En el juicio caratulado como “Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio c/ Superintendencia de Riesgos del Trabajo s/ Medida Cautelar”, la titular del Juzgado Laboral N° 4, Laura Castagnino, dispuso el 16 de Agosto “…hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora y disponer la suspensión de la Resolución SRT N° 760/17 por el plazo de 6 meses o, en su caso y de ocurrir antes, la sentencia definitiva que recaiga en el proceso principal”.
La Resolución SRT N° 760/17 creó el denominado Sistema Integral de Registro para el Estudio de la Litigiosidad del Sistema de Riesgo del Trabajo (S.I.R.E.L.), en el que se debían asentar los datos personales de los trabajadores –y sus abogados patrocinantes- que iniciaran juicios por enfermedades o accidentes del trabajo planteando la inconstitucionalidad de la Ley 27.348, que fue sancionada por iniciativa del Presidente Macri y que obstruye el acceso de los trabajadores a la Justicia.
La misma magistrada había dictado el día siete de agosto una medida interina hasta tanto la SRT presentara un informe sobre las razones que avalaran su resolución. Una vez presentado éste, la jueza consideró que la SRT no logró justificar la creación del Registro que “…solo apunta a identificar a los litigantes y sus letrados, así como al órgano jurisdiccional que pueda emitir una sentencia de condena” lo que colisionaría con disposiciones legales y constitucionales.
El juicio fue iniciado por la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio y a la presentación adhirieron luego la CTA de los Trabajadores y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, entre otras entidades.
Voceros de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio señalaron que la resolución de la Superintendencia se enmarca en los ataques del Presidente Macri contra los trabajadores que deben acudir a la Justicia en resguardo de sus derechos, contra los abogados que los representan y contra los jueces que aplican las leyes que garantizan los derechos laborales, a la que calificaron como estigmatizante, porque tiene como real finalidad armar una “lista negra” que es un instrumento que viola la Ley de Protección de Datos Personales, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
