El Gobierno avanzó con un megaproyecto de ley tan ambicioso, como inviable, que descolocó a la política y al círculo rojo. La imposición por ley del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que firmó días atrás el presidente Javier Milei; el “estado de sitio”, para controlar la protesta social; y los cambios en materia económica, pusieron en jaque el diálogo que la oposición y el establishment esperaban para negociar en el futuro inmediato.
Desde la oposición ven complicada la estrategia del Gobierno para avanzar con éxito en la aprobación total o parcial de las reformas del Estado que Milei presentó como primer punto del temario para las sesiones extraordinarias del Congreso. De hecho, su principal espada política en el Gabinete, el ministro de Interior, Guillermo Francos, con vínculo político histórico con gobernadores y dirigentes peronistas, había quedado “descolocado” con la acusación de coimeros que el Presidente tildó a los legisladores nacionales, ante la tardanza del tratamiento del DNU, debido a la extendida negociación para la integración de la comisión bicameral.
La foto de Francos con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pareció buscar algo más que la mera formalidad del ingreso de la Ley Ómnibus al Congreso. Algunos referentes de la oposición dejaron trascender un rumor que inundó el Palacio legislativo: la presunta renuncia del ministro del Interior 48 horas antes, ofuscado con la poca cintura de negociación que le dejaba la embestida ante los congresistas. Ese portazo se habría frenado luego de que el Gobierno desistiera de la amenaza de formalizar ante la Justicia la denuncia que el propio Milei había realizado en los medios de comunicación.
Sin embargo, fuentes del entorno del ministro desmintieron los roces y ratificaron su continuidad: “No tiene ningún conflicto con el presidente ni tiene intención de dejar el gobierno”.
El freno legislativo a Milei
Las negociaciones entre los bloques legislativos se intensificaron en las últimas 24 horas y el mega proyecto de ley afinó esos contactos. “Se está hablando con otros bloques. También se está analizando el proyecto de ley, que dentro de un articulado habla de aprobar el DNU. Es todo muy extraño, porque no es sólo superpoderes, sino un poder absoluto al Poder Ejecutivo. Y, por otro lado, la prohibición de reuniones de más de tres personas, que es muy extraño para una democracia.
El peronismo kirchnerista tiene decidido rechazar la Ley Ómnibus y el DNU. Pero también prepara reuniones con “otros sectores que van a ser afectados por esta política de Milei”. Esos diálogos se plasmarán la semana próxima, y tienen como objetivo sacar de las paredes del Congreso el debate, porque temen quedar entrampados en acusaciones anticasta y de peleas palaciegas, alejadas de la sociedad.
Es por eso que los gobernadores peronistas decidieron plegarse a la estrategia conjunta con legisladores y sindicalistas, estos últimos con una estrategia de conflictividad escalada. Detrás de ese armado, como asesor económico, legislativo y político, está el excandidato presidencial Sergio Massa, quien saldrá de su ostracismo recién a mediados de febrero.
En esa estrategia tripartita existen dos planos para que la “crisis de mal manejo de las relaciones políticas” comience a hacer mella en el Gobierno: la economía real, que se siente en el bolsillo de la gente, que “comenzó a perder la paciencia”; y la defensa de las instituciones, a través de un diálogo “que no existe en ningún plano”. Apenas dos meses y medio atrás, esas banderas pertenecían a integrantes de Juntos por el Cambio (JxC), quienes hoy dirimen entre la afinidad ideológica de las reformas y el rechazo a la falta de republicanismo.
Las preocupaciones del círculo rojo
Los integrantes del Pro, que hacen las veces de oficialismo en Diputados, tienen clara la decisión de avanzar de manera conjunta con el DNU y la Ley Ómnibus. Sucede que había cuestionamientos sobre la incorporación del artículo que ratifica el decreto presidencial, salteándose la Comisión Bicameral. El director del Instituto Consenso Federal y exdiputado, Alejandro “Topo” Rodríguez, alertó en la red social X: “Ojo al piojo. Mediante el proyecto de ley, el gobierno de @JMilei pretende aprobar el MegaDNU de Desregulación”.
OJO AL PIOJO
Mediante el proyecto de ley, el gobierno de @JMilei pretende aprobar el MegaDNU de Desregulación.
Artículo 654. pic.twitter.com/pLYsOftp5y
— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) December 27, 2023
La respuesta llegó de parte del abogado constitucionalista y exdiputado del Pro, Pablo Tonelli: “Las cámaras pueden ratificar el DNU con independencia de lo que dictamine la bicameral”, aclaró. Su argumento fue parcialmente ratificado por un opositor: “Detrás de esta estrategia está el Procurador del Tesoro Rodolfo Barra, quien llegó a casi lograr la re-reelección de Carlos Menem en 1999, gracias a su poder de lobby en la Justicia. Si se aprueba ese artículo, la discusión judicial por su legalidad va a ser papel mojado”.
Para las empresas, sin embargo, las cuestiones legales de fondo son importantes. Distintas cámaras sectoriales y territoriales evitaron ser contundentes en el respaldo, como sí había sucedido con el DNU.
Quien sí coincidió con “el planteo general de promoción de la iniciativa privada y limitación de la intervención estatal” fue el presidente de la CAC, Mario Grinman: “Es un proyecto muy ambicioso y extenso. En la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) coincidimos con el diagnóstico de que nuestro país requiere de cambios profundos. Es bienvenido, por ejemplo, que se avance con la desregulación de diversos aspectos de nuestra economía. También es interesante el ‘régimen de transparencia fiscal al consumidor’, para evidenciar al menos parte de la altísima carga impositiva que está incluida en el precio del producto final. Y vemos con satisfacción que se avance en la regularización de relaciones laborales”.
