Luego del anuncio y la oficialización por parte del Gobierno nacional sobre la expropiación del predio La Rural, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevere, fue crítico y aseguró, en declaraciones radiales: “No lo esperábamos. Entendemos que ese decreto es una aberración jurídica“.
En diálogo con Radio 10, desmintió irregularidades de la compra del predio, porque “la Sociedad Rural pagó el precio que el Gobierno le fijo a través de tasaciones”. Según Etchevere, esta decisión “es un ataque a la Sociedad Rural y al campo, es una venganza por la 125“.
Por otro lado, el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, señalo que “la decisión del Gobierno Nacional de anular la venta de la sociedad Rural, con base en el procesamiento de ex funcionarios por parte de Juez Federal, resulta claramente arbitraria e ilegal”.
“No existe una declaración de certeza acerca de la ilegalidad de la transferencia, sino una mera probabilidad. Se debió esperar al dictado de una sentencia definitiva en sede penal, o recurrir a un juez para que éste declare la nulidad luego de tramitar un proceso legal. Pareciera una acción confiscatoria, no una medida regular de la administración” agregó diputado radical tras escuchar al Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, anunciando la expropiación del predio de La Rural declarándolo de utilidad pública.
“Sin perjuicio de que un DNU sólo puede ser dejado sin efecto por una ley del Congreso, el Gobierno no hace otra cosa que seguir sembrando inseguridad jurídica”, finalizó Gil Lavedra.
Otros diputados radicales como Jorge Chemes (Entre Ríos), Juan Casañas (Tucumán) y Lucio Aspiazu (Corrientes) criticaron la decisión y aseguraron que “la expropiación de Palermo es una barbaridad que nos asemeja a la dictadura venezolana. Una decisión que debilita aún más nuestra seguridad jurídica y es un ataque directo a una institución centenaria que representa a montones de productores argentinos, como la Sociedad Rural. Una vez más el Gobierno se escuda en supuestos argumentos legales de poca monta para atacar a un sector, el de la producción, cuyo único defecto es no ser parte de la corte del empresariado adicto al oficialismo”.
