El presidente Mauricio Macri tiene pensado implementar la extinción de dominio para los bienes provenientes de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Sin embargo, un debate legal se abrió en torno a la legalidad y constitucionalidad de este decreto oficial, dado a que la oposición puso el grito en el cielo en cuanto a que éste no cumplía con la ley y que, al menos, sea debatido en el Parlamento.
Líder de este área, Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, apoyó que sea debatido en el Congreso y revisado: “Ojalá el Congreso pueda mejorarlo y no ratificarlo como está”.
El funcionario -en diálogo con Luis Novaresio por radio La Red- explicó que se trata de dos debates en paralelo: “La semana pasada firmé el envío del DNU al Congreso y se abre un proceso de discusión en la Bicameral. Luego, si hay consenso se puede tratar en el Parlamento”.
A pesar de las críticas, Garavano consideró que se trata de “un instrumento necesario” en la lucha contra el delito y señaló que “hay miles de bienes que se deterioran, se pudren y cuestan plata todos los días”.