juezas, defensoras, fiscales y secretarias de distintos fueros y jurisdicciones, y trabajadoras del ámbito judicial se reunieron el miércoles para debatir acerca de las múltiples denuncias de abusos y presentaron un documento consensuado.
A la luz de las múltiples denuncias de maltrato y abuso sexual recibidas tanto públicamente como así también en las distintas redes sociales juezas, defensoras, fiscales y secretarias de distintos fueros y jurisdicciones, y trabajadoras del ámbito judicial se reuniron para debatir acerca de las prácticas, procesos y abordajes que garanticen una justicia con perspectiva de género.
“Tenemos que estar cerca de las personas que sufren, tanto en el presente como también de aquellas que después de mucho tiempo hoy se animan a denunciar. La sociedad se está manifestando y la justicia tiene que estar a la altura de este acontecimiento”, señalaron las mujeres que participaron del enscuentro.
Yael Bendel, asesora general Tutelar de la ciudad de Buenos Aires e impulsora del encuentro, se refirió a la convocatoria: “Como operadores del servicio de justicia debemos dar respuesta a la inmensa demanda de la sociedad por todas las denuncias de abusos. No es casual denunciar en la adultez por la dificultad de hacerlo en la infancia, que es muy complejo por la naturaleza del delito, y además porque ocurre generalmente intramuros o es perpetrada por gente que está en el círculo de confianza de niñas y niño”.
“Alentamos que se hagan las denuncias, porque hablar y denunciar es reparador. Y aunque haya límites procesales (la prescripción del delito), hay que denunciar igual. No deben dejar de denunciar, porque tal vez su caso haya prescripto pero una denuncia, alerta e impulsa a otras víctimas a realizarla”. “No nos es indiferente convivir con fallos sin perspectiva de género y de derechos, como el caso de Lucía Pérez o el fallo de los jueces Piombo y Sal Llargués. Hemos criticado esos fallos como miembros de la justicia pero también como mujeres”, agregó Bendel.
Y además, señaló: “No convocamos no para que quede en una crítica sino para trabajar en conjunto”.
Durante el encuentro, realizado en un hotel céntrico de la Ciudad, estuvieron presentes más de 30 mujeres de la Justicia, entre ellas: Yael Bendel, asesora general Tutelar; Inés Weinberg De Roca, vocal Tribunal Superior de Justicia Ciudad; Mary Beloff, representante de la Procuración General de la Nación; Marta Mattera, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil; Patricia Llerena, Jueza Tribunal Oral; Noris Pignata, asesora de Cámara Penal Contravencional y de Faltas; María Carolina Paladini, defensora Pública de Menores; Stella Maris García Vigo, defensora Pública de Menores; Maria Paula Asaro, fiscal; Genoveva Inés Cardinali, Fiscal Penal y Contravencional- Fiscalía especializada en violencia doméstica.
El documento completo:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018
La sociedad está hablando, y nosotras, las mujeres de la justicia, estamos escuchando.
Las mujeres que trabajamos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público (Fiscal – Defensa – Tutelar), así como también en los servicios de justicia o en el rol de auxiliares de la justicia, somos conscientes de que vivimos inmersas en prácticas judiciales anacrónicas. Su superación conlleva un desafío cultural que nos obliga a desandar aprendizajes y a construir, de manera individual y colectiva, nuevos caminos.
Para cambiar siglos de dominación, de normas, de instituciones, hay que dar un primer paso que haga posible el inicio de un proceso sostenido de evolución y retroalimentación.
Como sociedad, en general, y como poder judicial, en particular, hoy estamos situados en el primer escalón. Visibilizamos la opresión que padecen las mujeres, niñas, niños y adolescentes y personas usuarias de los servicios de salud mental. Estamos construyendo un nuevo discurso judicial que aún no está legitimado, y ello es una condición necesaria para lograr las modificaciones institucionales que nos permitirán brindar un servicio de justicia consistente con la perspectiva de género e infancia.
De todos modos, ya podemos mostrar algunos logros: como prácticas, construcciones de pensamiento, interpretaciones legales que incorporan la perspectiva de género, situando a cada sujeto en su contexto social e histórico, sin adelantar juicios y promoviendo una escucha libre de prejuicios. Pero no debemos conformarnos con estos logros aislados, sino que es imprescindible trabajar por una justicia que se actualice definitivamente.
En el Poder judicial nos sentimos interpelados por el proceso colectivo que las mujeres estamos llevando adelante y replanteándonos los roles impuestos por la cultura. Ni los hombres deben ser los fuertes y los proveedores, ni las mujeres deben ser las débiles y las sometidas, porque estos roles asimétricos impactan negativamente en la sociedad, generando más desigualdades y violencias.
Esta revisión crítica de cómo actuamos nos impulsa a desaprender costumbres ancestrales de respuestas estereotipadas y a darnos el permiso de dudar, de intentar una respuesta inclusiva que integre a todas y a todos. Esto nos muestra un proceso, un camino que se está recorriendo y es cada vez más visible, que cada vez somos más, que se ha vuelto una fuerza imparable de cambio y modificación de modelos de conducta y de formas de relacionarnos, de solicitar y de hacer justicia.
Esta realidad toma cuerpo a través de denuncias formales o informales, de historias y situaciones que nos hablan de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y de grupos vulnerables que continúan siendo objeto de diversas violaciones de sus derechos; a saber: actos discriminatorios, limitaciones de su libertad, explotación en todas sus formas, ejercicios abusivos del poder, distintos tipos de violencias, agresiones sexuales, agresiones a la integridad física y a la salud psíquica.
Algunos de estos actos se encuentran tipificados como delitos, o contravenciones, otros infringen normas legales no penales, pero todos son censurables, ilegítimos, indefendibles, provocan un daño que es irreparable, y coloca al Estado, en este caso al poder judicial, ante la responsabilidad de dar una respuesta.
No siempre esa respuesta llega a tiempo y es la adecuada; muchas veces porque las leyes que rigen la actividad judicial siguen siendo antiguas, de otra época y por lo tanto la respuesta necesita ser revisada críticamente, deconstruida y construida en términos más democráticos, con perspectiva de género y de diversidad.
A ello se suma que muchas de las prácticas deben revisarse, porque la respuesta “ajustada a derecho” es, cuando menos, opinable, ya que el derecho no es abstracto y la interpretación no es imparcial, siempre es subjetiva. Por lo tanto, el discurso en el cual fuimos subjetivamente construidos nos atraviesa todo el tiempo, a algunas/os/, más que a otros.
El compromiso que asumimos es no dejar de trabajar en ningún momento por lograr que el servicio de justicia sea más inclusivo, que quienes todos los días trabajamos desde la responsabilidad como funcionarios y funcionarias públicos, asumimos libremente nuestra obligación ante la sociedad de lograr una respuesta de justicia.
Continuaremos revisando las prácticas de todas y de todos, con el objetivo de construir una cultura que nos incluya desde nuestras singularidades acompañando y apoyando las demandas del colectivo de mujeres sobre la igualdad de género y de las niñas, niños y adolescentes en función de sus vulnerabilidades.
Promoveremos espacios de revisión sistemática y capacitación en servicio que nos brinden herramientas para que las perspectivas de género y de derechos atraviesen los discursos, las respuestas y las instituciones.
Aunaremos esfuerzos para construir un saber, un discurso, una acción que brinden respuestas del poder judicial desde el punto de vista de las mujeres, de la infancia, de todas las personas que necesitan que el Estado intervenga regulando el conflicto y brindando un servicio que contribuya a reparar los daños que se ocasionaron y restablecer relaciones sociales e interpersonales.
