La Ley de Alquileres ha sido un tema que dividió las aguas en el Congreso de la Nación, ya que la norma actual no ha podido darle soluciones ni a los inquilinos ni a los propietarios. La llamada “Ley Lipovetzky” – impulsada por el exdiputado nacional Daniel Lipovetzky (JxC) – que entró en vigencia en el 2020 no logró los objetivos que tenía previsto.
Asimismo, el presidente Alberto Fernández había planteado la posibilidad de suspender la ley vigente (Ley 27.551) mediante un DNU, pero – finalmente – eso no sucedió. De hecho, en su momento, la Federación de Inquilinos Nacional había denunciado que si era modificaba por decreto “sería inconstitucional”.
En tanto, los problemas que han surgido desde que se sancionó la ley es que la oferta de los alquileres ha disminuido porque los propietarios expusieron que no los beneficiaba e incluso, hoy, existen alquileres que se ofrecen en dólares, algo inalcanzable para la población que no posee una vivienda propia.
La inestabilidad económica se hace presente en un derecho que hasta figura en la Constitución Nacional, pero las diferencias al interior de los bloques en el Congreso y el lobby inmobiliario perjudicaron principalmente a los inquilinos.
Ahora, el legislador nacional Mario Negri (JxC), junto a otros bloques de la oposición, convocaron a una sesión especial para el próximo miércoles a las 12 en la Cámara de Diputados con el “fin de considerar los proyectos y dictámenes con estado parlamentario referidos a Ley de Alquileres”.
Las negociaciones están a la orden del día entre las fuerzas políticas para poder llegar al quorum (129) y posibilitar el debate en el recinto. Existen diferentes posturas debido a que algunos bloques plantean la derogación y otros, quieren la modificación de la ley vigente. Ponerse de acuerdo será el desafío para concluir en una nueva normativa, aunque el Senado deberá hacer lo suyo, en el caso de que se sancione en la Cámara baja.
La respuesta de las agrupaciones de los inquilinos y los dirigentes sindicales
Cabe destacar que a raíz de conocerse la noticia de la sesión, la agrupación ‘Inquilinos Agrupados’ sacó un comunicado en sus redes sociales con el siguiente mensaje: “No a la modificación de la Ley de Alquileres”.
Allí, las organizaciones y los dirigentes sindicales expresaron la necesidad de sostener la actual ley, ya que “su modificación supondría un retroceso en materia de derechos y regulación, que afectaría a millones de trabajadores y trabajadoras”.
A su vez, advirtieron que flexibilizar la Ley de Alquileres “sería similar a que no existan paritarias en el ámbito laboral y que los empresario decidan de manera discrecional cuándo y cómo otorgar una recompensación salarial”.
Además, los representantes de los inquilinos plantean que la falta de oferta fue generada por un “golpe de mercado” por parte del sector inmobiliario porque no cumple con la ley que rige actualmente. En la misma línea, aseguran que la suba de los alquileres está vinculada a la especulación y no a la ley.
Por otro lado, las agrupaciones llamaron a movilizarse – a través de las redes sociales – al Congreso de la Nación el próximo miércoles a las 17 (día en que se tratará la nueva ley) “para frenar la flexibilización de los alquileres de vivienda en Argentina”. Y reclamaron: “Si vienen por nuestros derechos habrá resistencia. ¡La vivienda será un derecho!”.
Ley de Alquileres y dos dictámenes distintos
En mayo del 2022, los diputados nacionales emitieron dos dictámenes (uno de mayoría y uno de minoría) a distintos proyectos para impulsar una nueva Ley de Alquileres. Por el lado del oficialismo, el proyecto logró 40 firmas y el de JxC, que fue respaldado por el Frente de la Concordia y los interbloques Federal y Provincias Unidas, obtuvo 39 firmas.
Los principales puntos que plantea la iniciativa del FdT son: incentivar la construcción y adquisición de inmuebles que estén destinados a alquileres sociales a través del Estado (regulado por el Consejo Nacional de la vivienda), gravar las viviendas ociosas, es decir, la creación de un nuevo impuesto para aquellas que se encuentren vacías, por el desequilibrio que existe entre la poca oferta y la gran demanda habitacional y generar beneficios para aquellos trabajadores que estén dentro del Régimen del Monotributo.
Aunque coinciden en algunos artículos de la ley vigente como que los alquileres sean por tres años y que la actualización anual de los valores de los alquileres sea en base al índice de inflación (Indec) y la variación salarial, que publique el Ripte del Ministerio de Trabajo.
El otro proyecto que plantea la oposición tiene por objetivo volver a un contrato por dos años y que los aumentos se realicen mediante un acuerdo entre las partes. Serían de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS).
Pero el punto que más polémica genera es la actualización de los precios porque debería ser consensuada entre los inquilinos y los propietarios o inmobiliarias y allí se podrían incluir ajustes cada tres meses o cada un año.
La gran incógnita está en si la oposición avanzará en la derogación, como piden varios diputados, o en realizarle las modificaciones a la ley vigente. Las negociaciones se mantendrán hasta último momento para llegar al recinto con el mayor número posible. Hasta el momento serían: JxC (117), al Interbloque Federal (8), Provincias Unidas (4) y hasta intentarán sumar a La Libertad Avanza (3), por lo cual, todo indicaría que llegarían al menos al quórum.
