El fin de semana tuvo infinidad de reuniones, cónclaves virtuales, llamados y mensajes de la dirigencia política para deliberar cuestiones en torno a la Ley Bases y Puntos de Partida Para la Libertad de los Argentinos. La ya famosa Ley Ómnibus. Cuando parecía que había un principio de acuerdo entre el Gobierno de Javier Milei y la oposición “dialoguista”, donde se engloban un centenar de legisladores que reportan a los bloques de la UCR, el Pro, Hacemos Coalición Federal e Innovación, la situación se trabó. La Casa Rosada apuntó contra los gobernadores, que tienen ascendencia en decenas de los diputados de esas bancadas, por diferencias en la discusión “en particular” del proyecto oficialista. Es decir, el debate fino de artículo por artículo.
Milei sostiene inflexible su posición con respecto a lograr el “déficit fiscal cero”. Los gobernadores dialoguistas acompañan la idea, pero no están de acuerdo con el camino hacia esa meta. Proponen un sendero que no afecte intereses provinciales.
El Jefe de Estado adoptó una estrategia agonal y decidió confrontar con los gobiernos subnacionales -y también con el Poder Legislativo-. Está convencido de que sin el “capítulo fiscal” de la Ley, logrará el equilibrio y la estabilización por vía de decretos, manteniendo el Presupuesto actual, mediante la licuación que producirá el enfriamiento de la demanda agregada.
De fondo emerge una pelea por caja, que encuentra a los gobernadores tironeando al Presidente para que no afecte (con su plan desregulador) la recaudación de las arcas locales. La estrategia de un gobierno nacional que apela al federalismo fiscal para construir poder y gobernabilidad es una práctica trillada en la historia política argentina. La aplicaron líderes peronistas como Carlos Menem o Néstor Kirchner, dos peronistas con el cursus honorum completo en la denominada casta.
Los gobernadores aceleran
Un grupo de 16 mandatarios provinciales estarán este lunes en la Ciudad de Buenos Aires. Tienen previsto hacer un encuentro esta tarde, sin lugar confirmado aún, para pedir una reunión con el Gobierno nacional. Se trata de referentes del interior del país entre los que hay integrantes de la UCR, el Pro, el peronismo no K y de otros espacios provinciales.
Exigen que la Casa Rosada unifique la interlocución y abra una mesa con los funcionarios de Milei que tienen incidencia en la discusión sobre la Ley Ómnibus, para conversar sobre detalles en particular del texto normativo que ya no incluye el apartado fiscal. Pretenden ser recibidos por Caputo, Nicolás Posse, jefe de Gabinete, o Guillermo Francos, ministro del Interior. En concreto, los jefes provinciales buscan un cónclave formal para darle institucionalidad a la negociación.
Al margen de la discusión mediática, los gobernadores evalúan que sin el paquete fiscal de la ley, que implica no tratar el proyecto de Ley para reinstaurar el Impuesto a las Ganancias, el Poder Ejecutivo no compensará la pérdida de recaudación de las provincias por no percibir ese tributo -que es coparticipable- y exigen alternativas para resarcir la situación.
Una de los focos de discusión por estas horas es en torno al Impuesto PAIS. En la bancada de Hacemos, liderada por el experimentado Miguel Ángel Pichetto, señalan que la vigencia de ese tributo está vencida y que el Gobierno necesitará el aval del Congreso para prorrogarlo. A cambio, proponen exigirle a Milei que coparticipe esos fondos. Es algo que el Jefe de Estado jamás concederá porque conoce que sería una decisión de no retorno.
La pelea detrás del Impuesto PAÍS
Los mandatarios con incidencia en ese bloque son Martín Llaryora, (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Nacho Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Hugo Passalacqua (Misiones). Esa nueva liga híbrida de peronistas no K, espacios provinciales y cercanos al Pro, hizo un encuentro por Zoom el sábado para delinear detalles de esa estrategia. La flamante incorporación a ese entente fue Osvaldo Jaldo (Tucumán), presente en esa reunión, quien armó el bloque Independencia en la Cámara Baja en un gesto de empatía con Milei y de distancia con Juan Manzur, ex gobernador y referente del peronismo tucumano. Raúl Jalil (Catamarca) también orbita ese espectro. Pichetto tuvo protagonismo en la cumbre del sábado y arengó a los líderes provinciales a que vengan hoy a Buenos Aires para reforzar las negociaciones con Balcarce 50.
Por otra parte, el sábado también se reunieron de forma remota los 10 gobernadores de lo que hasta hace poco tiempo se agrupaba dentro de Juntos por el Cambio: Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Torres, Jorge Macri (CABA), Frigerio, Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis) fueron de la partida. Según pudo saber este medio, Gustavo Valdés (Corrientes) no pudo participar. Frigerio y Torres trasladaron los puntos centrales del mitin con la otra liga de gobernadores. En varios puntos hay sintonía. Incentivados por Pichetto, los mandatarios de Entre Ríos y Chubut pusieron al tanto a sus colegas de JxC del encuentro convocado para esta tarde en Buenos Aires. Si bien aún no se conoce el lugar de encuentro, no se descarta que puedan confluir en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el barrio de Retiro.
Si se abre la ventana de discutir la coparticipación del Impuesto PAIS, la escalada entre la Casa Rosada y los gobernadores podría dinamitar la sesión en Diputados prevista para el martes. Aunque aún no se formalizó la convocatoria para ese día. Ese tributo fue creado en el alba de la presidencia de Alberto Fernández por la La Ley 27541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Se se sancionó el 23 de diciembre de 2019 y fue reglamentado el 27 de diciembre de ese año por el Decreto 99/2019.
En el Capítulo 6 del Título IV, la Ley instauró el Impuesto PAIS a la compra de billetes y divisas, para lo cual fijó una alícuota del impuesto es del 30%. Ese gravamen alcanza a la adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo del país, cambio de divisas efectuado por las entidades financieras por cuenta y orden de adquirente o prestatario residente en Argentina, y adquisición de servicios de transporte de pasajeros (por cualquier vía) con destino fuera del país.
Por el incremento del tipo de cambio y por la ampliación de la base imponible con el ingreso del pago a cuenta ejecutado para ciertas importaciones de bienes, el Impuesto PAIS fue el tributo que más creció en su recaudación en el ejercicio 2023. Con un salto de 335,5% respecto del 2022, generó $1,5 billones de ingresos a las arcas del Estado nacional. Junto con el IVA, Ganancias, impuesto al Cheque, Derechos de exportación, lidera el ranking de tributos nacionales que más fondos recaudan.
El punto de fricción es que el artículo 35 de la Ley establece que el Impuesto PAIS “regirá por cinco períodos fiscales a partir del día de entrada en vigencia de la ley”. En ese sentido, el artículo 180 del dictamen de mayoría sobre la Ley Ómnibus, firmado por los diputados el miércoles en el plenario de comisiones, se refiere al tema. “Se aclara que el Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAÍS) establecido por el artículo 35 de la Ley N° 27.541 se encuentra vigente hasta el 22 de diciembre de 2024, inclusive”. Esa redacción no sugiere una prórroga, aunque en la bancada pichettista sospechan que está “implícita”.
En el Gobierno, que siguen las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, aseguran que el Impuesto PAIS tiene vigencia hasta el 22 de diciembre de 2024. Un grupo de gobernadores y de diputados dialoguistas, en cambio, advierten que está “vencido” y que exige aval del Congreso. Se amparan en La Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que establece el ejercicio financiero del sector público nacional inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. Sin embargo, se trata de una obligación fiscal cuya vigencia fija la propia ley que creó el impuesto. Un debate jurídico que, de fondo, es una discusión política por caja.
— Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) January 29, 2024
Los peronistas Jaldo, Zamora y Jalil apoyarían
La escisión de tres diputados tucumanos del bloque de Unión por la Patria (UP) fue la primera victoria legislativa concreta del ministro del Interior Guillermo Francos al frente de la tarea de ensanchar la base de sustentación política del Gobierno. Se dio a través de los puentes que el funcionario nacional tejió con el gobernador Osvaldo Jaldo, al que responden los diputados que hoy forman parte de la bancada “Independencia”. Con mayor sutileza, los mandatarios de Catamarca -Raúl Jalil- y Santiago del Estero -Gerardo Zamora- también muestran signos de acercamiento con la Casa Rosada y podrían jugar a favor del cada vez más estrecho proyecto de “Ley de Bases” de Javier Milei en el Congreso.
Con dificultades para sumar los apoyos necesarios para aprobar los puntos nodales de la iniciativa, y tras semanas de fuertes negociaciones parlamentarias, ayer el ministro de Economía Luis Caputo anunció que se retirará el paquete fiscal del texto del proyecto. A pesar de que estos puntos eran los más resistidos por los gobernadores -suba de retenciones, cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria, la asignación específica de lo recaudado por el blanqueo (que dejaría de ser coparticipable), y la modificación de piso desde el que se tributa Bienes Personales (lo recaudado es repartido entre las provincias)-, el funcionario dejó en claro que el ajuste sigue siendo parte del objetivo principal del Gobierno.
Los gobernadores conocen bien la estrategia de toma y daca que ejerce el Poder Ejecutivo y se mueven con soltura para sortear las formalidades partidarias y ofrecer lo que tienen a mano: sus espadas legislativas. Con Francos como interlocutor natural, los mandatarios comenzaron a tender los puentes necesarios para proteger sus pagos chicos y, con eso, asegurar su supervivencia en el poder. “Los teléfonos empezaron a sonar”, escenificó un diputado kirchnerista que conoce a la perfección cómo el poder disciplina.
Uno de los primeros en mostrar sintonía con la Casa Rosada fue el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien poco después de asumir anunció una “reducción del 20% de la planta política del Ejecutivo provincial” y se convirtió en el primer mandatario peronista en realizar recortes a los cargos públicos.
“La gente votó un cambio de paradigma y nos tenemos que acomodar”, afirmó Jalil en diálogo con LN+ tras tomar esta decisión y se mostró predispuesto a acompañar medidas del gobierno nacional. “Estamos trabajando con los gobernadores y sería muy bueno que el presidente nos convoque. Todas las medidas económicas necesitan un sustento político y nosotros estamos dispuestos a dialogar”, expresó.
