El miércoles llegó la nota a la Legislatura. La misma estaba firmada por el ministro de Hacienda del Gobierno de la Ciudad, Martín Mura, y en ella se pedía una prorroga a los legisladores para que la administración de Horacio Rodríguez Larreta pudiera presentar el Presupuesto 2021. El Presupuesto tiene como fecha límite para ser presentado en la Legislatura el 30 de septiembre.
Mura explicó en la carta que “la elaboración y la ejecución del presupuesto contribuye al dinamismo de los factores económicos de la sociedad, y define las prioridades del Gobierno en materia de salud, educación, seguridad y asistencia a los sectores menos favorecidos, como así también al estímulo de las distintas actividades comunitarias que se desarrollan en el ámbito social” y culpó al Gobierno de Alberto Fernández por la demora: “Recientemente el Gobierno Nacional mediante el dictado del Decreto 735-PEN-2020 por el cual redujo unilateralmente el porcentaje de coparticipación que recibe la Ciudad en 1.18%, ha violado el andamiaje jurídico-tributario vinculado a la coparticipación federal producto invariable y sistemático de actos bilaterales entre ambas jurisdicciones”.
“Ante la gravedad del escenario descripto se instruyó a la Procuración General para que promueva acción judicial contra el Estado nacional, lo que así se hizo, encontrándonos a la espera de una pronta resolución y que la Procuración General de la Nación en su dictamen se ha pronunciado a favor de que la Corte Suprema de Justicia sea el tribunal donde tramite el citado planteo, reconociéndose así una vez más el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con que cuentan las Provincias”, agregó el ministro.
Y volvió a criticar al Gobierno nacional al señalar: “Un Proyecto de Ley en el cual se propone un mecanismo aún más gravoso para la Ciudad de Buenos Aires por el cual no solo reduce aún más lo establecido en el decreto antes mencionado sino que propone establecer, nuevamente de manera unilateral un valor de transferencia de $24.500 millones, fijado a partir del año 2020, el cual formará parte anualmente del presupuesto nacional, eliminando así toda intangibilidad y automaticidad de los recursos”.
“Estas medidas unilaterales e intempestivas que afectan el normal desenvolvimiento de la administración pública de la Ciudad de Buenos Aires, fueron impulsadas por el Gobierno nacional en un contexto sanitario agravado por las derivaciones provocadas por la Pandemia del COVID-19. La imprevisibilidad del actual contexto por lo antes mencionado y la reducción actual unilateral que disminuye los recursos con el impacto que esto produce, hacen imposible poder cumplir con algunos de los principios básicos de la formulación presupuestaria como el de factibilidad, que presupone planificar objetivos posibles de alcanzar teniendo en cuenta los recursos financieros, físicos, humanos y técnicos y el de continuidad por el que el presupuesto anual debe apoyarse en el resultado de ejercicios anteriores para dar continuidad en el cumplimiento de los servicios a cargo de la Ciudad”, señaló el ministro.
El texto completo de la carta enviada a la Legislatura:
El Presupuesto Público es la principal herramienta con la que cuenta un gobierno para promover el bienestar social y al mismo tiempo constituye la expresión de su Plan de Gobierno.
La elaboración y la ejecución del presupuesto contribuye al dinamismo de los factores económicos de la sociedad, y define las prioridades del Gobierno en materia de salud, educación, seguridad y asistencia a los sectores menos favorecidos, como así también al estímulo de las distintas actividades comunitarias que se desarrollan en el ámbito social.
Recientemente el Gobierno Nacional mediante el dictado del Decreto 735-PEN-2020 por el cual redujo unilateralmente el porcentaje de coparticipación que recibe la Ciudad en 1.18%, ha violado el andamiaje jurídico – tributario vinculado a la coparticipación federal producto invariable y sistemático de actos bilaterales entre ambas jurisdicciones.
Ante la gravedad del escenario descripto se instruyó a la Procuración General para que promueva acción judicial contra el Estado Nacional, lo que así se hizo, encontrándonos a la espera de una pronta resolución.
Por su parte, recientemente, la Procuración General de la Nación en su dictamen se ha pronunciado a favor de que la Corte Suprema de Justicia sea el tribunal donde tramite el citado planteo, reconociéndose así una vez más el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con que cuentan las Provincias.
Por otro lado, a lo antes mencionado debe adicionarse la también reciente remisión al Honorable Congreso Nacional por parte del Poder Ejecutivo Nacional de un Proyecto de Ley en el cual se propone un mecanismo aún más gravoso para la Ciudad de Buenos Aires por el cual no solo reduce aún más lo establecido en el decreto antes mencionado sino que propone establecer, nuevamente de manera unilateral un valor de transferencia de $24.500 millones, fijado a partir del año 2020, el cual formará parte anualmente del presupuesto nacional, eliminando así toda intangibilidad y automaticidad de los recursos.
Estas medidas unilaterales e intempestivas que afectan el normal desenvolvimiento de la administración pública de la Ciudad de Buenos Aires, fueron impulsadas por el Gobierno Nacional en un contexto sanitario agravado por las derivaciones provocadas por la Pandemia del COVID-19.
La imprevisibilidad del actual contexto por lo antes mencionado y la reducción actual unilateral que disminuye los recursos con el impacto que esto produce, hacen imposible poder cumplir con algunos de los principios básicos de la formulación presupuestaria como el de factibilidad, que presupone planificar objetivos posibles de alcanzar teniendo en cuenta los recursos financieros, físicos, humanos y técnicos y el de continuidad por el que el presupuesto anual debe apoyarse en el resultado de ejercicios anteriores para dar continuidad en el cumplimiento de los servicios a cargo de la Ciudad.
En este complejo contexto, resulta necesario contar con mayor precisión respecto de los recursos con los que cuenta esta Administración y hacer un profundo análisis de los mismos, lo que implica indudablemente, una demora en la elaboración final y posterior presentación de la modificación al Código Fiscal, de la Ley Tarifaria y del Proyecto de Ley de Presupuesto 2021.
Sin perjuicio de ello, el Poder Ejecutivo se compromete y garantiza su participación ante la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de ese cuerpo Legislativo, con el objeto de informar de manera detallada el alcance de los proyectos.