La Ley de Alquileres viene dando que hablar en los últimos años, ya que ni la vieja ni la nueva iniciativa termina de dar soluciones a ninguna de las partes (inquilinos y propietarios).
El gran cuestionamiento que se le hace al presidente Alberto Fernández es tomar la decisión sin el aval de los legisladores. Por su parte, la Federación de Inquilinos Nacional denunció que si se modifica la actual ley por decreto “sería inconstitucional”.
En tanto, la oposición, también, se sumó a las críticas por no consultarle al Congreso y recalcan la importancia de avanzar con los proyectos que ya tienen dictamen de comisión y están listos para ser tratados en el recinto de la Cámara de Diputados.
La normativa que prevé dejar sin efecto el oficialismo fue sancionada por el Poder Legislativo en el 2020. Primero, se votó en Diputados en noviembre de 2019 y, luego, en el Senado de la Nación, en junio del año posterior. Y comenzó a regir en julio del 2020.
La llamada “Ley Lipovetzky” fue impulsada por el exdiputado nacional, Daniel Lipovetzky (JxC), pero no prosperó, ya que recibió muchas críticas por parte de los sectores implicados.
La ley plantea un contrato mínimo por tres años y el aumento anual en relación al Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Asimismo, uno de los principales cuestionamientos hacia la nueva norma fue que posibilitó el aumento de las viviendas vacías en la Ciudad de Buenos Aires.
“En la Ciudad hay 1 millón 500 mil viviendas, de las cuales 304 mil están vacías”, había estimado el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz. También, informó que los alquileres se vienen dolarizando y que los que son temporarios aumentan porque ningún propietario quiere firmar por tres años, como dice la ley.
La oferta es la más baja de los últimos tiempos y las condiciones de las viviendas que se muestran están en malas condiciones por haber estado inhabitada durante meses o incluso años.
Los diferentes proyectos que hay en Diputados
El año pasado se pusieron en consideración varias iniciativas, en el plenario de las comisiones de Legislación General, presidida – en su momento- por la actual titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y la de Presupuesto y Hacienda, que está a cargo del diputado Carlos Heller (FdT).
Durante varias semanas, Diputados recibió a diferentes expositores, tanto del lado de los inquilinos, como del lado de los propietarios. Allí se vieron reflejadas las realidades de cada sector y, además, lo que se vive en cada provincia, en torno a los precios de los alquileres.
Luego del debate en las comisiones, en mayo del 2022, los diputados emitieron dos dictámenes (uno de mayoría y uno de minoría) a distintos proyectos para impulsar una nueva Ley de Alquileres.
El proyecto presentado por el oficialismo consiguió 40 firmas, en tanto, el de Juntos por el Cambio, que fue apoyado por el Frente de la Concordia y los interbloques Federal y Provincias Unidas, obtuvo 39 firmas.
Las diferencias entre los principales interbloques se ven plasmadas en la visión ideológica y política para llevar una nueva ley adelante.
Desde el oficialismo, apuntan a incentivar la construcción y adquisición de inmuebles, destinados a alquileres sociales, a través del Estado. Esto estaría regulado por el Consejo Nacional de la vivienda. Y, además, se incluye gravar las viviendas ociosas, es decir, crear un nuevo impuesto para aquellas que se encuentren vacías, por el desequilibrio que existe entre la poca oferta y la gran demanda habitacional.
A su vez, el proyecto explicita beneficios para aquellos trabajadores que estén dentro del Régimen del Monotributo.
Cabe destacar que el FdT coincide en algunos puntos con la ley actual y que los contratos sean por tres años y que la actualización anual de los valores de los alquileres esté basada en el índice de inflación, medido por el Indec y la variación salarial, que publique el Ripte del Ministerio de Trabajo.
En tanto, en la oposición quieren volver a un contrato por dos años y que los aumentos se realicen mediante un acuerdo entre las partes. Y tendrían que estar basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS).
Uno de los puntos más conflictivos es que la iniciativa plantea que la actualización de los precios debería ser consensuada y se podrían incluir ajustes cada tres meses o cada un año.
Por otra parte, ambos dictámenes han quedado en el olvido porque no se consiguen los acuerdos políticos para aprobar un nuevo proyecto de ley y hasta se maneja la posibilidad de presentar otros proyectos.
La falta de consensos políticos entre los bloques y las presiones que se ejercen desde los diferentes sectores hacen que no haya soluciones ni se avance en una solución en conjunto.
