La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) hizo público un informe que reveló incumplimientos en la Ley y falta de transparencia por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En diciembre de 2018, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 6114/2018 de Transparencia Presupuestaria con el objetivo de garantizar el acceso ciudadano a la información sobre el presupuesto, su planificación y evaluación. Sin embargo, este informe de la AGCBA evidencia que su implementación está lejos de ser completa.
Según el auditor general Lisandro Teszkiewicz “la reglamentación de la Ley resulta incompleta desde su propia estructura, teniendo 10 de sus 16 artículos sustantivos aún sin reglamentar. Esta falta afecta directamente a los dos principios claves de la ley. Por un lado el espíritu de transparencia y por el otro promueve es la desvinculación entre el ciudadano y el Estado, en vez de incentivar la participación ciudadana”.
Uno de los puntos críticos señalados en el informe es la ausencia de instancias de Participación Ciudadana y de Asociaciones Civiles en el proceso de planificación y evaluación del presupuesto, tal como así establece el artículo 2° de la ley y prevé la Constitución de la Ciudad. Sumado a esto, la página web destinada a ofrecer información presupuestaria abierta y desagregada no brinda acceso a información sobre el Gasto por Inciso ni Partida Principal como tampoco permite acceder a la distribución del Gasto por Objeto para cada Unidad Ejecutora, ni por Clasificación Económica. En síntesis, no cumple con estos estándares necesarios y básicos de la ley.
En ese marco, el auditor peronista destacó: “No se desarrollaron ni manuales, ni procedimientos sobre Transparencia Activa, lo que limita el acceso de los ciudadanos a información clara y detallada sobre el presupuesto de la ciudad”. Esta falta de mecanismos y herramientas efectivas para la intervención por parte del ciudadano, pone en duda el compromiso del gobierno con la ley sancionada y con la transparencia presupuestaria. El informe concluye que, debido a las debilidades encontradas y la falta de implementación de aspectos sustantivos de la ley, el avance en su aplicación es apenas incipiente. “La implementación de la ley es, por ahora, una ficción publicitaria”,
Teszkiewicz subrayó la necesidad de un compromiso real por parte del gobierno para cumplir con las normativas y principios establecidos en la norma jurídica.
“La ciudadanía sigue esperando que el gobierno del Pro aplique esta ley. El derecho a la información es un derecho básico y elemental de todo ser humano. Se necesita un acceso real y efectivo a la información presupuestaria que garantice una participación activa en la planificación y evaluación del presupuesto que se maneja”, concluyó el auditor de Unión Por la Patria.