El Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, pasó de tener una plantilla de 8.000 a empleados a reducirla a casi 2000. Se trataría de solo la primera parte de una reducción que apunta a terminar dejándola, a lo largo de los cuatro años de gestión, en “2.000 o 2.500 empleados”.
Ese primer recorte y los números que aspiran a concretar la convierten en la cartera que más redujo su planta hasta el momento, en línea con lo que buscan desde el Poder Ejecutivo, que encabeza Javier Milei.
“Ese es el norte”, dijeron fuentes oficiales por el número en el que aspiran a poder establecer para 2027. Adviertieron que las bajas también se irán manejando de acuerdo, entre otras cosas, a los costos de indemnización. Por lo pronto, para seguir con los recortes, la estrategia es no renovar contratos próximos a vencer así como no contratar nuevo personal por casos de renuncias o jubilaciones.
Más allá de los ajustes que se vienen haciendo, gran parte de la reducción de personal tiene que ver con la “desburocatización y avances tecnológicos” que vino registrando el área y que fueron resaltados por el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Por ejemplo, cuando se anunció la semana pasada la baja de tasas y los cambios en lo relativo a los sellos y documentación vinculada a los registros automotores. Determinaron que esas percepciones ahora serán responsabilidad de cada jurisdicción, por lo que el costo político de esos cobros caerá sobre los gobiernos locales y no sobre el nacional.
En sintonía con lo que sucede en otras carteras, en Justicia, hablan de la importancia de reasignar competencias a municipios y provincias, por lo que ahora, gran parte de los trámites o gestiones que se encargaba Nación, de ahora en más serán competencias de las distintas jurisdicciones.
“Se gastaba una fortunas en género sin control y había muchas cosas que eran competencias de las provincias o municipios”, defendieron las fuentes mielístas sobre uno de los mayores recortes, como lo fue el del personal absorbido tras la disolución del exministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Se trató de uno de los puntos que generó más polémica junto con el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi). En Justicia justificaraon los recortes en que las tareas estaban “en muchos casos duplicadas” y que los servicios no se interrumpieron.
En el listado de casi 60 organismos que el Gobierno aspira a cerrar en el mediano y largo plazo, Justicia también tiene varias dependencias que podrían quedar alcanzadas.
En las filas de Justicia enumeraron que solo el cierre del Inadi significó 400 puestos menos, mientras que las funciones del exministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, sumaron otras casi 700 bajas. En tanto que los inminentes Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que se vienen concretando por estos días es otro de los orígenes de las bajas, con alrededor de 125 puestos menos. “Era una idea loable, pero en la práctica no se concretaba”, aseguraron sobre esos centros.
Desde el Ministerio de Justicia apuntaron a que la reasignación de competencias jurisdiccionales y los cierres derivaron en una “reorganización” edilicia que en casos como el cierre del Inadi se tradujo en 44 inmuebles menos que se alquilaban. Lo mismo sostuvieron para el edificio de la excartera de Género, que se pondrá a la venta en 12,5 millones de dólares.
