“La gravedad institucional de los hechos por los cuales Amado Boudou fue procesado en el marco de las presentes actuaciones y la necesidad de avanzar de manera rápida y efectiva hacia su juzgamiento, entiendo que su ausencia del país por un plazo de cuarenta y seis días podría obstaculizar y demorar esos fines, poniendo en riesgo la investigación desarrollada hasta el momento”, sostuvo Lijo.
El 11 de diciembre pasado, cuando ya no cumplía más funciones como vicepresidente ni tenía la inmunidad que le daban los fueros del cargo, Boudou fue notificado de la decisión del juez Lijo de prohibirle la salida del país, igual que había sucedido con el resto de los procesados en la causa Ciccone.
Boudou pidió ayer autorización para viajar a la ciudad de México, donde vive su pareja, la legisladora Mónica García de la Fuente, y precisó su voluntad de ausentarse del país desde mañana y hasta el 31 de enero próximo.
Para ello, su abogado Eduardo Durañona presentó los pasajes con los números de vuelo e informó donde iba a estar durante su estadía.
El fiscal de la causa Ciccone, Jorge Di Lello, dictaminó por autorizar a Boudou a viajar a México y propuso que se presente en el juzgado cuando regrese.
Pero el juez Lijo rechazó el pedido al considerar que “no resulta prudente permitir su salida del país en los términos solicitados; debiendo permanecer a derecho”.
El magistrado sostuvo en su resolución que la causa Ciccone se encuentra en un “avanzado estado” en el que se ya le pidió al fiscal que dictamine su debe darse por cerrada, “lo que demostraría la proximidad a la celebración del juicio oral”.
Lijo también citó la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Boudou en la que “el análisis de su evolución patrimonial y la realización de diversas medidas procesales que actualmente se encuentran en curso”.
“Cabe destacar que hasta la semana pasada Amado Boudou se desempeñó como vicepresidente de la Nación y que los delitos que se le atribuyen habrían sido cometidos en el ejercicio de su función; lo que implica que le sea exigible un mayor compromiso para sujetarse al presente proceso penal y, es en ese contexto, en el que debe analizarse su solicitud”, advirtió.
También citó que “la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción impone al Estado Nacional que se adopten todas las medidas que resulten apropiadas para garantizar la comparecencia de un acusado de corrupción en el marco de un procedimiento penal”.
Boudou está procesado en la causa Ciccone porque como ministro de Economía utilizó el estado de quiebra de la compañía para levantar esa situación a través de la AFIP y quedarse a través de allegados con el 70 por ciento de las acciones de la empresa a cambio de hacer negocios con el Estado.
Junto con Boudou, también están procesados su amigo y socio José María Núñez Carmona; su presunto testaferro y dueño de The Old Fund, la empresa que se quedó con Ciccone, Alejandro Vandenbroele; el dueño de la compañía, Nicolás Ciccone; el ex funcionario de la AFIP Rafael Resnick Brenner; y el ex funcionario de Economía Guido Forcieri.
El ex vicepresidente también fue enviado a juicio oral en una causa en la que está acusado de falsificar documentos públicos para hacer la transferencia de un auto Honda.
Y ayer fue indagado en otra causa por el presunto delito de dádivas en el uso de un avión y un helicóptero para realizar en diciembre de 2011 un viaje oficial.