La Ley de Acceso Justo al Hábitat, conocida también como Ley de Tierras, se aprobó en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, luego de que con anterioridad la tratara y aprobara el bloque de Diputados.
La iniciativa que provino de sectores ultrakirchneristas cercanos a La Cámpora y el vicegobernador provincial Gabriel Mariotto, obliga a emprendimientos inmobiliarios -clubes de campo, barrios cerrados y cementerios privados- a ceder el 10 por ciento del valor total del terreno -o abonar una “compensación monetaria”- para la construcción de “viviendas sociales”.
Además, el proyecto establece una imposición de hasta el 33 por ciento para cualquier vivienda o terreno cuyos valores aumenten a raíz de obras o cambios de zonificación. También se prevé un aumento adicional del 50 por ciento del Impuesto Inmobiliario Urbano a Baldíos para financiar planes habitacionales.
Con relación a la iniciativa, el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, aseguró que se aplicará “una reglamentación muy estricta para evitar que se viole la propiedad privada. Al espíritu de crear tierras sociales se le tiene que sumar el de cuidar la propiedad privada y los derechos adquiridos”.
Por su lado, el diputado nacional Francisco De Narváez lamentó que “los legisladores que dicen defender la propiedad privada hayan votado afirmativamente” esta ley. “Me pregunto qué opinan, por ejemplo, los intendentes (Sergio) Massa (Tigre), Darío Giustozzi (Alte. Brown) o Humberto Zúccaro (Pilar) sobre la ley y los dichos de la diputada Sánchez (autora del proyecto) quien afirmó que `el Estado necesita herramientas para hacerse de tierras para sectores populares´”, sostuvo.