El ministro de Defensa, Agustín Rossi, prepara con acuerdo del presidente Alberto Fernández un proyecto de decreto a ser firmado por el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas para recortar el poder que poseen los jefes de los Estados Mayores Generales y del Estado Mayor Conjunto para otorgar grados, realizar designaciones, incorporar personal civil y establecer los destinos de misión, sin supervisión de la conducción política de la cartera.
La decisión de efectuar estos cambios había sido consensuada al interior del Frente de Todos mucho antes de imponerse en las urnas, y viene a borrar los efectos prácticos de un decreto del expresidente Mauricio Macri rubricó en junio de 2016, a menos de un año de haber asumido al frente del Poder Ejecutivo Nacional, como parte del acuerdo que el líder de Cambiemos tenía con sectores castrenses que lo apoyaban y estaban disgustados con el rumbo adoptado durante el kirchnerismo en el área.
En efecto, el decreto 721/16, con la firma de Macri y su entonces ministro de Defensa, Julio Martínez, convirtió en letra muerta buena parte de una medida adoptada por el ex presidente Raúl Alfonsín en los albores del retorno a la democracia, y que se consideraba “fundacional” de la doctrina de control civil de las fuerzas armadas.
En efecto, Macri recortó las facultades delegadas al ministro de Defensa y las transfirió a los Jefes de las Fuerzas Armadas funciones consideradas “políticas” más que técnicas o militares. La decisión fue justificada entonces como una necesidad para agilizar procedimientos y atender “necesidades del personal”.
En su momento, el kirchnerismo catalogó el cambio como un error que echó por tierra los “avances” de las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner y, particularmente “las políticas impulsadas por los ministros de Defensa Nilda Garré y Agustín Rossi”.
Entre las facultades por retirarle a los jefes militares, se cuentan la designación directa de oficiales en cargos de media jerarquía, cambios de destino, aprobación de las calificaciones de egreso de escuelas, institutos de reclutamiento y escuelas superiores; disponer bajas y retiros obligatorios, otorgar ascensos a suboficiales, otorgar licencias, y resolver los recursos de oficiales jefes y subalternos contra resoluciones de los Jefes de los Estados Mayores Generales, lo que vedaba al ministro y su gabinete de intervenir el sistema disciplinario.
