Los bloques de la oposición dialoguista se reunieron este jueves en la Cámara de Diputados para poner en común sus críticas y sugerencias al último borrador de la Ley Ómnibus 2. Buscan unificar visiones para ejercer mayor presión y lograr las últimas concesiones que allanarían definitivamente el camino para llegar a la media sanción.
Representantes de la UCR, el Pro, Hacemos Coalición Federal, Movimiento Popular Neuquino e Innovación Federal estuvieron reunidos durante varias horas durante la mañana y continuaron el trabajo por la tarde, tras un cuarto intermedio.
A pesar de que el proyecto de paquete fiscal ingresó al Congreso en el medio de la reunión, los bloques dialoguistas decidieron dejar el análisis de ese texto para la semana que viene y concentrarse en el nuevo proyecto.
Al igual que ocurrió durante el debate de la primera versión de la Ley Ómnibus, la potestad de eliminar los fondos fiduciarios no genera consensos. “No hay acuerdo con el artículo así como está redactado”, explicaron. Entre otros puntos, se objeta que su eliminación revierta los fondos al Tesoro Nacional en lugar de volver a la masa coparticipable (que se distribuye con las provincias).
Como los fondos se sacaron originalmente de la masa coparticipable, principalmente los gobernadores plantean que deben volver allí, en lugar de al Tesoro. La oposición buscará incluir un artículo específico que así lo determine.
Por otro lado, el Gobierno ya rechazó el listado que la semana pasada le había acercado con algunos de los fondos fiduciarios que quiere proteger. Desde la Casa Rosada argumentaron que van a mantener la finalidad por la que el fondo fue creado (por ejemplo, asistir económicamente a alguna actividad) pero que lo harán por vía del Presupuesto, ya que aseguran que están en desacuerdo fundamentalmente con la herramienta (los fondos).
La oposición dialoguista ya logró que se incluya en el borrador una serie de organismos públicos que no pueden ser disueltos o intervenidos, como los que pertenecen a la órbita del Poder Judicial, al Poder Legislativo, el Conicet y el INTA.
Ahora apuntan a extender ese listado de excepciones para que incluya también a la ANMAT, el Instituto Malbrán, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la CONAE, la CONEAU, el Incucai, el Servicio Meteorológico Nacional y el SENASA.
En cuanto a la privatizaciones, se logró cierto consenso, principalmente a instancias de Hacemos y la UCR, para que el Banco Nación y otras seis empresas de su órbita, como Nación Seguros, Nación Bursátil o Nación Retiros, vayan por separado en un artículo diferente. Esto permitirá que parte de la oposición pueda votar en contra sin que salga rechazado todo el artículo.
El oficialismo ya había accedido a separar en dos artículos las cuatro empresas que serían privatizadas en su totalidad (Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina S.A. -Enarsa-, Radio y Televisión Argentina e Intercargo), las que quedarían sujetas a privatización y concesión (AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Trenes Argentinos) y las que sólo podrán ser privatizadas parcialmente “debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria” (Nucleoeléctrica Argentina; el Banco Nación, Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursatil, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio).
Además, plantearán cambios en el proceso de privatización. Específicamente que el informe inicial de la SIGEN, previsto en la versión actual del proyecto, sea remitido a la comisión bicameral de seguimiento de las privatizaciones. “Si ese informe genera controversia por algún motivo, por ejemplo porque su patrimonio es muy valioso en relación al precio que pretende pagar el comprador, las Cámaras del Congreso tendrá un plazo de 45 días para poder frenar el proceso de venta”, detallaron.
Sobre el futuro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES no existe un consenso sólido. Las dudas giran en torno a qué hacer con las 80 mil sentencias firmes de juicios por ajustes jubilatorios y las deudas con las cajas previsionales provinciales. Actualmente el FGS tiene activos por USD 33 mil millones, de los cuales USD 26 mil millones son título públicos que pasarían al Tesoro (la deuda intra Estado dejaría de existir). El resto son acciones y obligaciones negociables que podrían ser liquidadas para afrontar los pasivos.
“El artículo 70 así como está, no va. Cualquier cosa que ellos consideran que van en contra de la competencia la pueden eliminar”, sintetizaron. Consideran que es demasiado amplio, incluso después de que la Casa Rosada cambiara la redacción. En su versión original decía: “Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a disponer la derogación o modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que importen un incremento de sus costos, limiten el ejercicio de la autonomía de la voluntad o provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente”.
Por otro lado, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones tiene varias objeciones. El “RIGI” implica beneficios impositivos y también excepciones en materia cambiaria para proyectos de inversión en áreas estratégicas. Las inversiones que se desarrollen dentro de este marco serán consideradas de “interés nacional” para garantizar su protección.
El Gobierno no quiere bajar el monto mínimo de USD 200 millones para poder ingresar. Sin embargo, la oposición buscará que los beneficios “sean más razonables”. Por ejemplo, el artículo 225 permite que los Vehículos de Proyecto Único (VPU) pueda “unilateralmente” modificar el plan de inversión. O el artículo 234 que habilita a los VPU a descontar de Ganancias lo que paguen por Impuesto al Cheque. Es decir, con un impuesto que recauda la Nación disminuir otro tributo que se coparticipa con las provincias.
Finalmente, los dialoguistas consideran que la eliminación de la moratoria previsional, que permite que se jubilen personas que no cuentan con los 30 años de aporte, debería venir acompañada de algún esquema alternativo. Así se evitarían situaciones como las de un trabajador con 27 años de aporte, que no puede acceder a una jubilación. Una opción podría ser un esquema proporcional que permita a un jubilado cobrar la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) más un complemento equivalente a los años que aportó al sistema.
En los próximos días los bloques dialoguistas terminarán de pulir los nuevos artículos y las correcciones que impulsan para hacérselas llegar al Poder Ejecutivo.
