La denuncia del Gobierno contra el juez Claudio Bonadio, quien días atrás puso bajo la lupa una empresa propiedad de Cristina Kirchner, comenzó su derrotero en el Consejo de la Magistratura.
Por mayoría, el cuerpo votó sancionarlo económicamente: le quitarán un 30% de su sueldo.
La Comisión de Disciplina y Acusación trataba desde temprano el pedido del secretario de Justicia, Julián Álvarez, de juicio político al magistrado, a quien acusó de “mal desempeño”. El vice pidió también una sanción económica al magistrado, que fue apoyada por la presidenta del Consejo, Gabriela Vázquez.
El jueves pasado, el funcionario dijo que Bonadio quería extorsionar al Consejo y solicitó que sea suspendido y, luego, removido de su cargo. El planteo que formuló segundo del ministro Julio Alak, que también integra el Consejo, es el noveno pedido de juicio político que tiene el juez en su contra.
Pero esta última ocurre a pocos días de que el magistrado allane la empresa Hotesur, la firma hotelera de la familia Kirchner, y pida las declaraciones juradas de la jefa de Estado, sus allegados y de Lázaro Báez, investigado por lavado de dinero.
La denuncia contra Bonadio en el Consejo debe ser investigada, en primer lugar, por la Comisión de Acusación y Disciplina, que preside un kirchnerista, el académico Jorge Daniel Candi.
El Gobierno sabe que el oficialismo no tiene los votos suficientes para avanzar contra el juez. En el mejor de los casos, puede conseguir siete votos, cuando para suspender a un juez se necesitan nueve.
Apenas se conoció el pedido del juicio político contra Bonadio, la oposición salió en defensa del magistrado y de la independencia del Poder Judicial.
Esta miércoles por la mañana, el senador radical Ernesto Sanz, por radio El Mundo, aseguró: “El poder no quiere que la justicia avance en causas que son emblemáticas vinculadas a la corrupción. El Gobierno, en el Consejo de la Magistratura, trata de sancionarlo a Bonadio, para que esto sirva de escarmiento para todos los demás jueces”.
