La Justicia Federal de Bariloche ordenó un allanamiento a la estancia Lago Escondido, propiedad del magnate inglés Joe Lewis, para secuestrar documentación de interés en la causa que investiga el viaje realizado por magistrados nacionales, funcionarios del gobierno porteño y empresarios en octubre.
El procedimiento se realizó el lunes. También en San Fernando, provincia de Buenos Aires, la Policía Federal allanó las oficinas y el hangar de Flyzar, la empresa propietaria del avión en el que el grupo se trasladó hasta Bariloche.
La fiscal de Bariloche Cándida Etchepare impulsó la investigación por la presunta comisión de delitos vinculados con el pago y la aceptación de dádivas, tráfico de influencias, falsedad ideológica y violación de los deberes de funcionario público. En paralelo el Gobierno nacional pidió juicio político para los jueces que participaron de la comitiva que luego trascendió por la revelación de chats para encubrir el viaje.
Los investigados en esta causa son los jueces Julián Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Pablo Yadarola (Penal Económico), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal) y Carlos Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal); el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro; el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth y el presidente de la agencia de comunicación Mediabit S.A. Tomás Reinke.
El allanamiento y los resultados
La propia jueza Silvina Domínguez encabezó el procedimiento que se habría extendido hasta la mañana del martes.
Según se conoció, en el procedimiento fueron secuestrados teléfonos celulares -entre ellos el del presidente y administrador de la empresa-, biblioratos y documentación contable, facturas sospechosas y las cámaras de seguridad de la estancia.
La semana pasada declaró un directivo de Hidden Lake, la empresa que administra la estancia, quien aportó las facturas emitidas en favor de algunos de los denunciados por la suma de 605 dólares cada una.
La fiscal advirtió una discordancia con el momento en el que se habrían alojado los integrantes del llamado grupo «Huemules», ya que el servicio se brindó los días 13, 14 y 15 de octubre, mientras que los comprobantes datan del día 28.
Señaló además que no había facturas a nombre de dos integrantes del grupo que no detentan cargos públicos, como Bergroth y Reinke.
La fiscal también imputó a Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación, quienes no habrían compartido el vuelo con el resto de los imputados pero sí se reunieron con ellos en el aeropuerto de Bariloche.
En el requerimiento de instrucción, la fiscal detalló que el avión en el que se trasladaron la mayoría de los investigados pertenece a una empresa que posee un nombre de «fantasía», conocido como «Flyzar», que pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona. Las copias de las facturas emitidas en favor de los denunciados tienen fecha el 13 de octubre, en muchos casos, por 120.000 pesos, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de 120.000 y 60.000 pesos, respectivamente.