La feria estival, habitualmente un tiempo de calma en lo que a servicio de justicia se refiere, ha dado en los últimos días una serie de fallos importantes en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Transitando su turno, la titular del juzgado Nº 4 en lo CAyT, Elena Liberatori, resolvió varios amparos que despertaron satisfacción en sectores de la oposición y preocupación en el PRO. Tras el dictado de medidas cautelares protegiendo integralmente los centenarios coches de madera de la Línea A, y ordenando la puesta en funciones de los talleres socioterapéuticos del Hospital Borda (ambas resoluciones que afectan decisiones del Ejecutivo porteño), la magistrada porteña dictó en el último día de su turno una resolución que limita el accionar de la Iglesia Católica en los hospitales públicos porteños.
La resolución de la jueza porteña se enmarca en un amparo impulsado por la legisladora de la Ciudad María Rachid, contra la intromisión de personal eclesiástico en la intimidad de los pacientes de hospitales públicos. La acción judicial se apoyó en el caso de una víctima de violación y trata que solicitó la realización de un aborto en el Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires y que tomó estado público, entre otras vías, por la comunicación del capellán de dicho nosocomio con un grupo antiabortista que realizó diversas medidas de presión para que el aborto respaldado por la legislación no se realizara.
Tras analizar los planteos realizados por la legisladora del bloque Frente para la Victoria, la magistrada encontró suficientes razones para dictar cautelarmente una orden de “prohibición expresa” de difusión de datos de pacientes de hospitales públicos para capellanes y monjas, además de disponer que la asistencia espiritual que los religiosos brinden “únicamente” sea efectuada a aquellos que lo requieran, por lo que “deberá dejarse la debida constancia administrativa” en el caso de desear acompañamiento religioso .
El amparo impulsado por Rachid no sólo busca la protección de la intimidad de los pacientes de los hospitales porteños y la libertad de culto, también solicita la declaración de inconstitucionalidad de la Ordenanza 38.397 vigente desde la última dictadura militar, que privilegia a la Iglesia Católica Apostólica Romana por sobre otras religiones a la hora de prestar funciones de acompañamiento espiritual en hospitales y hogares públicos. La legisladora solicita que, al declararse la inconstitucionalidad de dicha ordenanza, sacerdotes y religiosas dejen de ser considerados como empleados del Estado a los cuales no sólo se les debe pagar un salario sino también brindar alojamiento, aseo, alimentación e incluso, servicio de lavandería.
“La imposición de representantes de una religión en particular desde el poder estatal configura y delimita el imaginario social”, expresó la jueza en los fundamentos de su fallo.
Si bien la jurisprudencia de la jueza Elena Liberatorio mantiene una línea progresista y, frecuentemente crítica de decisiones políticas que generan colisiones entre derechos afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad, en las filas macristas encuentran en los últimos fallos de la magistrada porteña una intencionalidad política relacionada con el avance de negociaciones entre el PRO y la Iglesia para modificar el funcionamiento de la Secretaría ad hoc que concentra desde hace años todos los expedientes relacionados con las villas porteñas
“Primero fue el fallo que afecta la decisión de retirar los vagones de 100 años de antigüedad que ya no garantizaban la seguridad a los usuarios de la Línea A; después vino la resolución por los talleres del Borda que está vinculado con el proyecto de construcción de un Centro Cívico en el sur de la Ciudad. Ahora, una cautelar que golpea a la Iglesia. Estos fallos –que afectan al macrismo y a la Iglesia- llegan justo después de conocerse el acercamiento entre el PRO y los curas villeros para reestructurar la secretaría villera que, desde que (Roberto Andrés) Gallardo dejó su juzgado para asumir el rol de Defensor, está en manos de Liberatori. Demasiada casualidad”, sostuvo una fuente macrista.
