figuras de la política con ambiciones electorales a corto y mediano plazo, encontraron en la denominada “democratización de la Justicia” un motivo para llamar a la batalla contra el kirchnerismo. El “No a la Reforma Judicial K” se convirtió en un grito de guerra opositor, un lema para convocar a la ciudadanía y la militancia no kirchnerista a sumarse a la movilización del #18A.
Mientras un bando se pinta la cara y cual apaches clamando por su jefe Gerónimo se preparan para la embestida con la “democratización” como grito y bandera, otros bandos, casi en una previa de alianzas electorales, comienzan a mostrarse juntos, unidos o agrupados denunciando la “politización de la Justicia”. Pero, más allá de estos términos tan atractivos para la simplificación de los títulos periodísticos, que ubican al kirchnerismo de un lado, al macrismo y sus posibles aliados electorales de otro y a un tercer grupo opositor entre el rechazo al proyecto K y el despegue de la foto con Macri, De Narváez y compañía, lo cierto es que detrás de esta confrontación discursiva hay más puntos de intereses comunes que discrepancias cuando se habla de fuerzas que ejercen el gobierno. En palabras claras, lo que hoy propone el Gobierno nacional para reformar el sistema judicial y que logrará convertir en ley gracias a sus mayorías legislativas es, en gran medida, lo que el Gobierno de la Ciudad intentó llevar a cabo –y sigue intentando– con algunos éxitos y varios fracasos ante la falta de mayoría propia en la Legislatura. El poder se parece mucho a sí mismo, lleve pollera o bigotes.
La reforma del sistema judicial que impulsa el Gobierno nacional es un paquete de seis proyectos de ley, los cuales fueron distribuidos temáticamente entre la cámara que representa a los habitantes y la que representa los intereses de los Estados provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tres de ellos, aquellos que avanzaron en la Cámara de Diputados sin mayores inconvenientes, no representan un alto nivel de cuestionamientos políticos, y en gran medida, muestran grandes similitudes con el sistema judicial de la Ciudad. Los otros tres, los más polémicos, los que fueron tratados en el Senado sin presencia opositora en el debate en comisión, representan las intenciones de un poder político gobernante que encuentra en la Justicia su lugar de control y limitación. Y en este punto, la Ciudad también tiene similitudes.
Proyectos de menor voltaje
Una de las propuestas del Gobierno nacional es la creación de un Registro Público de Causas para mejorar el acceso a la información a través de internet (un sistema similar funciona en la Justicia de la Ciudad desde hace años, permitiendo que se realice la consulta pública de causas ingresando en http://basefuero.jusbaires.gov.ar; también la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuenta con un servicio en www.csjn.gov.ar, donde se publican los fallos completos desde 1994).
Otro de los proyectos que el kirchnerismo impulsa y que la oposición no debería tener mayores razones para cuestionar es el que promueve la obligatoriedad de presentación de las declaraciones juradas del Poder Judicial y el Poder Legislativo, igualando los requisitos exigidos al Poder Ejecutivo. En la Legislatura de la Ciudad, en diciembre del año último, también se trató una reforma del Consejo de la Magistratura local (sin tanto impacto mediático como el propuesto por el kirchnerismo para la Justicia nacional y federal, claro está), que logró la aprobación de un articulado propuesto por el legislador Julio Raffo (Proyecto Sur) mediante el cual se convirtió en ley la obligación de que hasta el 31 de enero de cada año los consejeros presenten la actualización de sus respectivas declaraciones juradas, debiendo presentar una última actualización dentro de los 30 días corridos anteriores a la fecha de finalización de su mandato.
El tercer proyecto tratado en la Cámara baja es el que propone el ingreso democrático en el Poder Judicial mediante la realización de concursos. Las similitudes entre la “democratización K” y la Justicia porteña continúan. Desde 2005 existe en el Consejo porteño un reglamento para Concursos, Promoción e Ingreso del Personal en el ámbito de las Dependencias Judiciales, que prevé la carrera judicial y un sistema de concursos abiertos, asegurando la estabilidad y el ascenso. Pero más allá de la coincidencia a favor del ingreso en el Poder Judicial por medio de concursos, es en los gremios judiciales donde las críticas se exponen con mayor claridad.
Según informó la UEJN que lidera Julio Piumato, entre los motivos para la realización del paro de empleados judiciales iniciado este miércoles se encuentra que, si bien dicho sindicato presentó en 2007 un proyecto para modificar el ingreso en la Justicia, la iniciativa K no plantea el mismo el sistema de ingreso por concurso a los otros poderes del Estado, “omite en la integración del órgano encargado de tomar el examen al representante de la Unión de Empleados de la Nación, impidiendo su transparencia”, además que “oficializa como categoría la modalidad de locación de servicios, una forma de precarización laboral”.
Desde la Asociación de Empleados Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, gremio que integra la FJA, también cuestionaron la inexistencia de participación y control de los sindicatos en el mecanismo de ingreso, y plantearon que “en el Fuero Laboral de la Justicia ordinaria ya existe un sistema de ingreso y promoción similar” que “hubiese bastado con extender y perfeccionar mediante una resolución del Consejo de la Magistratura de la Nación, en el marco de una negociación colectiva con los sindicatos de trabajadores”.
Los más polémicos
En la Cámara alta, aquella integrada por representantes de los Estados, ingresaron otros tres proyectos, dos de los cuales avanzaron de forma exprés al recinto para su aprobación.
El oficialismo nacional propulsa la creación de tres Cámaras de Casación, una en lo Contencioso Administrativo Federal, otra Nacional y Federal del Trabajo y la Seguridad Social, y una tercera Federal y Nacional en lo Civil y Comercial, con el objetivo expreso en el proyecto de descomprimir “el cúmulo de tareas que retrasan” a la Corte Suprema y unificar la jurisprudencia. Si bien desde el kirchnerismo sostienen que la creación de estas nuevas instancias agilizará los procedimientos marcando la línea doctrinaria de la Corte, cierto es también que el recurso ante Casación será una instancia más, que a la Corte se podrá seguir recurriendo y que los jueces que integren estos nuevos tribunales serán seleccionados por un Consejo de la Magistratura que también se pretende modificar, en el que la política partidaria detentará todo su poderío. Más allá de estas críticas, también es cierto que la ley orgánica de la Justicia de la Ciudad contempla en su artículo 29 la puesta en funciones de una Cámara de Casación Penal integrada por 7 miembros, y que si bien aún no está en ejercicio, tiempo antes de la presentación de la propuesta de reforma K, en las filas del Pro se analizaba la posibilidad de avanzar con la Casación porteña en el marco de los acuerdos legislativos que se requerirán en los próximos meses para cubrir el cargo vacante hace años en el Tribunal Superior de Justicia, designar a los futuros titulares del Ministerio Público y renovar la conformación de la Defensoría del Pueblo y del Ente Regulador de los Servicios Públicos.
Si bien son muchas las voces que se alzan desde la oposición al kirchnerismo contra las nuevas Cámaras de Casación, por entender que funcionarán como una instancia afín a los intereses K ante una Corte independiente, también son varios los dirigentes porteños que analizan la constitucionalidad del proyecto dudando de la competencia del Congreso para crear una nueva instancia en la Justicia ordinaria nacional, jurisdicción que debería transferirse y ser competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De los seis proyectos de la reforma judicial, dos son los que representan una modificación estructural, y estos son los que más críticas han generado, incluso de sectores afines al Gobierno nacional: la reforma del Consejo de la Magistratura y la regulación de las medidas cautelares.
El proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura de la Nación no solo plantea la ampliación de los actuales 13 miembros a 19 integrantes, también propone la incorporación de académicos de cualquier disciplina y la designación de los consejeros en representación de los jueces (3), abogados (3) y académicos (6) por medio del voto popular a través de su inclusión como candidatos en las boletas partidarias que participen en elecciones nacionales. Este punto es abiertamente criticado por la dirigencia política opositora al kirchnerismo, que cuestiona que el órgano seleccionador y disciplinador de jueces será conformado directa e indirectamente por candidatos partidarios, dejando en manos de la lista mayoritaria el control del Consejo y ubicando en el espacio de poder únicamente a los candidatos de la primera minoría (no se utilizará el sistema D’Hont sino que la lista mayoritaria ubicará 8 consejeros y la primera minoría 4, y en el congreso el bloque mayoritario designará 4 y las minorías deberán acordar quienes serán los 2 consejeros de la oposición). El restante consejero le corresponde al Poder Ejecutivo. Con esto se alcanzan los 19 miembros.
Pero más allá de las críticas de la dirigencia política opositora, lo cierto es que en esta modificación no son los partidos políticos los que pierden, sino las agrupaciones de magistrados, abogados y académicos, las cuales deberán sí o sí tener que ir atadas a un partido político para poder ser parte del Consejo.
“Este proyecto es a todas luces inconstitucional, no solo por lo que respecta a la representación de los jueces, abogados y académicos en el Consejo de la Magistratura a través del voto popular y no de sus pares; también es inconstitucional, por discriminatorio, impedir que los egresados de universidades privadas participen del jury, y es ilegal pretender que los jueces participen en elecciones nacionales. La Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la 23.298, en su artículo 33 establece las inhabilidades para ejercer cargos públicos electivos, y entre ellas está el ser juez. Expresamente no pueden ser candidatos a cargos públicos ni ser designados para ejercer cargos partidarios ‘los magistrados y funcionarios permanentes del Poder Judicial nacional, provincial y tribunales de faltas municipales’”, sostuvo en diálogo con NU el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo.
Desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación también manifestaron su postura en contra de la reforma K, ya que “se promueve la partidización del Consejo de la Magistratura […] haciendo depender a los jueces de un órgano dominado por la mayoría electoral circunstancial y con un sistema que permite la fácil selección o acusación según el criterio de ese partido, que contará con las dos terceras partes del Cuerpo”.
Un punto no menor del proyecto de modificación del Consejo es el que platea que dicho órgano asuma la facultad de administración de los recursos del Poder Judicial, ejecute el presupuesto otorgado por el Congreso y, en consecuencia, sea el órgano negociador de los incrementos salariales. Por lo tanto, mientras que con las Cámaras de Casación se recorta o demora la llegada de expedientes a la Corte, con la modificación del Consejo se elimina el poder de manejo de recursos que el máximo tribunal nacional detenta desde hace años.
Más allá de las diferencias en la conformación y sistema de designación, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad (integrado por 3 abogados, 3 jueces y 3 representantes de la Legislatura, todos electos por sus pares de acuerdo a la letra de la Constitución local) ejerce el poder de administración de la Justicia y, a partir de una reforma impulsada por el Pro el año último, también la función de “gobierno” del Poder Judicial. En dicha reforma, el macrismo también pretendió, sin éxito, modificar las mayorías para enjuiciar a los magistrados, y logró quitar al Ministerio Público la competencia para negociar salarios convirtiéndose en el responsable de “establecer la política salarial del poder judicial”.
El proyecto de regulación de las medidas cautelares contra el Estado posiblemente será modificado, ya que encontró en una figura afín al Gobierno nacional, en el titular del CELS, Horacio Verbitsky, un alerta sobre la inconstitucionalidad del texto propuesto, pero también un claro mensaje que tal como estaba redactada la iniciativa podría tener un impacto negativo en los recursos judiciales que organizaciones no gubernamentales, legisladores K y defensores públicos plantean contra decisiones del Gobierno de la Ciudad. La iniciativa K propone, con el objetivo de agilizar las sentencias definitivas y evitar el freno de decisiones de gobierno por tiempos prolongados, que las medidas cautelares contra el Estado no puedan extenderse por más de seis meses. También plantea que se prohíban estas medidas de protección preventiva si el bien que se pretende resguardar tiene valor patrimonial, ya que debido a que el Estado nunca es insolvente, la solución al conflicto sería la reparación económica. Verbitsky puso en evidencia el carácter constitucional de la defensa de derechos humanos fundamentales que quedarían desamparados con la nueva regulación de las medidas cautelares y propuso que se extiendan las excepciones a los “sectores en situación de vulnerabilidad, trabajadores y usuarios de servicios públicos”, cuando estén en riesgo las condiciones de vida digna, la salud, el derecho alimentario o la protección del medio ambiente.
La similitud de intereses entre Cristina Fernández y Mauricio Macri es evidente en lo que respecta a la limitación de las medidas cautelares contra el Estado. Cristina, Mauricio, Daniel Scioli o cualquier persona que ejerza el Poder Ejecutivo, sea del partido político que fuera, difícilmente pueda ocultar la simpatía con este último proyecto propuesto por el Gobierno nacional. El propio Jefe de Gobierno porteño cuestionó el uso de las medidas cautelares. Planteó que “usar las cautelares cuando el daño no es irreparable es un abuso y no hay que hacerlo”, ya que “uno no puede usar una cautelar para que el jefe de Gobierno no pueda reemplazar un empleado en la Ciudad”. El líder del Pro también reconoció que en la Legislatura existe un proyecto presentado para limitar el uso de las cautelares con muchas semejanzas a la iniciativa K, que “está trabado hace dos años porque no es prioridad en este momento”.
El proyecto macrista para limitar las medidas cautelares fue presentado en 2008 por los entonces legisladores Martín Borrelli y Marcelo Godoy con la intención de impedir su dictado “cuando la medida solicitada afectase de cualquier forma, total o parcial, la prestación de un servicio público o perjudicara una función esencial de la Administración”. La iniciativa Pro también planteaba que “tampoco procederán medidas cautelares contra el Gobierno de la Ciudad o cualquiera de sus organismos o reparticiones, centralizadas o descentralizadas, cuando los eventuales perjuicios afectaren derechos de contenido patrimonial”. Cualquier semejanza con el proyecto K es pura coincidencia.
