La situación de la empresa Vicentín sigue en el centro de la escena y este mismo domingo, el presidente Alberto Fernández volvió a hablar del tema y avaló la expropiación al decir: “Me preocupa que una empresa importante termine en manos de capitales extranjeros”.
Por otra parte, la Unidad de Información Financiera (UIF) aportó información y pidió ser querellante en la causa penal que investiga a los ejecutivos de Vicentín y al extitular del Banco Nación Javier González Fraga por el préstamo que recibió la empresa agropecuaria durante la gestión de Mauricio Macri.
Además, el organismo pidió evaluar embargos preventivos a la empresa y la inhibición general de bienes de los imputados en la causa: Macri, González Fraga, el extitular del BCRA Guido Sandleris y dos directivos de la empresa, Alberto Padoan y Gustavo Nardelli.
En su escrito, la UIF se concentró en el devenir de la empresa durante la gestión de Macri: dijo que Vicentín tuvo un crecimiento “exponencial” entre 2015 y 2018 gracias a un privilegiado acceso al crédito y subrayó que a fines de 2019 comenzó a incumplir con las obligaciones a las que se había comprometido, anunció su estado de cesación de pagos y solicitó la apertura de su concurso preventivo.
Según La Nación, el organismo antilavado consideró ” llamativo” que Vicentín haya asumido un alto volumen de deuda mientras canalizaba las operaciones de exportación mediante dos firmas del holding, Renova y Vicentín Paraguay.
En particular, l a UIF pidió que la Justicia investigue las operaciones offshore de la multinacional Glencore, socia de Vicentin en la planta de molienda Renova.
El juez federal Julián Ercolini investiga si el Banco Nación autorizó de manera irregular a la cerealera a acumular una deuda de $18.500 millones en contra de las normativas del banco. La causa surgió por una denuncia de un particular basada en un informe elaborado por el actual director del Banco Nación, Claudio Lozano, quien, al asumir, analizó la situación económica de la firma y consideró que “el proceso de endeudamiento” que acumuló Vicentín con el BNA “superó los límites a los que podía acceder la firma”.
Alberto Fernández y Vicentín
Por su parte, este domingo, el presidente Alberto Fernández defendió la decisión de intervenir la empresa cerealera Vicentin y ratificó que el próximo paso para que el Estado se termine de apropiar de la agroexportadora es la expropiación. “Lo que hicimos es rescatar a Vincentin de un camino seguro al precipicio”, dijo.
“Quiero ser franco, no me gusta mentir, ni macanear a la gente, ni tergiversar las cosas. Cuando yo llegué al Gobierno el 10 de diciembre, ya me venían hablando todos los dirigentes de Santa Fe, empezando por el gobernador, del tema de Vicentín”, señaló sobre la empresa que a principios de diciembre anunció un proceso de cesación de pagos con sus proveedores debido a un “estrés financiero”.
“Desde entonces vienen diciendo que Vicentin está en caída libre, que ningún productor le lleva sus granos a Vicentin, que vive de alquilarle a otros sus instalaciones, que en estos términos no tiene futuro. Escuché todo eso, después vi las investigaciones que se hicieron en el Banco Nación y cómo esos créditos fueron evolucionando. Eso termina en una denuncia penal que se está investigando y después la UIF se presenta como querellante en esa causa a partir de un reporte de operaciones sospechosas que recibe sobre la empresa. Entonces ya la preocupación es muy grande”, sostuvo. “Nos hizo decir: ‘¿Cuánto tiempo más podemos mirar nosotros esto sin intervenir?’”.
“El único instrumento que había abierto para rescatar Vicentin es la expropiación, el Estado no tiene otro elemento”, aseguró el Presidente
“La verdad es que me preocupó mucho que la empresa termine en manos de capitales extranjeros. En la Argentina hay siete cerealeras y cuatro de ellas son de capitales extranjeros. Para nosotros, ese mercado es muy importante porque gran parte de las exportaciones vienen por ese mercado”, señaló en diálogo con Radio 10.
“¿Qué hicimos nosotros? Rescatar a Vicentin. Rescatarla de lo que es un camino seguro al precipicio, que termina con la quiebra o con el paso a manos privadas y capitales extranjeros”, agregó Fernández.
Y además, manifestó: “Los productores agrícolas son rehenes de las cerealeras porque ellos son los que fijan los precios del mercado. El problema es que haya mayor concentración del mercado, que ya está concentrado. No queremos la extranjerización de la empresa. Nuestra mayor fortaleza es la producción y exportación de cereales”:
“Entonces, lo que yo advertí es que el riesgo es muy grande y que seguramente al Estado no le haría mal tener una empresa testigo como lo es YPF en los hidrocarburos. Una empresa testigo no supone la intervención de otras empresas”, finalizó.