En medio de la polémica que genera la medida en la Ciudad de Buenos Aires, ahora dos legisladores bonaerenses del Pro y de Avanza Libertad presentaron un proyecto de ley para que se prohíba el uso del lenguaje inclusivo en el Estado y en todo el sistema educativo bonaerense.
La iniciativa de los diputados Guillermo Castello (Avanza Libertad) y Matías Ranzini (Juntos por el Cambio) se presentó en la Cámara de Diputados luego de que el Gobierno porteño anunciara la prohibición del lenguaje inclusivo en todos los niveles de las escuelas públicas y privadas.
Los legisladores pretenden, además, suprimir el uso de expresiones que incluyen la “e”, la “x” o el “@” también en documentos del Estado.
En los fundamentos de la propuesta explicaron que se pretende “evitar distorsiones o deformaciones lingüísticas que conspiren contra la adecuada comprensión de lo que se quiere comunicar, como así también evitar expresiones que resulten expresiones que resulten impronunciables verbalmente”.
Los diputados consideraron que la prohibición resulta necesaria “en el ámbito educativo, porque una deformación del lenguaje puede conspirar contra el correcto desarrollo de las habilidades de lectura y escritura”.
Aclaración Chiques:
A favor de que en su vida privada hablen en inclusivo, mandarín o sánscrito.
En contra de que el Estado IMPONGA un lenguaje NO OFICIAL por medio de sus organismos públicos y escuelas. pic.twitter.com/Gj0ZwdYBWM— Guillermo Castello (@grcastello) June 11, 2022
Castello está referenciado en el diputado nacional José Luis Espert, mientras que Ranzini milita en el Pro dentro del espacio de Cristian Ritondo.
Ambos consideraron que el uso del lenguaje inclusivo representa “una posición claramente minoritaria de la sociedad, que de ningún modo puede reconocerse como una evolución espontánea del lenguaje” y sostuvieron que “el lenguaje oficial debe facilitar la publicidad de los actos de gobierno.
Castello destacó que está “a favor de que en su vida privada hablen en inclusivo, mandarín o sánscrito”, pero subrayó que está “en contra de que el Estado imponga un lenguaje no oficial por medio de sus organismos públicos y escuelas”.
