Mientras se dilata la cuestión por la toma de los predios de Villa Lugano, y se espera nuevamente la palabra de la Justicia a propósito de este conflicto que ya lleva más de una semana, avanza la construcción de casillas en la zona de Parque Indoamericano.
Este miércoles la jueza Elena Liberatori convocó a una audiencia en el fuero en lo contencioso administrativo, que viene impulsando un expediente por la construcción y la entrega de viviendas sociales para vecinos históricos del lugar.
Tienen cita no sólo a los actores originales (la Asesoría Tutelar y el gobierno porteño) sino también a los involucrados en la reciente toma: la Defensoría General, delegados de los ocupantes; la ministra de Desarrollo Social porteña, Carolina Stanley, y la titular de la Subsecretaría de Hábitat, Marina Klemensiewicz.
En una causa penal por la usurpación del terreno, perteneciente al Estado porteño, debe resolverse el segundo pedido de desalojo efectuado por el equipo de fiscales que investiga el delito. El primero había sido concedido el viernes último por el juez subrogante Gabriel Vega, apelado por los defensores oficiales, y suspendido por la Cámara de Apelaciones en lo Penal a raíz del planteo de la defensoría.
Anteayer, los fiscales porteños volvieron a solicitar el desalojo del predio de manera “urgente”, al explicar el veloz crecimiento de las construcciones precarias en el lugar y el ingreso de cables con electricidad que ponen en riesgo la vida de los ocupantes y los bienes muebles.
El pedido recayó ante la titular del juzgado que subrogaba Vega, la magistrada Gabriela López Iñíguez. Según voceros de la Secretaría de Hábitat e Inclusión de la Ciudad (Sechi), la jueza elevó a su vez el pedido a la Cámara de Apelaciones.
LOS QUE ESTÁN EN LA MIRA:
Están en la mira de la fiscalía Marcelo Chancalay -ex líder de la villa 20 que trabajó para UNEN en las últimas elecciones y dueño de una empresa constructora ligada a la Fundación Sueños Compartidos-, Manuel Ríos y la familia Giménez. A Ríos, algunas versiones lo vinculan con el narcotráfico.
Por todo esto, podrían quedar configurados los delitos de fraude al Estado, que recaería en un juzgado de instrucción, y de tráfico de drogas, de competencia federal.