Quienes pensaban que el ajuste que iba a aplicar el gobierno que encabeza desde hace cuatro días Javier Gerardo Milei le iba a tocar a otros, como pensaban muchos de sus votantes, terminan de ser impactados de lleno por el misil de las medidas que fueron anunciadas el martes último por el ministro liliputiense Luis “Toto” Kaputt (estropeado, en alemán).
Es difícil aceptar que de una grave crisis económica se salga disminuyendo salarios, mermando jubilaciones, llevando las tarifas a cifras exorbitantes y emitiendo bonos como ráfagas de ametralladora. Menos aún se puede creer que sea posible el crecimiento económico encogiendo el mercado interno hasta el punto en que las Pymes -que generan casi el 80% del empleo nacional- deban achicarse al mínimo para seguir produciendo.
Tampoco se sale de una crisis importando lo que se produce con buena calidad en Argentina, más aún si uno de los más acuciantes problemas que aquejan a la economía nacional tiene que ver con la escasez de dólares.
La embestida que nos había sido anticipada a los argentinos -hay que reconocer la sinceridad del candidato Javier Gerardo Milei- llegó rápido.
Una motosierra devenida en licuadora
Dos días después de asumir, el flamante ministro de Economía, Luis “Toto” Kaputt, anunció que el peso sufriría una devaluación del 119% frente al dólar, cuyo valor oficial pasó de 366 a 800 pesos, “acompañado por un aumento provisorio del impuesto PAIS a las importaciones y a las exportaciones no agropecuarias”. Esto significa que las manufacturas ahora serán gravadas, lo que es una manera de desalentar su exportación y de ahora en más sólo el agro será la herramienta para favorecer la entrada de divisas. En este caso, la amenazante motosierra se convirtió en una inofensiva licuadora.
A continuación, en una medida que generará unos 250 mil desocupados, Kaputt advirtió que no se renovarán los contratos de los trabajadores que hayan entrado en vigencia en el último año. En un contexto de recesión, inflación y caída de la oferta laboral, no parece que sea la medida más adecuada para la coyuntura. Un cero en Economía I para el autor.
La siguiente medida impactará directamente en la difusión de los actos de Gobierno. Se suspenderá la pauta publicitaria oficial, con el argumento de que “no hay plata para gastos que no sean estrictamente necesarios, y mucho menos, para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno”, según el inefable Kaputt. Los grandes medios no sufrirán demasiado el recorte, aunque no les guste, pero las Pymes de comunicación -que son mayoría en el mercado- sentirán el impacto, ya que los avisos gubernamentales ocupan un porcentaje mayor de la totalidad de sus ingresos publicitarios.
Con la reducción a la mitad de los ministerios -pasarán de 18 a nueve, mientras que sólo quedarán 54 de las 106 secretarías existentes-, esto “va a redundar en una reducción de más del 50 % de los cargos jerárquicos de la política y del 34 % de los cargos políticos totales del Estado Nacional”, según el ministro.
Otra de las medidas polémicas fue que se van a reducir al mínimo “las “transferencias discrecionales” del Estado nacional a las provincias, porque para el Gobierno, “lamentablemente en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos”. Casualmente, esto es exactamente lo que se propone hacer el propio presidente de la Nación, sólo que esta vez en su beneficio.
La sexta medida sólo tiene como objetivo provocar recesión. Suspendió la obra pública y no hay una explicación coherente. El argumento de que “el Estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo” es de una estulticia casi infantil. Ésta es una operación que, a modo de pinzas, completa la causa Cuadernos, mediante la cual se intentó que cambiaran de manos las empresas de los contratistas de las obras públicas más grandes.
El recorte de los subsidios a la energía y al transporte también se explica por la necesidad de profundizar la recesión que va a provocar el conjunto de las medidas anunciadas. Eso de que los “subsidios se pagan con inflación” choca de frente con la lógica económica más elemental. En el mundo hay 143 países que subsidian diferentes consumos, en especial a los combustibles y el transporte.
En 2022, en nuestro país estaban subsidiados la electricidad, el gas, el agua, las cloacas y el transporte, que representaron el 2,6% del PBI. Entre 2016 y 2021, el promedio de este gasto equivalió al 3,3% del PBI, lo que ubicó a Argentina como el país que más fondos destinó a subsidios en América Latina, detrás de Ecuador, que destinó el 3,9% de su PBI para subsidio al consumo.
Además, hay otras erogaciones que se consideran como subsidios: los gastos sociales, que representaron el 1,3% del PBI en 2022 y las exenciones impositivas a la industria, que tomaron el 2,7% del PBI en 2022. Ahora, todo eso desapareció y las espaldas de un pueblo en recesión cargarán con el gasto, en medio de una crisis cuya magnitud se multiplicará a causa de estas medidas.
En una palabra, el boleto del colectivo en el AMBA costará dentro de poco tiempo alrededor de $800, lo que tornará casi imposible viajar en él para los asalariados, que difícilmente superen sueldos de $100 mil. Un trabajador que toma dos colectivos al día debería destinar a ese rubro $32.000 mensuales, que equivalen a un tercio de su salario básico.
Paralelamente, no se actualizarán los montos de los planes Potenciar Trabajo, que seguirán pagándose al valor del año que transcurre. Esto traerá conflictos -pareciera que intencionales- con los movimientos sociales, a los que se busca quebrar con esta medida draconiana. Si la resistencia de éstos no tuviera éxito, la calle se llenará de conflictos y la represión será en esta ocasión muy dura, provocando una derrota al campo popular. Al menos, ése es el plan del Gobierno, que ya preparó el terreno para que no haya más cortes de calles. Preparar el terreno significa preparar a la policía para extremar la represión. Están dispuestos a apostar fuerte en esta batalla.
Finalmente, el actual Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) será reemplazado “por un sistema estadístico y de información que no requerirá de la aprobación previa de licencias. Se termina la discrecionalidad. El que quiera importar podrá hacerlo y punto”, festejó el ministro liliputiense Caputo.
El último punto fue la duplicación de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que pasará de $20.661 a $ 41.322, en tanto que el monto de la Tarjeta Alimentar será incrementado en un 50%, por lo que quien tenga un hijo a su cargo, que cobraba $22.000, se irá a $33.000. Estos subsidios, que son directos, pasan por afuera de la estructura de los movimientos sociales. A éstos se los va a desfinanciar totalmente, pero dejarán esta ayuda en vigencia, como contrapartida.
Viejos vicios
Arturo Jauretche lo expresó con claridad hace 68 años. “La riqueza de un país se mide por su propia producción y la capacidad de consumirla, de manera que las exportaciones y las importaciones representen un mínimo: tal como ocurre en los EE.UU. donde el comercio exterior sólo representa el cinco por ciento del movimiento económico nacional”.
Jauretche hablaba del Plan Prebisch, el programa económico que el economista Raúl Prebisch había elaborado para inventar una crisis que no existía y así justificar el ajuste que perpetraron contra el Pueblo argentino los golpistas de 1955 después de derrocar al segundo gobierno peronista.
Reafirmando el planteo de Jauretche, en 2021 el comercio exterior de los Estado Unidos de Norteamérica representó en 2021 el 7,53 de su PBI, apenas uno poco más de dos puntos por encima de aquella afirmación realizada hace más de medio siglo atrás.
Luego, advertía Jauretche que el Plan Prebisch contenía algunas recomendaciones para transferir ingresos hacia el campo. Se trataría de “alentar la producción rural transfiriéndole una parte del ingreso real del resto del país”. Esto no se podría hacer sino mediante la reducción de los salarios de los trabajadores, perpetrando “el alza del costo de vida y la congelación masiva de salarios nominales”, porque para “alentar la producción rural es indispensable admitir cierta reducción momentánea y moderada del consumo urbano, por lamentable que ello sea”, proponía, no sin cierto cinismo, el anterior titular de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).
¿Manuel de Adorni?
Cuando se comunican medidas recesivas, que ya fueron ensayadas en los años anteriores, a veces las respuestas de los voceros son dubitativas cuando se les repregunta.
Éste fue el caso del vocero presidencial Manuel Adorni, que interrogado por un periodista acerca de las medidas que se iban a tomar en favor de los salarios, ante el impacto negativo de las medidas anunciadas por Lord Kaputt, contestó, algo dubitativo: “bueno, mmm, no, no, no sé específicamente a qué te referís con el tema de que va a impactar en los ingresos”, como si lo esencial no fuera evidente. Adorni es economista.
No al júbilo de los jubilados
Según el Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, la palabra jubilado deriva de un término del latín tardío, “júbilum”, que proviene a su vez del vocablo “jubilare”, equivalente a “lanzar gritos de júbilo por la satisfacción del que ya no ha de trabajar”.
Se supone que el retiro para quien ha cumplido con 30 años de servicio y aportado entretanto con el 11% de su salario, debería implicar una especie de recompensa. Por esta razón, la Ley de Movilidad Jubilatoria otorgaba hasta la fecha cuatro aumentos por año para un jubilado, de acuerdo con un índice que contemplaba un 50% del porcentaje del aumento trimestral de la recaudación de la Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSeS) y otro 50% de la variación de los salarios en el mismo período.
El vocero presidencial volvió a dar la buena noticia de que el Gobierno está contemplando reemplazar este sistema por algún otro, aún no especificado. Adorni declaró que el objetivo del Gobierno no implica “dar aumentos discrecionales, sino terminar con un esquema jubilatorio que ha transformado a los jubilados en personas con muchas necesidades”.
Luego, cometiendo un sincericidio, reconoció que “se espera que la inflación siga su tendencia incremental, y los jubilados van a perder mucho más de lo que venían perdiendo”.
Aún así, se atrevió a calificar al sistema de jubilaciones y pensiones como “de muy bajo nivel”, como consecuencia de la “herencia brutal” del gobierno de Alberto Fernández, sumado a que “el sistema jubilatorio ha sido muy precario y venido a menos”.
Hambre para hoy, pan para mañana
¿Las buenas noticias? Tardarán. Los gobiernos liberales apelaron siempre a la misma receta: “el futuro será venturoso”-“la prosperidad nos espera”-“ajustarse hoy el cinturón y disfrutar mañana”. El fracaso fue siempre el resultado. ¿Porqué sería distinto esta vez?
