Unas horas después de haberse convertido en presidente, en una entrevista radial le preguntaron a Milei si derogará la ley de alquileres. Con voz ronca, cascada por el cansancio, respondió que sí. “Absolutamente. Es algo que ha generado un daño enorme, sobre todo a los sectores más vulnerables, que no tienen forma de cubrirse. ¿Si es un contrato entre partes, para qué tiene que estar interfiriendo el Estado?”
El nuevo presidente de La Libertad Avanza, que asumirá el 10 de diciembre, fue lapidario acerca de lo que ocurrirá con la ley vigente, que fue criticada desde un principio por su espacio y por sus aliados de Juntos por el Cambio. Sin dudas, sus dichos arrojaron más nafta al fuego de la crisis ocupacional que sufre el país desde hace años. Hay poco, y lo que hay es caro, señalan desde los espacios que nuclean a los inquilinos.
La afirmación de Milei alborotó el avispero y muchos inquilinos instantáneamente comenzaron a preocuparse por el futuro de su vivienda, así como en contraparte, muchos locatarios comenzaron a analizar qué pasará. O renuevan sus contratos, a riesgo de hacerlo en un monto menor al que costará, según la especulación, en el futuro o cobran directamente en dólares. Ante este debate se genera la duda ¿Qué tanto sirvió la ley y cuánto se cumplió?
Al respecto, Noticias Urbanas dialogó con José Rozados, fundador y director de Reporte Inmobiliario, quién opinó que “es un anuncio que busca transparentar algo que pasa en la realidad, porque prácticamente nadie cumple con la ley”, a la vez que destacó que “no se ajusta a la realidad macroeconómica que estamos viviendo con respecto a la inflación y provoca que, justamente, el costo lo tenga que asumir prácticamente una sola de las partes, que es el propietario”.
En esa línea, destacó que “hay que reconocer que a partir de la promulgación de la ley y con la última modificación, el mercado inmobiliario en lo que tiene que ver con lo locativo fue para peor. No fue beneficioso para ninguna de las partes, es decir que tampoco para el inquilino”, y explicó que “para el que quiere buscar un alquiler, prácticamente no encuentra las condiciones, y si las encuentra, lo que hay es marginal, no está en condiciones adecuadas y está a precios que ya tienen un costo de cobertura anticipado. De entrada, se les cobra más”.
“El 100% de las viviendas que salen al alquiler son de privados que están dispersos, no es que pertenecen a corporaciones, que pueden ponerse precios acordados, con los cuales se los puede poner en una mesa y en cierta medida acordar con ellos. Si hay un millón de propiedades en alquiler, están en manos de 950,000 personas”, enfatizó el referente y consideró que “a partir de la ley de alquileres hay menos propiedades en alquiler y más caras”.
La manifestación sobre estos dichos no se hizo esperar. Desde Inquilinos Agrupados, referentes en la temática, se pronunciaron en contra en sus redes y expresaron que “la derogación de la ley de alquileres (ccycn) implica que NO haya marco regulatorio. No se derogan leyes y aparecen las anteriores. La derogación significa que no haya plazo mínimo, ni índice de actualización, ni nada. Eso es lo que están proponiendo desde LLA”.
Los inquilinos
“Estoy alquilando bajo la ley de alquileres vieja, pero como estoy en proceso de renovación, lo estamos haciendo con la nueva ley”, relata Agustina Prato y explica que “el principal problema de alquilar sin una ley que regule el mercado tiene que ver con una actualización constante de los precios, lo cual no permite que uno pueda organizarse en su vida, además de la poca oferta que existe en el mercado”.
En ese marco, detalló que “se conocen muchos casos de gente que quiere cobrar en dólares y está prohibido. En el caso de que se derogue la ley, va a quedar a libre decisión de los propietarios”. Además, destacó que en caso de tener que renovar, el principal problema será encontrar un lugar y en segundo, “que se quiera cobrar en pesos”.
Asimismo, concluyó que “actualmente la ley no se cumple, por lo que se podría derogar, porque el cumplimiento fue muy lateral o se dio en pocos casos”.
En el caso de Walter Mazzo, inquilino desde hace ocho años en el conurbano bonaerense, explicó que nunca había tenido problemas, pero con el anuncio de Milei la gente vio la posibilidad del negocio “a costa de los inquilinos”. “Por eso, de entrada me plantearon que pague en dólares y la segunda opción fue que me vaya hasta tanto no haya precio en el mercado para renovar”, lamenta.
“Terminé aceptando, porque para ir a otro lado debería sacar un préstamo”, reconoce y asegura que “en cuanto al pago en dólares, los dueños lo quieren en físico, no el equivalente en pesos y hay que comprar en blue, porque ahora no se puede de otra forma. Y es injusto, pero cuando asuma Milei y se derogue la ley, pueden hacer lo que quieran”.
En esa línea, advirtió que “aún sin derogar, los propietarios quieren vacías sus propiedades para especular”, y finalizó expresando que “no soy el único que está buscando. En zona sur no tienen nada para alquilar y no hay precios y de esto las inmobiliarias también son cómplices. Lo mejor que puede pasar es que Milei asuma de una vez para aclarar algo, que se pueda establecer el precio. El tema es que lo van a hacer en dólares y muchos vamos a tener que buscar adónde vivir”.
Milei, durante su campaña y aún luego haber sido elegido presidente, hizo anuncios que movilizaron y alteraron la frágil estabilidad económica, como en el caso de los alquileres. Se deberá esperar hasta el 10 de diciembre para ver qué leyes planea derogar, proceso en el que puede llegar a intervenir incluso el Poder Judicial. Cabe destacar que si bien la ley necesitaba una mayor intervención para ser ejecutada al pie de la letra, la desregulación no da garantías de que se revierta la crisis habitacional, sobre todo para los más vulnerables.