“Comisiones en llamas.” Así se tituló la nota que Noticias Urbanas publicó el lunes 7 de septiembre. En ella se contaba la intensa, larga y caliente reunión que se realizó en la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña. En la tarde de ese día, vecinos del Complejo Habitacional de Soldati, de la Villa 31, del Barrio Carrillo, del Barrio Esperanza, de Hotelados y de la ex-AU3 coparon el salón donde se reunieron los legisladores. Lo hicieron para quejarse de la situación habitacional en la que se encuentran y acusar al Gobierno de la Ciudad de no brindarles ninguna solución.
El clima de conflicto que se vivió ese día estaba potenciado por la muerte de un joven, luego de que cediera la baranda de un edificio en el Complejo Habitacional de Soldati.
Los vecinos hicieron uso de la palabra ante el silencio de los legisladores. Fueron durísimos con el accionar del Gobierno porteño y con las autoridades de la Comisión.
El enojo con los legisladores y el gobierno del Pro quedó resumido en las palabras de uno de los vecinos: “Si ustedes no hacen su trabajo no les pasa nada, si yo no hago el mío me echan. Por eso les pido, por favor, que se termine con la corrupción”.
Las más de tres horas de la reunión derivaron en que los diputados de todas las fuerzas se comprometieran a impulsar un pedido de informes por lo ocurrido en Soldati. A pesar de eso, los vecinos no se fueron conformes.
La crónica de lo ocurrido ese día se transformó en un dato premonitorio de lo que volvería a ocurrir en las reuniones siguientes de la Comisión de Vivienda.
El principio del fin
El lunes pasado todo volvió a repetirse. Con el agregado de que las presiones de los vecinos, esta vez de la Villa 31, terminaron por romper un viejo pacto político no escrito.
A las tres de la tarde, en el Salón Juan Domingo Perón de la Legislatura, se reunieron los asesores de la Comisión de Vivienda. Presidió el encuentro la directora de la Comisión, Alicia Gerscovich, que responde al presidente de la misma, el legislador Javier Gentilini, actualmente en el Frente Renovador, exdirigente de Proyecto Sur y socio político en varios proyectos del macrismo.
El Salón estaba repleto de vecinos de la Villa 31 que exigían la urbanización del lugar en el que viven. Cansados de tanta dilación, se quejaron a viva voz de que el Gobierno de la Ciudad no cumplía con la ley que había establecido la urbanización del barrio.
En la reunión se encontraban los asesores de todos los integrantes de la Comisión. Además de los de Gentilini, estaban los de la vicepresidenta primera, Cecilia de la Torre (Pro), y los de la vicepresidenta segunda, Paula Penacca (Frente para la Victoria). También estaban los asesores de los legisladores vocales, Paula Villalba (Pro), Alejandra Caballero (Pro), Lía Rueda (Pro), José Luis Acevedo (Pro), Cristian Ritondo (Pro), Christian Bauab (Pro) Jorge Taiana (FpV), Jorge Aragón (FpV), Gustavo Vera (Bien Común) y Marcelo ramal (Frente de Izquierda y de los Trabajadores).
El tema único a tratarse era el dictamen de urbanización de la Villa 31. Por eso fueron los vecinos. Muchos de ellos hicieron uso de la palabra y no ocultaron su enojo por la tardanza del Gobierno porteño en urbanizar. Y les recordaron a los asesores que la ley fue aprobada en diciembre de 2009.
Ante ese panorama, el futuro no pronosticaba nada bueno. Y el conflicto no tardó en aparecer, lo que nadie se imaginaba era en lo que derivaría.
Un pacto roto en mil pedazos
Las posturas en la Comisión estaban claras desde el inicio. Los asesores que respondían a los legisladores del Pro sostenían un discurso aprendido de memoria. El macrismo se negaba a aprobar el dictamen aduciendo que las obras de mejoras que se están llevando a cabo en la Villa 31 son obras de urbanización, algo que los vecinos desmentían totalmente (ver recuadro).
El Pro confiaba plenamente en que el tratamiento del dictamen no pasaría. Por su parte, los vecinos presionaban para que el dictamen fuera tratado el lunes siguiente, en la reunión que mantendrán los legisladores que integran la Comisión de Vivienda.
“La confianza del macrismo se basaba en un dato fundamental: el compromiso de Gentilini de que el dictamen fuera pisado. Gentilini llegó a la presidencia de la Comisión gracias al visto bueno del Pro y a cambio de eso se comprometió a no impulsar cuestiones que perjudicaran al macrismo”, le dijo a Noticias Urbanas un asesor legislativo que participa habitualmente de las reuniones de la Comisión.
Pero el pacto se rompió en mil pedazos, como si se tratara de un fino vaso de cristal que es arrojado desde una terraza.
Las quejas, discursos y reclamos de los vecinos de la Villa 31 fueron tan numerosos y contundentes que la presión surgió efecto. La confirmación se produjo cuando la propia Gerscovich les anunció a los vecinos que por orden de Gentilini el dictamen pasaba a diputados. Esto quería decir que el dictamen se deberá tratar el lunes próximo en la reunión de diputados de la Comisión de Vivienda.
Cuando los legisladores del Pro se enteraron de lo ocurrido se acordaron de Gentilini en todos los idiomas. “El pacto básico era que todo lo que pasara a diputados debía estar acordado con el Pro. Este era el punto esencial del pacto entre Gentilini y el macrismo. Por eso, una vez que se rompió el acuerdo, desde el Pro le dijeron a Gentilini que ahora ellos tampoco iban a aceptar que ningún otro proyecto avanzara. Obviamente, esto incluye las iniciativas que motoriza el propio presidente de la Comisión pero que no afectan al macrismo”, aseguró el asesor.
Los acuerdos no escritos
El Pro nunca contó con la mitad más uno de la Legislatura. En la actualidad tiene 28 diputados. Para lograr la aprobación de las leyes necesita 31, ya sea para que le garanticen el quórum (en los casos en los que se aprueba con la mitad más uno de los presentes) o los votos cuando se trata de una norma especial que necesita de la mitad más uno de la totalidad de los miembros del cuerpo. Y en algunos casos, la mayoría especial que se requiere para la aprobación es de los dos tercios del cuerpo, es decir, 40 votos. Por este motivo, el Pro siempre necesita acordar con la oposición o, por lo menos, con algún sector de ella.
De ahí que se pactara, en algunos casos, con el Frente para la Victoria y, en otros, con otros bloques más pequeños el control de las comisiones.
“El tema es así: el Pro se quedó con el manejo de las comisiones y les dio a sus eventuales socios políticos cargos institucionales en la Legislatura, como secretarías, subsecretarías y direcciones generales”, señaló un importante operador de un legislador opositor.
Tener la mayoría en las comisiones le permite al Pro bloquear los proyectos que no quiere. Y en este caso no hay libre albedrío de parte de los diputados macristas. Ellos hacen lo que dicen desde el Poder Ejecutivo.
Lo que sucede en la Comisión de Vivienda es un claro ejemplo de eso.
Según la propia página de la Legislatura, la función de la Comisión es “el tratamiento de todo lo relacionado con el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad, inquilinatos y alojamientos no turísticos, seguridad en las construcciones”. Poco de esto se lleva a la práctica.
La sociedad entre el Pro y Gentilini tampoco es nueva. En la sesión del jueves 11 de diciembre del año pasado, el macrismo logró, gracias al voto de Gentilini, la aprobación del Plan Maestro para la Comuna 8. Dicho proyecto comprendía la creación del Distrito del Deporte en la zona sur de la Ciudad y la construcción de un Área Olímpica. La iniciativa era clave para el Pro. A los 28 legisladores del oficialismo se habían sumado los dos de Confianza Pública, con lo cual necesitaba un voto más para aprobar el proyecto. Gentilini se lo dio.
Lo más extraño del caso fue que la comunera de Villa Soldati por Proyecto Sur, fuerza que por entonces integraba Gentilini, se opuso a la entrega de tierras en los barrios de Villa Lugano, Soldati y Villa Riachuelo. Lugares elegidos para crear el Distrito del Deporte.
En ese momento volvió a salir a la luz la cercanía histórica entre el legislador y el macrismo. Gentilini pasó por el Instituto de Vivienda del gobierno Pro, y su mujer, María Eugenia Schvartzman, fue nombrada directora vocal del Ente Autárquico del Teatro Colón a través de un decreto firmado por Macri.
A eso se sumaba el papel de aliado que jugaba hasta el lunes pasado en la presidencia de la Comisión de Vivienda.
Cuando la política se olvida de la gente
El 3 de diciembre de 2009, la Legislatura aprobó un proyecto de ley 3.343, del por entonces legislador Facundo Di Filippo, que ordenó la urbanización de la Villa 31. Los tres puntos clave de la ley eran la urbanización, la prohibición de los desalojos y la participación de los vecinos en las decisiones que derivarían en las mejoras del barrio.
El artículo 1 ordena la urbanización, que hasta el momento no se hizo. La norma dice textualmente: “Dispónese la urbanización del polígono correspondiente a las villas 31 y 31 Bis, comprendido entre Calle 4, vías del Ferrocarril Gral. San Martín, prolongación virtual de la Avda. Pueyrredón, Calle 9, Avda. Pte. Ramón S. Castillo y prolongación virtual de la Avda. Gendarmería Nacional, según plano que como Anexo I forma parte de la presente Ley con criterios de radicación definitiva”.
La norma dispuso, en ese momento, la realización de un censo –dentro de los 90 días de la reglamentación– para contar con datos actualizados, y la creación de una Mesa de Gestión y Planeamiento, integrada por funcionarios públicos de los gobiernos porteño y nacional, de los organismos propietarios de los predios, académicos y la participación de los delegados de la Villa. Esta mesa “multidisciplinaria y participativa” debía ser la encargada de la elaboración de una propuesta de urbanización y radicación antes del 31 de mayo de 2011. Y si bien esta propuesta fue presentada en tiempo y forma, el dictamen del proyecto nunca llegó a tratarse en el recinto de sesiones.
El enojo de los vecinos viene de larga data. Los incumplimientos también. Teniendo en cuenta que se trata de personas que viven en una situación habitacional muy complicada y para nada cómoda, la tardanza en la urbanización no tiene justificación alguna. La rosca de los políticos, mucho menos.
Carlos Cuenca: “Se hacen trabajos, pero no la urbanización”
Carlos Cuenca es uno de los principales integrantes de la Mesa por la Urbanización de la Villa 31 y 31 Bis. Dialogó con Noticias Urbanas sobre las reuniones que se hacen en la Comisión de Vivienda y sobre la falta de soluciones a sus reclamos.
–Usted y varios vecinos de la Villa 31 participan en las reuniones de la Comisión de Vivienda, ¿cuál es su visión sobre estas?
–En las reuniones de asesores de la Comisión de Vivienda siempre pasa lo mismo: se terminan defendiendo los intereses del Pro. Porque a ellos no les interesa resolver los temas de los pobres. A pesar de que la Legislatura porteña sancionó leyes, que luego el Gobierno de la Ciudad promulgó. Hay una falta total de voluntad política del bloque del Pro para urbanizar la Villa 31.
–¿Qué pidieron en la reunión de asesores del último lunes?
–Lo que pedimos es que se trate el dictamen de urbanización, donde están las propuestas de urbanización que nosotros planteamos. Pero existe una clara falta de voluntad para tratarlo. Todavía tengo esperanzas de que sea tratado el lunes por los legisladores que integran la Comisión de Vivienda.
–El Gobierno porteño dice que hace obras en la Villa, ¿esto es así?
–El Gobierno de la Ciudad hace mejoras a través de un programa, pero son mejoras impuestas por la ley, que dice claramente que deben sentarse con nosotros para discutir el tema de la urbanización. Los vecinos, junto a funcionarios nacionales y porteños, ya elaboramos las propuestas necesarias para las mejoras y la urbanización. Pero es necesaria la aprobación del dictamen para que eso se lleve adelante. Además, hay que aclarar que las mejoras se realizan en sectores de la Villa que son funcionales al Pro y no en toda la Villa. Por consiguiente, se hacen sin seguir ningún criterio técnico. En definitiva, se hacen trabajos puntuales, pero no la urbanización.
