La Legislatura porteña entra en su recta final. Solo quedan dos sesiones ordinarias para que termine el año, pero hay gran cantidad de temas a tratarse y por ahora los legisladores del oficialismo descartan convocar a una sesión extraordinaria después del 15 de diciembre o a una sesión especial antes.
Este lunes, ante la necesidad de darle curso a varios proyectos se están llevando a cabo 6 audiencias públicas.
Y además, hay un fuerte operativo de seguridad debido a una protesta en la puerta de Perú.
La primera comenzó a las 11 en el Salón San Martín y trata de “desafectar el Distrito de Zonificación APH 2 Parque 3 de Febrero UP de zonificación el polígono delimitado por la avenida Dorrego, avenida Freire, avenida del Libertador y vías del ferrocarril Mitre”.
La segunda comenzó a las 12, en el Salón San Martín y es para declarar “innecesario para el Gobierno porteño y desafectar del dominio público de la Ciudad el inmueble registrado como circunscripción 19, sección 11, manzana 40, parcela 1”.
A las 13 comenzó otra en el Salón San Martín referida a la superfuicie que se le entregará a la Agencia de Administración de Bienes del Estado Nacional para que funcione la sede del BID.
La cuarta comenzó a las 13.30 en el Salón San Martín y tiene que ver con la reurbanización del barrio Padre Carlos Mugica.
La quinta arrancó a las 12 en el Salón Dorado y se trata de modificar la Ley 3060 en relación a la concesión de AUSA.
Por último, a las 13 arrancó otra audiencia pública para aprobar el convenio entre la Ciudad y la la Agencia de Administración de Bienes del Estado Nacional para el desarrollo de nuevos viaductos fe4rroviarios.
Mientras esas audiencias se llevan a cabo afuera hay una fue3rte protesta de movimientos villeros y un fuerte operativo policial.
La protesta se debe a que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, impulsa una iniciativa para tomar una deuda por 175 millones dólares y vender una serie de terrenos pertenecientes a la Villa 31 para financiar las obras del Paseo del Bajo.
Los manifestantes denunciaron que buscan expulsarlos de sus viviendas.