El cuento de nunca acabar aparentemente estaría llegando a su fin. Finalmente, parece que existe una luz al final de los túneles del subterráneo, si es que el diablo no inserta su rabo. Tantos y tan inútiles fueron los conflictos que se sucedieron a lo largo de este año que es de gente precavida –como este cronista– utilizar el condicional, porque podría ser que esto fuera un espejismo, todo volviera al principio y nada hubiera cambiado.
Esta introducción viene a cuento porque, inesperadamente, el Jefe de Gobierno porteño, luego de un desgastante conflicto de casi once meses, aceptó, “a pesar de que esta decisión tenga costos políticos”, que tenía que hacerse cargo de la operación del subte. En el proyecto, que la semana próxima su administración enviará a la Legislatura, los voceros del oficialismo porteño aseguraron que no hay ninguna propuesta que signifique un aumento de tarifas, “por ahora”, concordando con lo que este miércoles declaró públicamente la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal. Sin embargo, muchas fuentes consultadas entienden que es difícil que el precio pueda sostenerse en el mediano plazo sin los subsidios del Gobierno nacional.
Entretanto, como la sangre nunca llega al río –esto es la política y no un conflicto bélico–, funcionarios de los gobiernos nacional y porteño siguen reuniéndose para negociar algún tipo de subsidio, aunque hasta ahora, como aseguran algunos voceros del Ejecutivo de la Ciudad, “la única negociación exitosa fue la de la semana última, en la que votamos juntos varios proyectos de ley”. En ese marco, el jefe de Gabinete de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que reclamarán el traspaso de los fondos del subte al Gobierno nacional y que si no se los dan, recurrirán a la Justicia.
Este viernes por la tarde, el jefe de Gobierno se reunió con legisladores de su bloque y de la oposición para hablar sobre el proyecto de traspaso. Apenas terminado el encuentro, una parte de la oposición mostró su desilusión por la poca información obtenida. Fernando Sánchez, presidente del bloque de la Coalición Cívica, expresó: “El Jefe de Gobierno porteño solamente se comprometió a sostener la decisión de asumir la gestión de subterráneos pero no divulgó ningún otro contenido. Nos comunicó que en una semana va a enviar un proyecto de ley a la Legislatura, pero no pudimos saber si los 800 millones que se requieren por año para el subte van a provenir del aumento de impuestos, de la reasignación de partidas o del aumento de tarifas”.
Por su parte, Alejandro Bodart (presidente del bloque MST-Proyecto Sur) emitió un cuestionamiento más duro contra las intenciones de Macri. “Lamentablemente –afirmó– su único plan es seguir con Metrovías, que es más de lo mismo y ya demostró su fracaso. Por eso barajan aumentos de impuestos o del boleto para seguir subsidiando la ganancia privada”.
CRONOLOGÍA DE UN CONFLICTO
El 3 de enero de este año, los gobiernos nacional y porteño elaboraron un acta de transferencia del subterráneo, con una transición de 90 días, en la que se iban a discutir solo aspectos técnicos.
Solo 48 horas después, el Gobierno porteño, estrenando el uso de sus facultades en esta etapa, decidió incrementar la tarifa en un 127 por ciento, por lo que su costo, que era de 1,10 peso, llegó a 2,50.
Después de varios cruces entre los funcionarios, en el mes de febrero Mauricio Macri se permitió dudar de que el traspaso se concretara finalmente. El 28 de marzo, el oficialismo porteño falló en su intento de aprobar en la Legislatura una declaración de rechazo de la transferencia del subterráneo y 33 líneas de colectivos cuyos recorridos no salen del perímetro de la Ciudad de Buenos Aires. El Jefe de Gobierno quería quedarse con la supervisión de los servicios, pero también con los subsidios, un dinero que el Gobierno nacional no estaba dispuesto a transferir.
El mismo día, el Congreso Nacional sí aprobó la ley que decidía el traspaso del subterráneo y las líneas de colectivos que nacen y terminan dentro de la Ciudad, mientras que los voceros del Pro alegaban que solo la Legislatura tenía competencia para decidir sobre el tema.
La inestabilidad que generaba un conflicto en el que el Congreso había votado una ley que el Poder Ejecutivo de la Ciudad se negaba a aceptar derivó en la indefinición de las paritarias entre la empresa Metrovías y el nuevo organismo gremial que representaba a los trabajadores del subterráneo.
El 3 de agosto, los trabajadores nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (ATGSyP) comenzaron un paro que duró diez días, que el presidente de Subterráneos de Buenos Aires-Sociedad del Estado (Sbase), Juan Pablo Piccardo, calificó como “salvaje”. Antes, los trabajadores habían protagonizado una huelga de 48 horas y en varias ocasiones habían abierto los molinetes, permitiendo que los usuarios utilizaran el servicio sin pagar.
El 27 de agosto, la jueza del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario porteño Patricia López Vergara le ordenó a Macri que utilizara los fondos que el Estado nacional había depositado en una cuenta en el Banco Nación, que alcanzaban 210 millones de pesos. En su fallo, la magistrada utilizó la palabra “despropósito”, que definía con bastante exactitud los disparates que se venían sucediendo.
Finalmente, como en las buenas películas de suspenso, en las que la tensión se hace casi insoportable, Macri anunció este martes 13 de noviembre (¿un presagio?) su aceptación a hacerse cargo del control de la operación del subte, sin privarse de efectuar fuertes críticas al Gobierno nacional, al que le atribuyó las responsabilidades primarias por el conflicto.
ANOCHECER DE UN DÍA AGITADO
Dos horas antes del anuncio de Macri, el bloque del Pro en la Legislatura porteña, encabezado por el vicepresidente primero de la institución, Cristian Ritondo, recibió a los representantes de los trabajadores del subterráneo, en un gesto inusual que presagiaba lo que ocurriría después. El propio vocero de los gremialistas, el secretario general de la AGTSyP, Roberto Pianelli, planteaba ante los periodistas: “Es importante para nosotros el solo hecho de habernos reunido, porque hasta ahora no habíamos tenido ninguna reunión con el oficialismo. Es importante ser recibidos, ser escuchados”.
Una hora antes, cuando llegó a la Legislatura, Pianelli llevaba su celular pegado a la oreja, por el que un colaborador le informaba sobre la conferencia de prensa que Macri había convocado para las 19, un horario que presagiaba un anuncio importante, ya que ese es un horario central, que le garantiza aparecer en todos los noticieros en vivo.
Mientras este cronista esperaba en la puerta del despacho de Ritondo, llegó el legislador Martín Ocampo, al que Pianelli conoce desde los tiempos de la escuela secundaria, en los tiempos en los que el legislador del Pro militaba en el Partido Comunista. Ante las risas de sus compañeros de bancada, que lo interrogaban acerca de ese episodio, desconocido por ellos, el calvo legislador radical-Pro acotó, siempre entre sonrisas, “Lo consulto seguido con mi terapeuta”.
De todos modos, Ocampo, que es el autor del proyecto que el Ejecutivo enviará a la Legislatura, trabajó en secreto su confección, desairando a varios de sus compañeros y generando una fisura en el bloque el día después, cuando trascendió la maniobra del calvo diputado. Por esta razón, Rodríguez Larreta deberá esmerarse para intentar calmar a algunos enojados, entre ellos, el mencionado Ritondo.
“Horacio sabía lo que pasaría y ni siquiera mandó a pedir que se posponga la reunión con los metrodelegados”, se escuchó decir en el bloque Pro. La reunión con los metrodelegados ocurría antes de que Macri anunciara la aceptación del traspaso, por lo que los gremialistas, que escucharon la conferencia de prensa del Jefe de Gobierno porteño en la Sala de Periodistas de la Legislatura, debieron hablar dos veces con los medios.
Si bien tienen esperanza de que su situación mejorará en un plazo breve, Pianelli no pudo evitar sentirse frustrado. “Es desgraciado que Macri quiera deslindar la responsabilidad que tiene como el jefe de Gobierno que frenó todo el proceso de traspaso y ocasionó la conflictividad social que se generó durante el año.”
“Hizo referencia a ustedes”, le acotó un periodista. “Sí –respondió el sindicalista–, él no tiene por característica llevarse bien con los gremios. En general se lleva muy mal, parece que tiene que ver con su paradigma político y social enfrentarse con los trabajadores organizados. Nosotros nunca hemos ido a un conflicto por gusto, porque no existe (y Macri no lo debe saber) ningún trabajador en el mundo al que le gusten los conflictos. Macri se ubicó claramente en la defensa de una empresa concesionaria que demoró una paritaria (que todos los gremios la resuelven en dos o tres reuniones) durante diez meses.”
Cuando Pianelli fue interrogado acerca de si la relación con el GCBA va a ser conflictiva, respondió: “No sabemos qué relación vamos a tener, no queremos ser prejuiciosos como Macri, que sí lo es. Vamos a poner nuestra mejor buena voluntad, como siempre la pusimos durante los 18 años en que Metrovías operó el subte, para que el servicio sea cada vez mejor. Nadie peleó más que nosotros para que el servicio sea mejor. Gracias a eso, el servicio no es como el del Sarmiento o el Roca, no porque la concesionaria haya sido ejemplar, precisamente”.
Como para ejemplificar que nada será fácil de aquí en más, el pasado miércoles por la tarde los gremialistas se reunieron en la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad con representantes de la empresa Metrovías para tratar de destrabar la paritaria, esa misma que ya lleva diez meses sin definición. En esta ocasión, los voceros de la empresa volvieron a concurrir a la mesa de negociaciones sin llevar ninguna propuesta salarial ni una respuesta a otras demandas de condiciones de trabajo realizadas por los trabajadores.
Ante esa provocativa imprevisión, los metrodelegados emplazaron al representante de la empresa concesionaria a elaborar una propuesta de una vez por todas y, si no lo hacía, entrarían en conflicto por enésima vez. La reunión pasó entonces a un cuarto intermedio hasta el viernes a las 10:00 de la mañana.
En una actitud casi desdeñosa, nuevamente los representantes de Metrovías volvieron a negarse a proponer un nuevo plan salarial, generando un fuerte desagrado en el sector gremial.
Sólo la presencia de un funcionario del Ministerio de Hacienda, que se comprometió a mediar entre ambas partes para encontrar una solución al reclamo, evitó que en las propias oficinas de la Subsecretaría de Trabajo los directivos de la AGTSyP anunciaran una nueva medida de fuerza. Los protagonistas del conflicto volverán a encontrarse la semana próxima, en una circunstancia en la que los representantes de Metrovías saben perfectamente que sus medidas dilatorias ya no tienen espacio.
Quizás, en esta historia de nunca acabar empiece a asomar una solución, porque de lo contrario el conflicto podría escalar a niveles insospechados.
Por Horacio Ríos
