Las aplicaciones de delivery llegaron al país hace unos seis años años y aún es difícil para el Estado crear un marco regulatorio que deje conformes a los trabajadores y a las empresas y, al mismo tiempo, que no se trabe en las distintas interpretaciones que tienen los sectores sobre los derechos laborales, como se vio en el tratamiento de la ley, tanto la oposición como el oficialismo.
Actualmente, la propuesta para crear un registro provincial que aglutine a los repartidores de todas las apps fue frenada en la Cámara de Diputados bonaerense. La misma, presentada por el senador del Frente de Todos y titular del gremio de Canillitas, Omar Plaini, ya fue aprobada en el Senado, pero sigue trabada en la cámara baja.
La ley expresa, entre varios puntos, que se deberán fijar las condiciones y requisitos de inscripción, identificar a las personas jurídicas, empleadoras, prestadoras titulares o plataformas intermediarias de esta actividad e individualizar a los trabajadores habilitados.
Además, el Estado podrá controlar las condiciones del servicio y el efectivo cumplimiento de las normas, derechos y obligaciones que conlleva la actividad y también determinar las condiciones y plazos para la inscripción, así como las sanciones y responsabilidades que deriven de su incumplimiento.
Al respecto, Omar Plaini, en diálogo con Noticias Urbanas, afirmó que, ante el freno, ambos bloques del oficialismo emitieron un comunicado de respaldo para que los legisladores voten en la misma sintonía que en la cámara alta y agregó que “esto tiene un largo trabajo de varios años, hubo un tratamiento de las comisiones y ahí mismo los legisladores de Juntos por el Cambio, lo que aquí escribieron con la mano allí lo borraron con el codo”.
“Jugó la presión y el lobby de las empresas”, señaló Plaini y adelantó que en las próximas semanas, “las comisiones van a convocar a trabajadores, empresas, empresarios y legisladores para avanzar con este tema, que es tan necesario para un colectivo inmenso, porque entre todas esas empresas reconocen tener a lo largo del país alrededor de 80.000 trabajadores”.
En esa línea, el senador subrayó que “estamos pidiendo acá que las empresas respeten los derechos que están consagrados en la Constitución Nacional, Provincial y en normas internacionales y que éstos se apliquen sobre los trabajadores”.
En tanto, las empresas argumentaron, según el senador, que las personas no son trabajadores, sino que prestan un servicio. También, acudieron algunos repartidores a la sesión y aseguraron que querían seguir en las condiciones que están. “Nosotros llamamos a varias organizaciones, algunas incipientes y otras ya constituidas, y todos apoyaban. No le queremos quitar el derecho a ningún trabajador de ser autónomo, pero hay un colectivo de hombres y mujeres que trabajan y necesitan derechos”.
En cuanto a la oposición, Plaini explicó que quiere “flexibilizar las normas laborales, una norma que no ha dado resultado en ninguna parte del mundo, porque donde hubo reformas laborales no se generó un solo empleo nuevo”.
“Aquí en la Argentina, entre el 2003 y el 2015 se generaron 5 millones de puestos de trabajo bajo el Gobierno de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández y fue con estas leyes laborales, por lo tanto eso es falaz, es mentira, no es como ellos dicen”, arremetió.
El senador detalló que la Constitución Nacional en los artículos 14 y 14 bis, es “muy clara en cuanto a los derechos que tiene el hombre y la mujer que trabaja”, y agregó que “el artículo 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires dice que el trabajo es un derecho y un deber social y en especial se establece que el trabajador tiene derecho una retribución justa, condiciones dignas de trabajo, al bienestar y a la jornada limitada”.
Una evidente muestra de la línea que los representantes de Juntos por el Cambio manejan sobre la ley, la dio la propia presidenta del partido, Patricia Bullrich, que escribió hace pocos días en sus redes personales que “nuestra posición es a favor del trabajo. Por eso es importante no poner trabas que desincentivan la generación de empleo y que los mismos trabajadores rechazan. Necesitamos más libertad y menos regulaciones. Conmigo, estos obstáculos se acaban”.
Por su parte, Emilse Icardi, secretaria de prensa del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA), en el marco del primer Congreso Internacional de Trabajadores por Plataformas realizado en Estado Unidos hace unos días, aseguró en los medios que “la primera conclusión es que nuestra situación es igual en todo el mundo”.
“Estas multinacionales de plataforma funcionan de la misma manera en cada rincón del mundo y esa manera es negar los derechos de los trabajadores por medio de la trampa”, detalló Icardi y aseguró que las empresas “aseguran que somos nuestros propios jefes, trabajadores independientes, pero la realidad es que en este tipo de trabajo no hay independencia, porque se depende totalmente de la aplicación”.
En ese contexto, especificó que la app no permite elegir nada, y además se hace en malas condiciones y “sin ningún derecho laboral”. Por último, la referente aseguró que las empresas “persiguen a quien se quiere organizar, porque temen a la organización de los trabajadores por sus derechos”.
Sin dudas, con más de 80 mil empleados la disputa por la regulación en este país y en muchas partes del mundo de la actividad de estas empresas aún no es un capítulo cerrado. En medio de un año electoral habrá movimientos en la Cámara de Senadores de la provincia.
Por el momento, sólo resta esperar a que la ley tenga un nuevo tratamiento en las comisiones. La confusión acerca de la naturaleza del trabajo de los repartidores, que no son trabajadores independientes, llevó por ahora al fracaso al trabajo de los senadores bonaerenses. Habrá una segunda vuelta.