Tal como lo adelantó Noticias Urbanas, la última sesión de la Legislatura porteña de este jueves fue maratónica. A pesar de estar programada para las 9, el inicio de la misma se postergó hasta pasadas las 13. El prime5r tema importante que se trató fue el de Ficha Limpia, que requería de 40 votos y que terminó no siendo aprobado por solo un voto. De esa manera y a pesar de contar con el aval de todos los espacios que integran Juntos por el Cambio en la Ciudad y de los dos bloques de La Libertad Avanza, el rechazó del peronismo y del FIT hizo que la iniciativa no prosperara.
A lo largo del debate, los referentes de cada espacio buscaron justificar sus posturas. Graciela Ocaña, legisladora de Confianza Pública, reclamó “terminar con la impunidad y elevar la calidad de los representantes”.
“Esta iniciativa surge de la sociedad civil y busca elevar la calidad de la política. No es para excluir a nadie, sino para evitar que quienes tienen condenas judiciales puedan ser candidatos. No podemos permitir que los cargos electivos se conviertan en un aguantadero de quienes se refugian tras los fueros”, remarcó Ocaña.
Por su parte, Hernán Reyes (Coalición Cívica), titular de la comisión de Asuntos Constitucionales y uno de los promotores de la iniciativa, apuntó contra el kirchnerismo. “No estamos violando el principio de inocencia; tenemos razones políticas y morales. Los hechos de corrupción son un atentado contra la democracia”, arguyó.
Durante su exposición, Reyes lamentó que Leandro Santoro u otro representante del peronismo no hubiera dado un paso para convencer a sus compañeros de bancada. Pero también arremetió contra La Libertad Avanza: “Aquí el bloque de Karina Milei, el que vino contra la casta, manifestó que va a votar a favor de ficha limpia. Bravo por romper el pacto y decirle que no a Milei cuando pactó hace un mes con el kirchnerismo para voltear la sesión por la ley en Diputados. Si tienen el coraje suficiente, también sean rebeldes y denuncien el pacto que tienen con el kirchnerismo para nombrar a Ariel Lijo como juez de la Corte. Eso va a asegurar la impunidad de muchos”, remarcó Reyes.
Enseguida, remató: “Díganle a Karina que están para ir a convencer al bloque de diputados nacionales de LLA y asegurar que haya quorum cuando lo necesitemos en el Congreso federal. No vengan a acá a hacer un acto de compromiso con la ética y ficha limpia porque no lo tienen”.
Rebeca Fleitas, integrante de la bancada de LLA que conduce María Pilar del Ramírez, polla de Karina Milei, explicó la postura de los libertarios. La legisladora remarcó que optaron por votar a favor, pese a que el Pro no aceptó incluir como causales de inhabilitación los casos de condena en segunda instancia por los delitos de homicidio doloso, secuestro coactivo extorsivo, trata de personas o tráfico de estupefacientes. En el texto se prohíba que personas condenadas por los delitos contra la integridad sexual, contra la administración pública (cohecho, malversación, enriquecimiento ilícito) y fraude en perjuicio de la administración pública pudieran postularse a jefe de gobierno, vicejefe, diputados y miembros de Junta Comunal.
“Nuestra posición es que estamos a favor de que se apruebe ficha limpia. Busca impedir que los ladrones de la Nación sigan abusando de los lugares de poder para enriquecerse a costa de la gente”, puntualizó Fleitas.
En tanto, el peronismo objetó la iniciativa con duras críticas al macrismo. Además, acusaron al expresidente Mauricio Macri por sus lazos con el Poder Judicial. “Esta ley tiene nombre y apellido: es Cristina”, señaló Franco Vitali (Unión por la Patria). La abogada Graciana Peñafort, dirigente cercana a la titular del peronismo, y Juan Manuel Valdés también criticaron en duros términos el proyecto. “¡Cuánto miedo le tienen a la democracia! Las cosas que están dispuestos a hacer por la democracia en contra de la democracia. Si el pueblo considera que quiere votar a alguien que está procesado o condenado dos veces y todavía goza de libertad ambulatoria, ¿quién soy yo para decirle al pueblo a quién puede votar o no?”, subrayó Peñafort.
A su turno, Gabriel Solano (PO-FIT), dijo que la ley plantea “un riesgo”. “Obviamente que la política argentina está podrida por la corrupción. Pero [este proyecto] es un peligro porque los jueces son parte del problema, no de la solución. Se le entrega a un poder, no electo por nadie, la facultad de decir quién es o no candidato. Del lado de Macri la corrupción es escandalosa y no hay ningún juicio ni causa”, exclamó Solano.
La propuesta de Ficha Limpia no logró ser aprobada por 1 voto, Requería 40 votos afirmativos de los 60 integrantes de Cuerpo. Obtuvo 39 afirmativos, 21 votos negativos y ninguna abstención. Por la afirmativa votaron los bloques Vamos por Más, UCR Evolución, Confianza Pública, Socialismo, Libertad Avanza y Frente Liberal Republicano. Por la negativa lo hicieron Unión por la Patria y Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
El proyecto impedía que personas condenadas por ciertos delitos pudieran postularse para cargos electivos en la Ciudad (Jefe/a de Gobierno, Vicejefe/a, diputados/as y miembros de Junta Comunal). Entre ellos se cuentan delitos contra la integridad sexual (violación, abuso, etc.) y contra la administración pública (cohecho, malversación, enriquecimiento ilícito, etc.), al igual que el fraude en perjuicio de la administración pública. La prohibición se hubiese aplicado desde una sentencia condenatoria en segunda instancia hasta que esta fuera revocada o se cumpliera la pena. Este proyecto, inspirado en experiencias internacionales en países como Brasil, México, España, Uruguay y Chile, ya cuenta con antecedentes de implementación en varias provincias argentinas.
Tras ese tema, los legisladores sancionaron la ley que da carácter vitalicio al subsidio para los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Cromañón. El proyecto fue aprobado por 57 votos positivos y solo uno negativo de Yamil Santoro, de Republicanos Unidos, propone que sea vitalicio el subsidio que reciben los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de la masacre de Cromañón, de la cual se cumplirán 20 años el próximo 30 de diciembre y en donde murieron 194 personas.
La Legislatura de la Ciudad aprobó una modificación a la ley de asistencia a la víctimas de Cromañón reconociendo que los sucesos del 30 de diciembre de 2004 en el local sito en la calle Bartolomé Mitre 3060 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta ahora conocidos como “tragedia” sean considerados “La Masacre de República de Cromañón”. Además fija la asistencia integral a las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas fatales a través de prestaciones de salud, educación, inserción laboral y asistencia económica.
La ley establece la asistencia económica mensual vitalicia y compatible con todos los demás programas del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, e indica que “la asistencia económica se actualizará conforme al incremento salarial acordado mediante Acta de Negociación Colectiva del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) para el personal de Planta Permanente del Escalafón General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.
Luego de esa iniciativa, se aprobó un proyecto impulsado por la jefa del bloque de la UCR Evolución, Manuela Thourte, relacionado al boleto estudiantil. La Legislatura aprobó la extensión del Boleto Educativo a los alumnos universitarios, terciarios y de educación especial ya sea de gestión pública o subvencionada al 100%.
Los legisladores acordaron ampliar dicho boleto a la educación superior en todas sus modalidades: Institutos de Educación Superior; Universidades o instituciones universitarias; Centros de Formación Profesional; Instituciones de Educación Especial. De esta forma, se busca abarcar el abanico de instituciones educativas que estén orientadas a formar profesionales, docentes y técnicos dentro de la Ciudad.
Asimismo, se aumentó la cantidad de viajes mensuales a 96, manteniendo el tope de cuatro viajes diarios, a utilizarse en los días en que se cuente con actividades educativas (de lunes a sábado).
Otra de las importantes ampliaciones de esta medida es la incorporación de los acompañantes para todos los menores de 12 años, de esta forma, se busca prevenir que sean removidos de la escuela por dificultades de pagar los costos del pasaje de sus padres o tutores legales. De esta manera, accederán a la Tarifa Social SUBE (boleto subvencionado al 55%).
La votación tuvo una amplia aceptación. Solo votó en contra Ramiro Marra y el resto de los legisladores libertarios –Rebeca Fleitas, Marina Kienast, Lucía Montenegro, María del Pilar Ramírez y Leonardo Saifert– se abstuvieron.
En una votación con 59 votos emitidos y 53 afirmativos, se aprobó la modificación de la Ley 5.656, que amplía el alcance del Boleto Educativo. Entre las principales modificaciones se destaca el alcance, ya que extiende el beneficio a estudiantes de todos los niveles educativos, incluyendo a los de formación profesional, educación superior y educación especial, en instituciones públicas o privadas con subsidio estatal del 100% siempre que sean de hogares considerados pobres, de clase media vulnerable, o clase media frágil. También incluye a acompañantes, padres, madres o tutores de menores de 12 años que podrán acceder a la Tarifa Social SUBE (boleto subsidiado al 55%). El boleto podrá usarse durante los días hábiles del calendario académico, con un máximo de 96 viajes mensuales y hasta 4 viajes diarios. Las empresas de transporte deberán garantizar el seguro de los usuarios del boleto educativo.
Otro de los temas que fue aprobado fue el de los deudores alimentarios. Se aprobó una serie de modificaciones a la Ley N° 269, a través de las cuales se amplían las herramientas legales para facilitar el cobro de deudas alimentarias, promoviendo un sistema más eficiente y justo.
Es que el Registro Público de Alimentantes Morosos cumplió 25 años y era necesario actualizarlo. Este registro llevará un listado de las personas que adeuden total o parcialmente dos cuotas alimentarias consecutivas o alternadas en un mismo año calendario, sean estas alimentos provisorios o definitivos, homologados o fijados por sentencia firme.
Las modificaciones tuvieron el voto negativo de los legisladores libertarios Marina Kienast, Ramiro Marra, Lucía Montenegro y Leonardo Saifert y de los integrantes de Vamos por Más Juan Pablo Arenaza, María Luisa González Estevarena y Silvia Imas.
De esta manera, con los nuevos cambios en la Ley N° 269 ahora la inscripción o baja en el Registro se seguirá realizando por orden judicial, de oficio o a petición de parte; será gratuita y se comenzará a registrar a todas las personas que deban más de dos cuotas. Además, las personas registradas tendrán restricciones específicas, como la imposibilidad de obtener habilitaciones, concesiones, licencias o permisos por parte del Gobierno de la Ciudad. También se restringirá su acceso a ciertos beneficios como planes de pago, quitas o financiaciones.
En el ámbito laboral y electoral, se requerirá la presentación de un certificado de no inclusión en el Registro. Esto aplicará a proveedores estatales, postulantes a cargos electivos o judiciales, y nuevos empleados del Gobierno de la Ciudad.
En casos de operaciones notariales que involucren a deudores alimentarios, los escribanos deberán comunicarlo al Registro y al juzgado interviniente. La transacción no se completará hasta que se regularice la situación.
Con 48 votos afirmativos y 7 negativos, fue aprobada la modificación a la Ley N° 269 de Deudores Alimentarios, ahora denominada “Registro Público de Alimentantes Morosos”.
Este registro, creado hace 25 años como un modelo pionero, incorpora cambios significativos para fortalecer su impacto y mejorar la protección de derechos de los niños, niñas, adolescentes y personas mayores que dependen de esta obligación alimentaria.
Con las modificaciones, se establece que los alimentantes morosos no podrán ingresar a espectáculos deportivos ni eventos culturales masivos que requieran controles estatales; que el registro tendrá funciones de difusión y concientización sobre los derechos alimentarios; que se reducirá el plazo para registrar deudas: ahora será suficiente adeudar dos cuotas consecutivas o alternadas en un mismo año calendario; y que las instituciones deben informar al Registro sobre cambios laborales o contractuales de los alimentantes morosos, garantizando un seguimiento efectivo. Esta reforma no solo actualiza un sistema, sino que también refuerza el compromiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la defensa de los derechos de los sectores más vulnerables, promoviendo un mensaje claro: los derechos de los hijos e hijas están por encima de cualquier otro interés personal o económico.
