La oleada antiderechos que se vive en la región latinoamericana y en Europa no cesa, pero tampoco encuentra adherentes. En Uruguay, este último fin de semana, hubo un ataque conservador a la Ley Trans, derogada en ese país en octubre del año pasado, para que personas con esa identidad puedan tener una calidad de vida que los aleje de estadísticas tan nefastas como contar una expectativa de vida de 35 años, la misma que una persona en la Edad Media.
La idea del grupo conservador uruguayo fue realizar un “prerreferundum” para “consultar” a la ciudadanía acerca de derogar la Ley Integral para las Personas Trans (N° 19.684). Propuesto por el conservador dirigente del Partido Nacional Carlos Iafigliola, el prerreferendum necesitaba alcanzar, al menos, el 25% de los votos de los tres millones de uruguayos. Sin embargo, apenas alcanzó el 8% y no habrá retrocesos de derechos sociales en el país oriental.
En noviembre del año pasado, Iafigliola y el diputado del PN Álvaro Dastugue (Esperanza Nacional), lanzaron la campaña para derogar la norma, bajo el lema “Todos somos iguales”. Iafigliola, que además es un católico practicante que en un momento de su vida pensó dedicarse al sacerdocio, fue a votar el referendum y se quejó por la “falta de adhesión” de su propio espacio partidario. La semana pasada, en una entrevista para El País, aseguró que “es una ley peligrosa. Vulnera a los más indefensos de la sociedad, que son los niños”.
La norma en Uruguay incluye de la posibilidad de hacer los cambios registrales según la identidad sexual y un cupo para que el 1 por ciento de los cargos de la administración estatal sean destinados a personas trans. También contempla un régimen reparatorio para quienes hayan sido víctimas de violencia institucional, la exigencia de que todas las instituciones educativas brinden apoyo para que las personas trans puedan seguir sus estudios y programas de vivienda y acceso a la salud integral.
En nuestro país, el 98% de las personas travestis, transexuales, y transgéneros no tiene un trabajo formal. Gracias a la lucha del movimiento LGBTIQ, existe la Ley 14.783, “Amancay Diana Sacayán”, de 2015, para la provincia de Buenos Aires, que al igual que Uruguay busca el cupo del 1% para personas trans en cargos públicos. Sin embargo, no está reglamentada y, por lo tanto, no se aplica.