Un inesperado decreto presidencial sacudió el clima político, ya encrespado previamente por las manifestaciones callejeras opositoras de los últimos meses y por la multitudinaria respuesta del kirchnerismo el Día de la Democracia, que también llenó la Plaza de Mayo y sus alrededores el 9 de diciembre.
El decreto 2.552, que tiene fecha del 19 de diciembre último, firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, dejó sin efecto el decreto 2.699, por el que el expresidente Carlos Saúl Menem le cedió, el 20 de diciembre de 1991, el predio ferial de Palermo a la poderosa Sociedad Rural Argentina por la módica suma de 30 millones de pesos-dólares.
La medida se inscribe en el enfrentamiento que siempre puso frente a frente a los ruralistas y al peronismo desde 1945. En el final de este año, se enfrentan nuevamente dos modelos de país. Uno de ellos es un resabio del país que creó la Generación del 80, la Argentina agrícola-ganadera: el “Granero del Mundo”. El otro modelo es la Argentina industrial que siempre promovió el peronismo, cuyas políticas históricamente provocaron la ira de los hombres de campo, que se quejan de que son ellos los que financian el desarrollo en beneficio de otros.
Business, dinero y después
Pero existen otras cuestiones más pedestres, en las que están involucrados políticos, empresarios, ruralistas y funcionarios del Gobierno. Hasta hace tres semanas, Francisco de Narváez era el dueño de Ogden, la empresa que desarrolló un megaproyecto para crear un polo de entretenimientos en el predio ferial de Palermo, que incluía la construcción de un estadio para unas 10 mil personas.
Entonces apareció Fénix Entertainment Group, que es la empresa de organización de espectáculos más grande del país, que en agosto le compró su parte al colombiano, quien, si bien había fallado en el intento de construir un estadio –solo un gran pozo quedó como resabio de la obra–, manejaba la organización de ferias y congresos en el predio.
Fénix –que es una empresa con sede en la Argentina– presentó una propuesta para construir en el futuro Polo Audiovisual un estadio para 25 mil personas, que oficiaría como compensación por la pérdida de La Rural.
En este rubro existe una fuerte puja de algunas empresas que organizan eventos, que barajan distintas opciones para erigir varios estadios con capacidad para no menos de 25 mil personas, destinados a explotar la industria del show bussines. Una de las opciones sería construir bajo el futuro estadio de San Lorenzo, en avenida La Plata, un gran shopping y un estadio más pequeño, con cuyo alquiler se financiaría el emplazamiento del Nuevo Gasómetro en su ubicación tradicional.
Paralelamente, el Gobierno porteño viene penando para conseguir –hasta ahora sin resultados– que el sindicato de los empleados estatales le ceda el predio donde se ubica el club de ObSBA, en Comodoro Rivadavia y Avenida del Libertador, para construir su propia sede de eventos.
El predio de la discordia
La propiedad en cuestión posee 45 mil metros de edificaciones y 10 mil de parques, sobre una superficie total de 123 mil metros cuadrados, y está en manos de la Sociedad Rural desde 1875, cuando le fue entregado por el presidente Nicolás Avellaneda por 20 años, que luego se fueron prorrogando hasta la polémica compra del terreno por parte de la SRA durante el gobierno de Carlos Menem.
A partir de la fecha del decreto, el Gobierno de Cristina Fernández le otorgó un mes a la poderosa Sociedad Rural Argentina para que haga efectiva la entrega del predio, que será luego administrado por el Estado nacional. Una vez más, el kirchnerismo reaccionó ante la adversidad arrancando hacia adelante, como lo hizo tras el conflicto con las patronales agropecuarias en 2008 y ante la derrota del propio Néstor Kirchner en las elecciones parlamentarias de 2009.
En aquellas ocasiones, el Gobierno nacional recuperó rápidamente la iniciativa apelando a medidas de fuerte contenido político, como las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Matrimonio Igualitario. Incluso esta última fue la única que votó Néstor Kirchner durante su período parlamentario.
Acosado por las movilizaciones opositoras pero sin perder la iniciativa, el Gobierno aún tiene una fuerte capacidad de respuesta, aunque a veces se enciendan las luces de alarma en la Casa Rosada por ciertas demoras en la puesta en marcha de algunas de sus medidas emblemáticas, como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tres años después de sancionada sigue empantanada en farragosos trámites judiciales.
El decreto 2.552
En cuanto al decreto en cuestión, el Estado decidió no una expropiación, sino la anulación del decreto de cesión firmado por Carlos Saúl Menem y Domingo Cavallo. La Presidenta, para anular la operación, aludió a la existencia del delito de “sustracción del patrimonio del Estado”.
Entre sus considerandos, el decreto 2.552 alegó que “en la Causa Nº 6219/01 caratulada ‘Menem, Carlos Saúl y otros s/Delito de Acción Pública’, en trámite ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 12 (cuyo titular es Sergio Torres), Secretaría Nº 23 (a cargo de Pablo Yadarola), se investiga penalmente la conducta de quienes intervinieron en la operación de compraventa en cuestión: el ex Presidente de la Nación Carlos Saúl Menem y el ex Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos Domingo Felipe Cavallo; Eduardo Agustín Carlos de Zavalía y Juan Alberto Ravagnan, quienes participaron en su calidad de Presidente y Secretario, respectivamente, de la Sociedad Rural Argentina; Raúl Orestes Angelini, Ricardo Isidoro Schapiro y Juan Manuel Insúa, funcionarios del Banco de la Ciudad de Buenos Aires; Jorge Frost, Carlos Alberto Ratto y Daniel Iván Ivakhoff, funcionarios del ex Banco Hipotecario Nacional, y Matías Lucas Ordóñez y Gastón Ramón Figueroa Alcorta, Presidente y Director de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales, respectivamente”.
A continuación, para graficar la gravedad del caso analizado, se aclara que “el citado artículo 261, en su primer párrafo, reprime con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua al funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”.
En la parte resolutiva del edicto, la Presidenta decidió, en el primer artículo, que se revoque “por estar afectado de nulidad absoluta, el decreto Nº 2.699/91, así como todos aquellos actos dictados en consecuencia del citado decreto, por adolecer de igual nulidad”.
Finalmente, la resolución estableció preventivamente que “la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo descentralizado en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con la intervención de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), dependiente de la Presidencia de la Nación, determinará las compensaciones que pudieren resultar de la revocación dispuesta y adoptará las medidas que, en su caso, pudieran corresponder”.
La Rural apeló, paró y cantó
Mientras tanto, el titular de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, confirmó que ya se iniciaron los trámites para que el decreto del Gobierno no se aplique, mientras denunciaba que el decreto 2.552 es una “venganza” por la fracasada Resolución 125, una de las primeras derrotas que sufrió el kirchnerismo en 2008.
“Vamos a ir a la Justicia, vamos a pelear esto porque es un atropello a la propiedad privada, a los derechos adquiridos. Hemos cumplido con creces los cargos de la venta y por eso nos sentimos con la firmeza de poder reclamar esto y llegar a buen puerto”, aseguró Etchevehere.
El miércoles, entre tanto, la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales y la Federación Agraria se negaron a comercializar sus productos, por lo que al Mercado de Hacienda de Liniers entraron 1.382 cabezas de ganado, contra las seis o siete mil que se transan habitualmente.
El jueves a las 19, una pléyade estelar cantó el himno en las puertas de La Rural para repudiar la medida gubernamental. Lita de Lázzari, Lilita Carrió, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Cristiano Rattazzi, Gabriela Michetti y el rabino Sergio Bergman formaron parte del coro de protesta, en solidaridad con los ruralistas.
Al día siguiente, la jueza Civil y Comercial Silvina Bracamonte, rechazó un pedido de la Sociedad Rural Argentina que buscaba frenar, mediante una medida cautelar, la vuelta del predio ferial de Palermo al Estado. En su rechazo, la magistrada consideró improcedente el pedido hasta tanto no se resuelva la denuncia planteada por la entidad agropecuaria en contra del decreto presidencial 2552.
Un poco de historia
La casa de Juan Manuel de Rosas, el gobernador de Buenos Aires, estaba situada hacia 1838 en la esquina de las actuales Avenida del Libertador y Sarmiento, no lejos del río. Rosas ocupaba las habitaciones que daban al este, y su hija Manuelita, las que se enfrentaban con el oeste.
El predio que hasta ahora perteneció a la Sociedad Rural formaba parte de la propiedad del Restaurador de las Leyes, que se extendía, de norte a sur, desde la avenida Quintana al arroyo Maldonado y, de este a oeste, desde la orilla del Río de la Plata, que llegaba hasta cerca de la Avenida del Libertador, hasta la actual avenida Santa Fe.
El 3 de febrero de 1852 se produjo la Batalla de Caseros, que no fue parte de una guerra civil sino el último combate de la Segunda Guerra argentino-brasileña. Allí Rosas cayó derrotado y todas sus posesiones fueron expropiadas por los vencedores, que utilizaron para tal fin el decreto 1.474, fechado el 16 de febrero de ese mismo año.
Años después, en 1869, Bartolomé Mitre instaló el Colegio Militar en la antigua residencia de Rosas, hasta que, cuando fue trasladado a San Martín, se decidió ubicar allí la Escuela Naval, que duró en el lugar hasta 1899, cuando se mudó al Palacio Videla Dorna, en Caballito.
El 2 de febrero de ese año, el intendente Adolfo Bullrich le puso fin a uno de los últimos vestigios que quedaban del paso de Rosas por la historia argentina, mediante el sencillo y perverso recurso de dinamitar la casa y luego hacer desaparecer hasta sus escombros.
Casi como una provocación, en el mismo lugar en el que se erigían los aposentos del Restaurador fue emplazada la estatua de Domingo F. Sarmiento, uno de sus más encarnizados enemigos.
El parque que se desarrolló en la zona tras la dinamita fue bautizado 3 de Febrero, conmemorando la fecha de la derrota de Rosas, y precisamente la parte occidental del predio albergó a la Sociedad Rural, hasta que fue recuperado para el Estado unos días atrás.
OPINIÓN
“La recuperación del predio del parque 3 de Febrero es un acto de estricta justicia”
Por Alejandro C. Tarruella *
El predio de la Rural forma parte del parque 3 de Febrero y es de “el dominio público del Estado nacional”, por lo cual, la recuperación para el Estado dispuesta por Cristina Fernández de Kirchner es una medida de un gobierno que actúa con justicia. La historia dice que fue Sarmiento quien envió al Congreso Nacional en 1874 el proyecto de ley 658, que creaba el parque nacional 3 de Febrero.
El parque, construido en tierras que se expropiaron a Juan Manuel de Rosas, se inauguró el 11 de noviembre de 1875 ante el presidente Avellaneda. El nombre del parque recordaba la caída de Rosas frente a Urquiza y soldados brasileños. En 1875, el predio del parque fue otorgado a la SRA por 20 años. Luego se registraron varias prórrogas. La Constitución de 1853, en el artículo 75 (artículo 75 inciso 6 luego de la reforma constitucional de 1994), establecía que solo el Congreso podía disponer su uso y enajenación porque se trataba de “tierras de propiedad nacional”. Las concesiones fueron aprobadas por el Congreso.
Carlos Menem violó la Constitución porque con su ministro de Economía, Domingo Cavallo, por decreto 2.699/91, vendió el predio a la SRA, caracterizándolo como un inmueble de dominio privado del Estado nacional “innecesario para su gestión”. La venta ilegal se fijó en 30 millones de dólares, diez veces debajo del valor en el mercado. Se abonaría, según las ventajas que dio Menem, el 10 por ciento a la firma del boleto y luego diez cuotas anuales, con dos de gracia. Al producirse la entrega, Eduardo de Zavalía, titular de la SRA, dijo que los terrenos podían “valer unos 300 millones de dólares”.
El 27 de mayo de 1992 quedó firmada la escritura traslativa de dominio que consumaba la apropiación del predio de 12 hectáreas, y el incumplimiento de la Constitución nacional por el gobierno de Menem. La Asociación Amigos del Lago de Palermo y otras organizaciones de vecinos exigieron la nulidad de la cesión de ese dominio público del Estado nacional.
En 1995, la empresa Ogden Rural, con dirección en un paraíso fiscal y de la que era socio el ex embajador gringo James Cheek, anunció la construcción de un estadio deportivo para 7.000 espectadores, un shopping de tres pisos, un teatro para 2.500 personas, 18 cines, bares y restaurantes entre otros.
Luego vino el crédito de Duhalde (Banco Provincia), que dio 106 millones de dólares a Ogden para esas obras que jamás se realizaron. El crédito quedó impago y la empresa quebró antes de su venta a De Narváez. La ilegalidad crecía como un fantasma y, por eso, sorprende que constitucionalistas como Ricardo Gil Lavedra salgan a los medios a defender la apropiación de la SRA cuando no hay duda de que se trata de un acto ilegal. De ahí que el precio vil de la venta es un elemento más de las diferencias que tiene el gobierno frente a la empresa de De Narváez. La medida de recuperar lo que pertenece al Estado es un acto propio de gobiernos que respetan el orden democrático, el Estado de Derecho, y actúan en favor de los intereses de la sociedad.
* Periodista, autor de Historia de la Sociedad Rural Argentina (Planeta, 2012).
