El Gobierno despide a Alberto Abad con honores y refuerza su versión oficial: que el ahora extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) abandona la función pública y ya. Que nada tiene que ver con las versiones que apuntaban a que el funcionario optó por una salida elegante ante las presiones internas para que conceda facilidades de pago a dos enemigos íntimos con enormes deudas con el Estado: OCA, que algunos señalan que está bajo la influencia de Hugo Moyano, y el Grupo Indalo, de Cristóbal López, recientemente liberado. Esa suspicacia se acrecentó cuando el Gobierno anunció el nombre del nuevo titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, quien, según los Paradise Papers, mantuvo negocios con Ignacio Rosner, el supuesto comprador del Grupo Indalo.
En ese contexto, el Gobierno, a los pocos días de “escandalizarse” con el fallo de la Cámara Federal que le devolvió la libertad al empresario, resolvió apuntar directamente dos vínculos que el Grupo Indalo mantenía con el Estado nacional: uno que había comenzado bajo el mandato de Cristina Fernández de Kirchner y otro que, llamativamente, comenzó bajo el gobierno de Mauricio Macri. A través del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), que está bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que conduce Rogelio Frigerio, resolvió rescindir dos contratos por obras públicas que el Grupo Indalo, mediante la empresa CPC, mantenía con el Estado por una obra en Bariloche y otra en Comodoro Rivadavia. Además, según aseguraron a Noticias Urbanas, el objetivo es recuperar el dinero porque consideran que hubo un “abandono” en las obras y reiterados incumplimientos contractuales que derivaron en la ruptura unilateral del contrato.
El administrador del Enohsa, Luis Germán Jahn, aseguró a este medio que tanto la obra de repotenciación del sistema de acuerdos Lago Musters, en Chubut, como la obra del colector costero de Bariloche fueron “abandonadas”, aunque la primera llegó a realizarse en un 90 por ciento, mientras que la otra nunca llegó a ejecutarse, a pesar de que la empresa cobró los anticipos de obras que ahora reclama el Estado. Jahn explicó que la del Lago Musters se inició en 2013 pero que ya está vencido el plazo para terminarla, que estaba previsto para 2015. Además, en ese contrato se añadió una obra adicional que es algo que “tendría que haberse licitado por separado”, porque si bien “no está prohibido adicionar, se puede hacer por un monto de hasta 20 por ciento del contrato original, y esa contratación excedía lo permitido porque superaba el 80 por ciento”. Lo llamativo es que el Gobierno ya había impulsado a finales de 2016 una denuncia sobre esa obra por “sobreprecios”, que derivó en una causa que puso en marcha la Oficina Anticorrupción, aunque, a pesar de eso, no decidió rescindir el contrato como ahora sí estuvo decidido a hacerlo.
“A esta obra le falta un 10 por ciento para ser terminada y solucionar los problemas de agua que tiene Comodoro Rivadavia y las localidades circundantes. Estamos tratando de encontrar una manera de lograr su finalización, porque a partir del último trimestre del año pasado, la empresa empezó a atrasarse con su plan de trabajo y también en los pagos. Hacía cada vez menos y hasta dejaron de pagarles el sueldo a los obreros”, relató el funcionario, que anticipó que lo más probable es que la concluya el propio Estado nacional con asistencia de los proveedores que mantendrán luego el acueducto. Sin embargo, también barajan un ofrecimiento de Santa Cruz que se postuló para concluirla con su empresa de servicios provincial. Otra rareza de esta historia. “Nos dimos cuenta –dijo Jahn– de que la empresa quería ganar tiempo y no lográbamos ninguna definición al respecto. Eso nos llevó a tener que rescindir el contrato para hacernos cargo y poder reiniciar los trabajos”. El Enohsa siempre intentó, hasta ahora, lograr que el Grupo Indalo la concluyera, incluso una vez detenido Cristóbal López. El administrador del ente reconoció que mantuvo incluso una reunión con Rosner y que durante la misma se presentó como “el nuevo propietario” del grupo, contradiciendo las declaraciones de López, que lo sindica como un simple CEO designado por él y su socio Fabián de Sousa, otro de los que salió en libertad en la misma causa en la que se lo acusa de haberse apropiado indebidamente de tributos, es decir, dinero de todos.
En Bariloche, la otra obra rescindida, “prácticamente ni se inició y lo único que hicieron fue percibir el anticipo de obra que corresponde y comenzar con los trámites y permisos correspondientes ante el municipio, pero nunca los pudieron obtener. Entregaron parcialmente la ingeniería y después no han hecho prácticamente nada”, afirmó Jahn. Cobraron “28 millones de pesos” en carácter de anticipos, que el Gobierno podría recuperar a través de los seguros que se contratan en la obra pública como garantía del cumplimiento, aunque por el momento la gestión está en un proceso administrativo que luego podría derivar en una causa judicial por el incumplimiento contractual, pero además por “daños y perjuicios”, aseguró el funcionario.
“Para nosotros, el contratista ha abandonado ambas obras. Ha incumplido con las obligaciones contractuales y hay prácticamente un abandono de obra que uno puede ver cuando las recorre”, sostuvo. En Bariloche, el objetivo es volver a licitarla con las mismas condiciones que la anterior, pero dicen que si llega a instancias judiciales deberá ser el Poder Judicial el que lo autorice.
Mientras tanto, Cristóbal López amenaza a través de la televisión con recuperar todas sus empresas, y, aunque el Gobierno desconfíe del fallo que lo puso en libertad, el propio Macri anunció que apelarán la sentencia y expresó su preocupación por el cambio de carátula que deja en una situación más favorable a Ricardo Echegaray, el extitular de la AFIP. En ese organismo, la próxima semana asumirá Cuccioli, a quien el primer mandatario respalda fuertemente ante las acusaciones que lo vinculan con Rosner: “Esas son trasnochadas de gente a la que le cuesta dormir a la noche y empieza a inventar cosas. Es un hombre joven, brillante, que yo tuve la suerte de conocer en la gestión”. Los Paradise Papers confirman el vínculo y hasta desde el entorno del nuevo funcionario se dice que incluso se excusará de intervenir en el conflicto con las empresas de López. Macri también aseguró que se buscará comprador para las empresas y que esa plata será destinada a un fondo para pagar las deudas, aunque según sus propias palabras es poco probable que se recupere todo el dinero. Y en el medio, una vez más, los trabajadores en estado de alerta y otro vaciamiento en puerta. La misma historia de siempre.